Cada euro invertido en investigación genera 1,6 euros de valor añadido

La innovación y la investigación en el mundo de la salud desempeñan una función crucial para continuar ampliando y mejorando la gama de tratamientos existentes para los pacientes, pero tienen una dimensión puramente económica que pone de manifiesto un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) con el apoyo de la Fundación Farmaindustria. El trabajo analiza la evolución del peso del sector sanitario en la economía, su capacidad de general valor añadido, su impacto en el empleo y la cuantificación de las externalidades positivas del sector y toda su cadena de valor. Según este trabajo, por cada euro invertido en investigación sanitaria, la economía genera 1,6 euros de valor añadido. la inversión en investigación sanitaria genera efectos tractores que van más allá de las ramas productivas más ligadas con la sanidad, impulsando la actividad de servicios especializados, comerciales e industriales, entre otros.

Los autores del estudio indican que el análisis de sostenibilidad de la deuda pública española apunta que la variable más determinante en su trayectoria es el crecimiento económico. Por ese motivo, ellos se inclinan por adoptar medidas que impulsen una elevación del crecimiento.

El objetivo es moderar o incluso compensar la tendencia decreciente ligada al envejecimiento. Una vía que consideran “prometedora” para lograrlo es invertir más en sanidad. Es el supuesto del cual parten para construir un escenario “alternativo” (mejor) a la situación actual. En línea con sus recomendaciones, esa inversión se plasmaría en un Plan de Inversión en Sanidad 2021-2025 que elevaría de manera estable, en dos puntos, los recursos destinados a la asistencia sanitaria en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). El plan consistiría en una inversión en capital humano (mejorando la calidad y cantidad del trabajo, que tendría un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB), a través de tres mecanismos: la fuerza laboral podría ampliarse con programas de prevención y con la inversión necesaria para investigar nuevos tratamientos; una mejora del estado de salud de los trabajadores, que aumenta su productividad. Por último, el tercer mecanismo consistiría en una mejora del estado de salud que permitiría alargar la vida laboral de un elevado número de trabajadores.

La hipótesis es que, combinando el efecto de esos tres canales, el plan de inversión en salud podría traducirse en una elevación del PIB en 427.000 millones de euros entre 2025 y 2040, sumando los incrementos de cada año. La tasa de crecimiento media del PIB aumentaría en 0,25 puntos porcentuales en ese periodo. De hacerse realidad, en el año 2040 el PIB podría ser un 4% más alto en virtud de los efectos que causarían esos tres mecanismos de forma conjunta.

El informe incluye propuestas concretas para la inversión y la reforma. En su elaboración parten de la observación de que el gasto en 2020 aumentó de forma sustancial para hacer frente a la pandemia, un aumento que se ha extendido al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 “y será una de las políticas palanca señaladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta 2023”.

No obstante, advierten que para mejorar de manera sostenida la calidad de los servicios de salud y sus efectos en la economía, el aumento de recursos destinados a sanidad “debe tener la suficiente continuidad en el tiempo”, una vez se hayan cumplido los periodos de recursos extraordinarios.

Sugieren además que los recursos vayan acompañados de reformas para permitir mejoras en la eficiencia y la coordinación en el Sistema Nacional de Salud, que traten de potenciar las capacidades públicas y privadas de generación de conocimiento y actividad industrial relacionada con la salud. las primeras propuestas se centran en el refuerzo de los servicios de Atención Primaria “como piedra angular de los sistemas de salud eficientes, equitativos y orientados a las personas”.

Por otra parte, recomiendan inversión en instrumentos de alta tecnología en los hospitales del Sistema Nacional de Salud como instrumento esencial de la actividad asistencial. Recuerdan que la inversión en este tipo de tecnología en 2018 fue de 320 millones de euros, lo que representa el 0,5% del gasto sanitario total. De esta inversión, 152 millones se destinaron a la adquisición de nuevos equipos, y 168 al mantenimiento de esos sistemas. “En términos de dotación por cada millón de habitantes, España todavía se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE. Mientras que ese promedio es de 19,3 equipos de TAC por cada millón de habitantes, en España hay 16,8 solamente. Algo similar a lo que ocurre con los equipos de resonancia magnética, que son 11,4 en España frente a 12,5 (media OCDE); equipos PET (1,7 frente a 2,1) y los de radiación (4,9 frente a 6,6).

También se aborda la cuestión de las debilidades del sistema sanitario español en el campo de la salud pública. Los autores recogen propuestas del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, además de las de expertos firmantes de un artículo sobre este tema en la revista científica The Lancet, partiendo de una evaluación técnica independiente de la situación para después poner en marcha medidas que podrían contribuir a mejorar la salud pública: la creación de un centro estatal dotado de los medios necesarios para identificar, evaluar y adoptar las medidas necesarias ante amenazas y riesgos derivados de enfermedades o epidemias; el refuerzo de la red de vigilancia en salud pública para contar con planes de emergencia que permitan hacer frente de forma rápida y eficaz las crisis sanitarias; reforzar la cooperación y coordinación entre el gobierno central y las autonomías -que ha demostrado dificultades durante la pandemia, incluso a la hora de intercambiar información, señalan-.

Además, proponen contar con una red nacional de depósito de reserva de material sanitario estratégico ante posibles emergencias sanitarias, “dirigido por el Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas” y reforzar la presencia de las instituciones de salud pública en organizaciones internacionales, entre otras medidas.