¿Conseguiremos la Inmunidad
de Grupo frente al Covid-19
en un tiempo razonable?
Una vez aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) algunas de las vacunas contra el Covid-19, las autoridades sanitarias europeas han comenzado los planes de vacunación de sus ciudadanos. La vacunación está llamada a ser la principal estrategia preventiva frente a la pandemia, pero se verá limitada por al menos tres elementos. En primer lugar, por la capacidad de producción de la industria; en segundo lugar, por la complicada logística necesaria para su distribución y administración. Estos dos elementos están obligando a planificar la priorización de unos colectivos frente a otros por su vulnerabilidad o por el carácter esencial de su función, tales como el personal sanitario o los cuidadores de las residencias.
Pero existe también un tercer elemento que es el compromiso de los ciudadanos en su vacunación. Con la inmunización de como mínimo un 70% de la población, aunque algunos plantean que se tiene que lograr el 90%, ya sea por haber pasado la dolencia o por haber sido vacunada, los expertos estiman que habremos conseguido la llamada inmunidad colectiva o de grupo. Un escenario que nos permitirá salir de este agujero negro en el que como sociedad nos hemos visto arrastrados por el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 y que nos ha provocado una crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial sin precedentes en la historia moderna.
La pregunta que encabeza este artículo no es baladí, pues según una encuesta del CIS publicada el 5 de diciembre, solamente un 32’5% de los españoles están dispuestos a vacunarse inmediatamente, un 55’2% prefieren esperar y un 8’4% no se vacunarán en ningún caso. Con una marcada tendencia a la baja de los primeros que en el mes de septiembre eran un 44’3%, en octubre un 40’2% y en noviembre un 36’8%. Según la encuesta; ni que el médico recomendara la vacunación, en atención a las circunstancias personales de los encuestados, estado clínico o riesgo de infectar a un familiar, el porcentaje de dispuestos a vacunarse inmediatamente sube significativamente (solo hasta un 37’9%).
Algunas encuestas colocan a España como el segundo país europeo con menos predisposición para vacunarse de inmediato: 6 de cada 10 españoles preferiría esperar un año a vacunarse del Covid-19 y paradójicamente somos el país que presenta el índice más bajo de rechazo a las vacunas.
En nuestro país la vacunación es voluntaria y este principio, así como el de gratuidad, ha sido recogido en el Plan de vacunación contra el Covid-19 del Gobierno de España, que se ha fijado como objetivo lograr el nivel de inmunización de grupo -el 70% de población inmunizada- en un tiempo razonable de seis meses, es decir que el verano de 2021 hayamos logrado colectivamente este hito. Abro un paréntesis aquí para señalar que a principios de enero las ratios de vacunación en nuestro país están siendo más bajas de las previstas, pero no corresponde hablar en este artículo de las causas de esta demora ni por qué en otros países, Israel, por ejemplo, al escribir estas líneas ya hay más de un millón y medio de vacunados, más de un 10% de la población y en España la cifra es sólo de unos pocos miles. Si no se agilizan las vacunaciones es imposible llegar al mes de julio de 2021 con un 70% de la población vacunada.
Retomando el hilo, la duda que me asalta es si llegaremos con la deseable celeridad a dejar de sufrir esta peste del Siglo XXI con estas cifras de vacuno-escépticos que no dicen que no se vacunarán, pero prefieren verlas venir, una actitud ésta muy propia de nuestra idiosincrasia latina agravada por el individualismo imperante a la sociedad que se resume en el siguiente dicho: “todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío”.
Todos deseamos volver a la normalidad el verano del 2021 para irnos de vacaciones sin mascarillas, geles hidroalcohólicos y distanciamiento social, con libertad de circulación, para así poder quedar con los amigos y familiares que forman parte otras burbujas con las que ahora, por precaución, no podemos establecer contacto físico. Una normalidad buscada sobre todo para que la economía vuelva a funcionar, se acaben los ERTE’s, los cierres de empresas y las limitaciones a la movilidad geográfica y de las actividades deportivas, de ocio, culturales, gastronómicas, etc.
Pero todo esto no será posible si no hemos conseguido colectivamente controlar los efectos del virus que se han demostrado devastadores para la salud, la vida y la economía. Este objetivo solo será alcanzable con la vacunación masiva de la población y es ingenuo pensar con los resultados de las encuestas en la mano que sin imponer la obligatoriedad de la vacunación se podrá lograr en un tiempo razonable.
La vacunación obligatoria está suficientemente amparada en nuestro ordenamiento jurídico y por supuesto justificada éticamente por la excepcionalidad de la situación que vivimos. Toda la normativa sanitaria sectorial, orgánica y ordinaria, proporciona a las autoridades sanitarias facultades para adoptar las medidas que considere más idóneas para combatir la pandemia, entre ellas la vacunación que, sin duda, es la estrategia más beneficiosa que hay en salud pública y la intervención más efectiva desde una perspectiva individual y social. Podemos decir que es una de las intervenciones más solidarias.
Seguramente la mayor parte de los ciudadanos expuestos al Covid-19 no sacará ningún beneficio personal directo y se verán sometidos a una serie de molestias: dedicar un tiempo, el pinchado, posibles efectos menores como los que pueden provocar todas las vacunas -dolor en el lugar de la punción, febrícula, malestar general-, pero todos juntos sacaremos un beneficio colectivo inconmensurable. La sociedad tendría que aceptar la vacunación obligatoria, esta vez sí, por el Bien Común -un concepto recurrente en los discursos políticos- lo que nos permitirá recuperar con mayor celeridad la normalidad, si esto es posible. La solidaridad no se manifiesta solo participando en maratones televisivas o saliendo a aplaudir a los balcones; sino mediante la responsabilidad individual hacia la comunidad y la confianza en los científicos y los expertos en salud pública.