El objetivo debe ser aliviar los costes de la EPOC

No es fácil vivir con una enfermedad que es la cuarta causa de mortalidad en España por delante del cáncer de pulmón, del cáncer de colon o del VIH. La EPOC es una enfermedad crónica que acompaña a los enfermos de forma progresiva toda su vida, en muchos casos, hasta su invalidación. No es fácil tampoco vivir con EPOC en tiempos de COVID-19 cuando los síntomas y los trastornos se agravan. Los pacientes de EPOC son población de riesgo frente a este virus como recogen diferentes protocolos de actuación recogidos por las autoridades sanitarias.

Durante la primera oleada de contagios en España, casi un 22% de los fallecidos por Covid-19 padecían esta enfermedad. Vivir con EPOC en circunstancias normales supone que, aproximadamente el 40% de estos pacientes, experimentan síntomas depresivos clínicamente relevantes. Pero vivir con EPOC en tiempos de pandemia supone aumentar el riesgo de presentar síntomas graves de COVID en 6 veces y de ingreso en UCI en 17. A este sufrimiento físico y emocional para pacientes y familiares, hay que sumar en muchas ocasiones el quebranto económico que supone la enfermedad por diversas causas, como que la necesidad de cuidado obligue a dejar el trabajo a la persona enferma o a alguno de sus familiares, la amenaza cierta de despido en enfermedades crónicas que conllevan absentismo elevado, la necesidad de adaptaciones técnicas...

Vivir con EPOC plantea nuevos retos al paciente y exige un coste sanitario elevado para mantener una vida digna. La estimación de los costes de tratamiento de los 3 millones de enfermos que la sufren a diario se calcula en 750- 1000 millones de euros anuales, incluyendo los costes directos, indirectos e intangibles, esto es, gastos hospitalarios (40-45%), farmacológicos (35-40%) y visitas y pruebas diagnósticas (15-25%).

Tratar a estos pacientes precisa de una respuesta político sanitaria urgente que no solo les reconozca como como colectivo vulnerable de alto riesgo sino también que apruebe medidas específicas de protección con criterio nacional entre las que se encuentra la supresión del visado de la triple terapia por el Ministerio de Sanidad. Esta es nuestra ‘urgente’ prioridad.

La retirada del visado supone dejar de limitar el acceso a terapias consideradas esenciales en la atención sanitaria de estos enfermos, pero también, en términos económicos, ahorrar una importante suma de dinero a las arcas públicas. ¿Por qué? El tendón de Aquiles de estos tratamientos son las agudizaciones de la enfermedad que suponen, aproximadamente, el 60% del coste global porque son los empeoramientos los que representan un grave problema de salud pública. En España, se estima que generan el 10-12% de las consultas de atención primaria, el 1-2% de todas las visitas a urgencias y cerca del 10% de los ingresos médicos.

La triple terapia reduce la tasa de exacerbaciones moderadas/graves en comparación con las combinaciones de los fármacos habitualmente utilizados para paliar sus efectos. Los expertos han demostrado que un tratamiento en un solo dispositivo no requiere de ninguna estabilización previa, ni ajuste de dosis, permite al paciente controlar clínicamente su enfermedad, mejorar la sintomatología, disfrutar de mayor calidad de vida y reducir los empeoramientos. Les permite vivir; acercarse a la ‘normalidad’. Pero es que es el único fármaco innovador que cuesta menos dinero y cuya implantación costaría al sistema 70 millones de euros menos al año.

Existen numerosos estudios que concluyen en este sentido. Uno de ellos, presentado en el marco del Congreso de la Sociedad Europea Respiratoria incidía en el desarrollo de un modelo económico de un año de duración que calculara las consecuencias económicas de la sustitución del tratamiento habitual por la triple terapia tanto en atención primaria, atención especializada, como en la Unidad de Cuidados Intensivos, así como los costes asociados implícitos (costes durante el tratamiento, visitas no programadas...).

Según el estudio, los costes anuales por paciente ascendían a 1127€ en el caso del tratamiento con la triple terapia y a 1476€ cuando los pacientes recibían su tratamiento habitual para la EPOC. Las cifras no pueden ser más concluyentes: el tratamiento con la triple terapia supone un potencial ahorro anual de 349€ por paciente para el Sistema Nacional de Salud, siendo de 194€ si se utilizaba el tratamiento habitual. Esa diferencia de 155€ anuales por paciente supone un gran ahorro si no olvidamos que hablamos de 3 millones de enfermos.

En el marco del Congreso de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en Salud se analizó otro estudio que expuso que un inicio más temprano de la triple terapia de mantenimiento, tras una exarcerbación que requiere de hospitalización o de visita al servicio de urgencias, conseguía minimizar los costes de la gestión de los recursos sanitarios y de los costes directos así como de la tasa de exacerbaciones moderadas/graves. En base al estudio, tras una exacerbación manifestada por el paciente, los gastos anuales fueron de 1861€ por enfermo en el caso del inicio temprano de la triple terapia y de 1935€ cuando los pacientes comenzaban dicha terapia de manera más tardía.

Y, a pesar de todos estos datos, y de que las sociedades científicas, tanto de neumología (SEPAR) como de atención primaria, ya le han pedido al ministro en varias ocasiones que retire el visado, menos del 20% de los pacientes tienen acceso a esta terapia después de casi dos años de su implantación.

Por tanto, desde la Asociación de Pacientes de EPOC, APEPOC, nos hacemos las siguientes preguntas: si no tiene sentido técnico-científico ni existe inseguridad clínica; si está demostrado que ayuda a mejorar la calidad de vida y a reducir la mortalidad y supone un ahorro para el sistema ¿por qué lo mantienen? ¿Qué impide al ministerio acabar con los obstáculos para su implantación? Díganos, ministro. Tres millones de pacientes de EPOC esperan la respuesta.