Las leyes que vienen tienen mucho que arreglar y que aclarar
Mucho trabajo tienen por delante en el Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Sanidad. Por un lado está la Ley de Cohesión, que en una parte de su articulado busca arrinconar lo máximo posible la participación de la sanidad privada como válvula de escape para la pública. Más allá de cuestiones ideológicas donde habría mucho que discutir, lo preocupante de esto es que se abstrae de la realidad. Y la incongruencia ya está dentro del propio gobierno. El Ministerio del Interior decide usar la sanidad privada para poder dar un servicio de calidad a los presos que lo necesitan y la razón principal de ello es la escasez del servicio público. Si ya en el propio gobierno son consciente de la necesidad que tienen, ¿por qué siguen adelante intentado imponerlo a las comunidades autónomas, que además son las responsables de la gestión de la sanidad? Pues eso, no tiene lógica alguna.
El texto está ahora en su trámite parlamentario, donde necesita el apoyo de los socios de investidura para salir adelante. Habrá que ver qué hacen los partidos catalanes, ya que esta comunidad autónoma es la que más uso hace de los conciertos para mantener el servicio al que tienen derecho los ciudadanos. No en vano, en este territorio hay más hospitales y camas privadas que públicas.
El otro reto que tiene por delante el departamento de Carolina Darias es la ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. El objetivo es adecuar el texto a la realidad actual, donde la pandemia ha hecho saltar por los aires muchas de las rutinas que existían. Una de las prioridades es ser más o menos independientes en la fabricación de productos sanitarios esenciales, incluidos los fármacos. Para ello, el precio de lo que se vaya a producir en España debe subir o, en el peor de los casos, no erosionarse anualmente como ocurre en la actualidad. También se debe velar por la innovación incremental, esos medicamentos mejorados donde la industria española tiene gran parte del negocio.
Al tiempo, hay que mejorar el acceso de los nuevos medicamentos. Ambas iniciativas tienen el riesgo de elevar el gasto sanitario global, por lo que también se espera que haya medidas que fomenten el uso del genérico y del biosimilar. España tiene deberes en esto, ya que el mercado de este tipo de fármacos lleva años estancado.
Muchos deberes, por tanto, habrá que ver si el atasco legislativo que existe en el Congreso de los Diputados permite la tramitación de ambas leyes. Y también habrá que ver si la campaña de mayo, donde Darias será candidata a la alcaldía de Las Palmas, no distrae a la ministra de este trabajo.