Formación continuada sin industria: entre la sorpresa y la incredulidad
Sociedades científicas, asociaciones de pacienntes y la propia industria farmacéutica protestan el plan del gobierno de prohibir la financiación privada de las actividades formativas para profesionales sanitarios. Para algunos, en la práctica va a ser imposible implantar esa prohibición.
El Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social aprobado en el Congreso de los Diputados incluye la prohibición expresa de que las compañías farmacéuticas financien la formación de los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes. Una de las respuestas más inmediatas al anuncio de la aprobación del dictamen, o al artículo 47.2 que contempla la prohibición, ha sido la de la AGP (Alianza General de Pacientes). Antes de la aprobación del dictamen, en la AGP no se obtuvo respuesta a su petición de ser incluidos en las deliberaciones de la comisión. En el momento de imprimir estas líneas, el Ministerio tampoco ha respondido a la petición de una reunión urgente con sus representantes. La presidenta de la AGP, Pilar Martínez Gimeno, dice que sin el apoyo de la industria, las asociaciones están abocadas a desaparecer por falta de recursos.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha denunciado que se continúe “silenciando” en la comisión la voz de las personas que padecen enfermedades. Su presidenta, Carina Escobar, ha lamentado que se haya dejado al margen a los más vulnerables y ha calificado de “triste” la aprobación, por el perjuicio que causará a las asociaciones de pacientes y a los más de nueve millones de personas que representan. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha tachado la medida de “injustificada”.
En varios encuentros científicos celebrados en los días siguientes muchos especialistas han pasado de expresar su sorpresa a mostrarse escépticos, puesto que el dictamen establece que los fondos para la formación tendrán que ser públicos. Dudan que jamás exista dinero para financiarla desde la Administración, así que el controvertido artículo y la prohibición quedarán en nada. La Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) ha dicho que los fondos públicos no cubren siquiera las necesidades mínimas de los profesionales sanitarios.
El asunto también se ha abordado en algunas sesiones de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. Allí, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha dicho que por mucho rechazo que haya suscitado la medida, “lo que se plantea desde el Congreso, de forma legítima, es que haya mecanismos para garantizar la transparencia”. La catedrática de economía Beatriz González ha sugerido que la industria en conjunto aporte un fondo para formación que se distribuya con criterios de interés científico desde una entidad independiente. “La industria debe poder financiar la formación médica pero sin condicionar contenidos, plazos ni ponentes”, ha dicho. En otras sesiones se ha calificado la colaboración con la industria de “imprescindible”, y se ha hecho hincapié -con acuerdo generalizado- en la necesidad de que se lleve a cabo bajo el parámetro de la transparencia.
“Necesaria, legítima y transparente” son las tres palabras con las que la patronal farmacéutica ha definido la colaboración que se ha venido produciendo de forma histórica y ha contribuido a que los profesionales sanitarios mantengan su alta capacitación. En cuanto a los pacientes, Farmaindustria ha recordado que algunas de sus necesidades no están cubiertas por el sistema sanitario, de ahí que la legislación favorezca ayudas a estas organizaciones sin ánimo de lucro.