Ni listas de espera ni vacunación: la sanidad privada sigue ignorada

Nadie se quieren apoyar en la sanidad privada para salir de la mejor manera posible de la pandemia. Ante el ofrecimiento de aliviar las listas de espera, el silencio es la respuesta y ahora solo cinco comunidades piensan vacunar a los profesionales de estos centros dentro del grupo de prioritarios

La sanidad privada apenas ha contado en esta pandemia y no ha sido precisamente por los ofrecimientos que han hecho una y otra vez. A pesar de ser considerados como un servicio esencial, durante la primera ola apenas se le dio uso -con la excepción de algunas comunidades- y durante la segunda ola, menos cruenta, pero también importante, su papel tampoco ha sido relevante. Ahora que comienza la tercera ola y la campaña de vacunación, las administraciones siguen olvidándose de un sector con capacidad de liberar tensiones del sistema público y de dar respuesta sanitaria a muchos problemas de salud. En enero, la insistencia de la sanidad privada será en dos ámbitos y para los que de momento solo han recibido silencio.

Por un lado, se encuentra la saturación del sistema sanitario, con unas listas de espera que no hacen más que crecer. En relación con los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad (Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud -SISLE) que muestran un incremento en las listas de espera -quirúrgicas y consultas externas- y atendiendo al exceso de mortalidad registrada por el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) hace un llamamiento a los gobiernos central y autonómicos para que tomen medidas de forma urgente de cara a reducir estas cifras y minimizar el impacto negativo en la población.

“Las listas de espera son un problema general del Sistema Nacional de Salud. Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad (junio 2020) mostraban que 691.508 pacientes se encontraban en lista de espera quirúrgica, lo que representa un aumento del 2,98% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se observa cómo aumenta el tiempo medio de espera quirúrgica a 170 días y a 115 en el caso de consulta con especialistas”, explican desde la Fundación. El objetivo no es otro que mostrar con cifras la necesidad de reducir estos retrasos y donde muchos centros hospitalarios privados podrían ayudar si se conceden derivaciones.

Por otro lado, el mencionado informe Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) cifra el exceso de fallecimientos no esperados por todas las causas en 68.297 desde marzo de este año, atribuibles a Covid-19 y probablemente a otras patologías cuyo abordaje ha sido de alguna forma condicionado por la propia pandemia. “Con todos estos datos, desde la Fundación IDIS se considera clave trabajar por reducir las cifras y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones quirúrgicas utilizando todos los recursos disponibles que ofrece el sistema independientemente de su titularidad”, dicen.

Para ello, argumentan, es fundamental desarrollar estrategias en este sentido y trabajar conjuntamente con todos los agentes del sector: administraciones, pacientes y sus asociaciones, profesionales, sociedades científicas, empresas e instituciones, en la construcción de un modelo sanitario y sociosanitario viable y sostenible. “La Fundación IDIS ya hizo recientemente esta llamada a la acción con la presentación del Manifiesto por una mejor Sanidad, donde la entidad instaba a las administraciones a no retrasar la puesta en marcha de medidas que permitan la adaptación del sistema sanitario y sociosanitario a los retos que afronta en el presente y que ha de resolver en el futuro de cara a disponer de unos servicios sanitarios y sociosanitarios de calidad adecuados a la demanda y a resolver las necesidades planteadas por la sociedad en cada momento”, explican.

El olvido hacia la sanidad privada se hace extensible en la campaña de vacunación contra el Covid. Hasta la fecha, solo cinco comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía y La Rioja) tienen previsto vacunar de Covid-19 dentro de los grupos prioritarios al personal de la sanidad privada. Esta discriminación en comparación con los compañeros de la pública ha sido denunciada por ASPE. La patronal considera preocupante que solo estos territorios hayan solicitado datos de los profesionales de la sanidad privada, con la intención de incluirlos dentro de los grupos preferentes de riesgo establecidos en la propia Estrategia de Vacunación COVID-19 del Ministerio de Sanidad. “El personal sanitario y sociosanitario está considerado prioritario en dicho documento, sin especificar en ningún momento su procedencia o que quedan excluidos explícitamente los profesionales de la sanidad privada”, explican desde ASPE.

La sanidad privada atiende habitualmente a más de 12 millones de españoles, uno de cada cuatro ciudadanos que acuden de forma regular a centros distribuidos por todo el país para cuidar su salud. “Con la adopción de este criterio estaríamos poniendo en juego a su vez la salud de los pacientes”, insiste el presidente de la patronal, Carlos Rus.

Esta discriminación entre profesionales sanitarios de la pública y la privada sería igualmente contraria al reciente pronunciamiento del Comité de Bioética, adscrito al Ministerio de Sanidad. El organismo alude al cumplimiento del imperativo deontológico Primum non nocere (primero no hacer daño) para considerar que todos los facultativos y resto de personal sanitario deberían estar obligados a vacunarse, ya que de otra forma estarían poniendo en riesgo a los pacientes que vayan a tratar.

Por otro lado, ASPE ha tendido la mano a las autoridades con el fin de establecer una colaboración efectiva que pueda contribuir a acelerar la vacunación en España, al igual que ya participa en otras campañas como la de la gripe. En esta línea, se han enviado misivas especificando la puesta a disposición de medios tanto al Ministerio como a los consejeros de Madrid, Canarias, Valencia, Extremadura, Cantabria, Castilla- La Mancha, Asturias y Aragón.