Continuidad asistencial e interoperabilidad: claves para la equidad y la cohesión
Nuestro sistema sanitario ya mostraba claros síntomas de fragilidad antes de la crisis del SARS-CoV-2 (Covid-19) que por diferentes cuestiones no se han abordado y que han contribuido a empeorar los efectos de la pandemia, como dificultades de coordinación, aumento de listas de espera y de exceso de mortalidad por todas las causas, inequidad entre comunidades autónomas, problemas de cohesión y financiación o carencias en la cooperación estratégica con el sector privado, entre otras. Por ello, es necesario acometer reformas cuanto antes si queremos seguir conservando un Sistema Nacional de Salud óptimo que afiance el presente y nos garantice el futuro.
Ante la situación de presión financiera y asistencial que sufre el sistema público de salud es muy importante consolidar e impulsar un modelo que ponga el acento y asiente su desempeño en la denominada continuidad asistencial centrada en los pacientes con la participación de los profesionales, un modelo en el que se prioricen los problemas urgentes y se aborden de forma decidida los importantes.
La continuidad asistencial subraya la importancia de una adecuada coordinación asistencial de todos los servicios relacionados con la atención y asistencia sanitaria, con independencia del lugar donde se reciban, procurando un establecimiento máximo de sinergias y complementariedades en pos de un objetivo común que no es otro que el de alcanzar los mejores resultados sanitarios y de salud.
Pero para que esto sea una realidad es indispensable fomentar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de tal forma que el paciente, que es el dueño de sus propios datos de salud pueda disponer de ellos y transitar libremente entre el sistema público y el privado evitando duplicidades, redundancias e inconvenientes que eviten no pocas ineficiencias, plétoras en el acceso e inequidades, puesto que, no hay nada más ineficiente que estar dispuesto a gastar dos veces por lo mismo.
La Fundación IDIS considera que el sistema sanitario tiene que estar abierto a planes y reformas basadas en el consenso y el diálogo, y es por ello que venimos impulsando el Manifiesto por una Mejor Sanidad, un documento con diez principios que consideramos insoslayables para afrontar el presente y proyectar nuestro sistema sanitario hacia un futuro marcado por el envejecimiento poblacional, la cronicidad asociada, la inversión incremental imprescindible en innovación, las nuevas formas de enfermar por mecanismos transmisibles como la actual pandemia producida por el virus SARS CoV2 (Covid-19) o no transmisibles y otros aspectos como las consecuencias del cambio climático entre otros.
La Fundación insta a tener una asistencia sanitaria de calidad para todos y para ello hemos de disponer del mejor sistema sanitario de titularidad pública y del mejor sistema sanitario de titularidad privada de tal forma que mediante estrategias conjuntas determinen un modelo de liderazgo sólido, ágil y robusto que nos vuelva a situar en las primeras posiciones de los países más avanzados, una sanidad colaborativa, que cuente con todos los agentes del sector para lograr un sistema sanitario sostenible y que tenga como epicentro al paciente y a los profesionales sanitarios.
En un contexto de insuficiencia financiera como el que viene sufriendo el sistema público de salud el proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, a la espera de las alegaciones que se puedan presentar y del resultado del trámite parlamentario en su paso por las Cámaras es importante resaltar que, si bien el proyecto plantea la derogación de la Ley 15/1997 sobre nuevas fórmulas de gestión, incorpora su contenido íntegro al artículo 47 de la Ley General de Sanidad del año 1986, lo cual refuerza su conveniencia.
Por otro lado, la falta de mención expresa en la Ley al papel y la aportación a los recursos sanitarios privados, tanto a nivel de provisión hospitalaria como de aseguramiento no deja de ser llamativo y preocupante máxime teniendo en cuenta que el sistema privado es propietario de cerca del 40% de los recursos sanitarios de nuestro país, dispone de una dotación de 441 hospitales en España y 50.960 camas de hospitalización, que emplea a 278.291 profesionales y que lleva a cabo el 30,2% (1,6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23,7% (1,3 millones de las altas) y el 24,4% (7,4 millones) de las urgencias de todo el territorio nacional.
Respecto a la preferencia de la gestión sanitaria pública directa para las entidades sanitarias y sociosanitarias del Sistema Nacional de Salud, desde la perspectiva de la Fundación IDIS, pensamos que lo acertado sería tener en cuenta las bondades de los dos sistemas y sin duda el de titularidad privada que genera eficiencias reconocidas por todos dada su capacidad de adaptación a las necesidades de la población y a la flexibilidad y transparencia en su modelo de gestión.
En relación con la equidad que debe subyacer en el acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias independientemente del lugar de residencia, el uso de todos los recursos disponibles sin tener en cuenta su titularidad, utilizados de forma estratégica y sinérgica, es fundamental, y en cuanto al aumento de la universalidad y la supresión de los copagos, nos parecen razonables, siempre que sean asumibles y entendiendo que los mismos no tienen por qué garantizar la equidad. En cualquier caso, es necesario proponer herramientas para identificar las desigualdades existentes en el sistema y tomar medidas para corregirlas.
Finalmente, nos parece acertada la propuesta de incremento de participación de agentes del sector en el comité consultivo del Consejo Interterritorial, en especial con la participación de los pacientes. No obstante, entendemos que sería importante la incorporación también de los profesionales sanitarios.