España comenzó la desescalada antes de estar preparada

A toda prisa, sin fortalecer el Sistema Nacional de Salud y sin mejorar los sistemas de detección del virus. Así encaró la desescalada España y ese es precisamente uno de los principales motivos para que la segunda ola golpease antes y más fuerte a nuestro país que al resto del continente europeo -quizá con la excepción de Francia-. Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Lancet, la misma en la que los investigadores de las grandes compañías anticipan los resultados de las vacunas.

Una revisión de las políticas de desconfinamiento, publicada en la revista, advierte de que España y Reino Unido no han conseguido "un sistema eficaz de búsqueda, prueba, rastreo, aislamiento y apoyo antes de suavizar las restricciones del confinamiento". El estudio, además, evidencia, que el sistema de salud pública de España -como también el de Reino Unido- falló durante esta pandemia "por las consecuencias de un decenio de austeridad".

En el informe se analizan las estrategias de nueve países y regiones para atenuar las restricciones del coronavirus ante una primera oleada de infecciones: cinco en la región de Asia y el Pacífico (Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur) y cuatro en Europa (Alemania, Noruega, España y Reino Unido). Antes de comenzar aquel periodo de suavización de las restricciones a finales de mayo, en abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de que un levantamiento prematuro del confinamiento podría provocar un resurgimiento de las infecciones y causar un daño peor a la economía que el causado por los cierres.

En este trabajo, los autores identifican las principales enseñanzas de las experiencias de esos países que tienen repercusiones en las estrategias de salida de los cierres en todo el mundo. En primer lugar, consideran "esencial" un plan "claro" con un proceso "transparente" de adopción de decisiones, idealmente estableciendo explícitamente los niveles o fases de la flexibilización de las restricciones, los criterios para pasar al siguiente nivel o fase y las medidas de contención que conlleva cada nivel o fase. En este sentido, los autores critican que "España ha publicado un panel de indicadores, que incluye parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos, aunque sin una ponderación explícita en el proceso de toma de decisiones". En su momento, fue muy criticada por algunas comunidades autónomas la opacidad con la que el Ministerio de Sanidad tomaba las decisiones de cada cambio de fase.

El informe considera que para que las comunidades puedan reabrir en condiciones de seguridad, se necesitarán durante algún tiempo medidas de control para reducir la transmisión, incluidas mascarillas y distanciamiento social. "Para que las medidas de control funcionen, los gobiernos deben educar y comprometerse con el público, creando confianza y seleccionando medidas apropiadas que el público esté dispuesto a cumplir", señalan. En España hubo mucho debate sobre el uso de la mascarilla, no así con el distanciamiento social, que siempre fue una recomendación. Sin embargo, la mascarilla pasó de ser un elemento irrelevante a uno indispensable, algo que ha podido despistar a la población sobre la pertinencia de llevarla.

Según los autores del estudio publicado en The Lancet, la experiencia con epidemias anteriores como el SARS y el MERS significó que muchos países asiáticos tenían ya una sólida infraestructura sanitaria y de salud pública. "Históricamente ha habido un alto nivel de aceptación pública de normas estrictas en tiempos de crisis, y la mayoría aceptó un compromiso entre sus derechos personales y la salud pública", detallan. Por último, reivindican adoptar una estrategia denominada cero COVID, como en Nueva Zelanda, que tiene por objeto eliminar la transmisión doméstica, en particular teniendo en cuenta las nuevas pruebas sobre los efectos del Covid-19 de forma prolongada -que se produce en las personas que han sobrevivido al Covid-19 pero siguen teniendo síntomas durante más tiempo del previsto-.

La situación actual

Las decisiones precipitadas que se tomaron entre mayo y junio provocaron que apenas un mes después hubiera centenares de rebrotes y algunas zonas de transmisión comunitaria. España ha incrementado notablemente la capacidad de hacer test, pero al no estar acompañados de sistemas fuertes de salud pública, el virus siempre va por delante.

Ya en julio se ponía de manifiesto la necesidad de contar con rastreadores. El Plan de Actuación temprana consensuado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad hacía aguas porque las administraciones locales apenas se habían reforzado. Entre medias hay una pregunta que ningún dirigente autonómico responde: ¿Qué se ha hecho con los 9.000 millones que destinó el Ministerio de Hacienda, a fondo perdido, para reforzar Salud Pública y Atención Primaria? Desde luego no hay más médicos ni rastreadores que en mayo. Hace escasos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba la contratación de personal médico y rastreadores... casi tres meses después de tener que haberlos contratado.

Con todo, la situación actual de España no es marzo, pero se parece mucho a febrero si entonces hubiera habido la capacidad diagnóstica de hoy. Los hospitales están a punto de colapsar -algunos ya lo han hecho- y el número de ingresos hospitalarios es superior al de las altas desde hace un mes. Y en Madrid es peor. El Carlos III notifica para el 10 de marzo, un día antes de las primeras medidas, 1.981 casos en la Comunidad. El viernes pasado notificaba algo más de 3.000.

La inutilidad de ‘trocear’ la salud pública

Son muchos los expertos que señalan que el sistema autonómico de salud debe tener algunos límites. Uno de ellos se establece para la salud pública, algo que ha quedado contrastado en una pandemia. Históricamente, a este nivel asistencial apenas se le prestó atención, de ahí su pobre estado en 2020. Ahora, tal y como se han comportado las comunidades autónomas, cada una a su forma y modo para hacer frente a un patógeno que no entiende de fronteras, urge que se establezca un centro nacional que pilote y sea responsable de todas las decisiones de salud pública en España.