Interior usa la privada en las prisiones mientras Sanidad busca restringirla

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el corazón partido por la mitad acerca de los contratos con la sanidad privada. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, acepta que los centros penitenciarios realicen contratos con la privada para cubrir la atención primaria de sus presos debido la falta de profesionales sanitarios mientras que el Ministerio de Sanidad, presidido por Carolina Darias, busca su restricción con la nueva Ley de Calidad, donde solo les deja espacio para “casos excepcionales”.

En junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Calidad y Cohesión donde se elimina la posibilidad de concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas, salvo “casos excepcionales” y se prioriza la sanidad pública. Sin embargo, los centros penitenciarios, debido a la falta de recursos y el incumplimiento de la ley por parte de las Comunidades Autónomas, están realizando contratos temporales con la privada de seis meses de alrededor de 18.000 euros. “La prisión lo reembolsa y se lo da a la secretaría. Al final son fondos del Ministerio de una manera u otra”, afirma el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón Basanta.

Las prisiones que tienen contratos con la sanidad privada son las de Burgos, Soria, La Lama (Pontevedra), Cuenca, Huelva, Cáceres y Villena (Alicante). Se trata de contratos temporales con horas de trabajo muy diversas. Por ejemplo, en Cuenca, el sanitario trabaja dos horas los lunes, miércoles y viernes y una hora los fines de semana, mientras que en Huelva, solo los sábados. Por otro lado, Cáceres cuenta con dos conciertos privados: uno para días de diario alternos y otro, fines de semana en horarios reducidos; tal y como indica la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a este medio. Además, “a veces el contrato existe, pero está sin cubrir como en Cuenca”, añade el responsable de la CESM, Pedro Antonio Martínez.

“La falta de médicos es dramática”, asevera el presidente de la SESP. Según el directivo, hay muy poca gente joven y mucha con más de 60 años “que se está jubilando”. A este hecho hay que añadirle que el salario de los sanitarios penitenciarios “es poco atractivo”. “La diferencia con el salario de fuera es de más de 1.000 euros. Si estuviéramos fuera de Instituciones Penitenciarias, en las comunidades autónomas se cobraría un 40 o 50% más de lo que se cobra aquí”, explica Pedro Antonio Martínez. “Se han convocado 80 plazas este año y se han presentado alrededor de 25 solicitudes”, recalca Antón Basanta.

Falta de personal

Las prisiones se encuentran al 40% de los efectivos. Según las fuentes, esto se debe principalmente a que no se está cumpliendo la ley. La normativa de Calidad y Cohesión de 2003 ordena que los servicios de sanidad penitenciaria se integren en el Sistema Nacional de Salud, lo que implica transferir a las autonomías las competencias sobre la atención primaria de los presos. Van camino de cumplirse 20 años y solo Navarra (2021), Cataluña (2020) y el País vasco (2011) han asumido las competencias. El resto de las prisiones del país siguen perteneciendo en todos los niveles, incluida la asistencia sanitaria, al Ministerio del Interior. “El Ministerio no debería ser el encargado de las prisiones ya que tiene unos objetivos legítimos, como la custodia o la reeducación, pero no el de la sanidad”, recalca el presidente de la SESP.

Ante la situación que viven, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se pusieron en contacto con el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a través de una serie de cartas, a las cuales elEconomista.es ha tenido acceso, para buscar una solución al problema. En ellas, la CESM reitera al secretario su preocupación en relación a la contratación de profesionales autónomos o empresas de servicios médicos privados en numerosos centros penitenciarios y ocupados por personal que no ostenta la categoría de funcionario. También piden aumentar el número de médicos. “Este modelo que recoge el reglamento penitenciario a día de hoy ya no existe y para poder garantizar una atención sanitaria en condiciones de equidad e igualdad con el resto de la población es necesario aumentar el número de profesionales cualificados, mejorando las retribuciones hasta la integración en los servicios de las CCAA”, explica la confederación en un comunicado. Además, indicaban que la única solución para poder hablar de sanidad penitenciaria era cumplir la ley y homologar las retribuciones con las autonomías.

Entre las respuestas del secretario general de Instituciones Penitenciarias uno de los puntos que menciona es que el artículo 212.2 del Real decreto de 1996 establece que la vinculación a Instituciones Penitenciarias del personal sanitario ajeno se podrá hacer tanto a través de convenios con otras administraciones públicas como a través de conciertos con entidades privadas o contratos de prestación de servicios, trabajos específicos y concretos no habituales a cualquier otra modalidad de contratación administrativa. Puede verse que su respuesta es contraria a lo que el Ministerio de Sanidad quiere hacer. Por otro lado, “los presos tienen muchas necesidades sanitarias”, afirma el presidente. Según el profesional sanitario entre el 30% y 40% de los presos de un módulo demandan atención sanitaria a diario. Además, la mayoría de consultas son de salud mental, aunque también hay casos de diabetes, hipertensión, cardiopatías o enfermedades infecciosas como la hepatitis B, C o el VIH; entre otras. Por otra parte, “el mismo sanitario es el que atiende a alguien por su problema de salud mental, de drogadicción, por coronavirus si lo tuviera y por su infección por hepatitis C”, denuncia Pedro Antonio Martínez. De igual importancia, debido a la falta de facultativos “hay muchos centros en los que ya no se pasan consultas de atención primaria y solo hay de urgencias”, indica el responsable de la CESM. “Ahora mismo es un sistema en descomposición y puede acabar desapareciendo. Esto es grave”, añade.

El único desenlace que ven los sanitarios penitenciarios para acabar con la situación que llevan acarreando desde hace casi 19 años es “cumplir la ley”, es decir, transferir a cada comunidad la competencia de sanidad y dotarla económicamente. También ven necesario equiparar el sueldo de los trabajadores penitenciarios a los de los sanitarios de las comunidades “para que se presente más gente a las oposiciones”, recalca el responsable de la CESM. Sin embargo, “no se solucionaría a corto plazo porque hay mucha demanda de médicos, pero al menos estaremos luchando”, indica el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.