La sanidad privada pide al Gobierno una compensación de 246 millones
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo durante la pandemia han mermado la solvencia de un sector que, por otro lado, ha hecho una contribución enorme cuando peor lo pasaba el país
“Hacer el negocio lo menos atractivo posible”. Así argumentaba la secretaria de Sanidad de Podemos, Amparo Botejara, el objetivo que se perseguía cuando en el acuerdo de Gobierno del PSOE consiguieron poner negro sobre blanco la reforma de la Ley 15/97, un texto que permitió el desarrollo de la sanidad privada en España. La pandemia ha dibujado un escenario ideal para poder llevar a cabo una serie de iniciativas que, de facto, ahogan al sector.
La Sanidad Privada fue declarada actividad esencial durante la pandemia, una circunstancia lógica dado el desborde que estaba sufriendo la sanidad pública en algunas regiones. Pero la orden fue estatal y de máximos, por lo que todos los centros tenían que estar abiertos, fuese cual fuese la presión asistencial. En paralelo, al ser declarados esenciales, no se les permitió acogerse a políticas de empleo como los Ertes, teniendo que mantener a toda la plantilla. Sin embargo, sí que se les privó de poder realizar otras actividades sanitarias que no tuvieran relación directa con el covid, salvo que fuesen de vida o muerte.
El cóctel que provocaron estas órdenes es que la sanidad privada tuvo que soportar todos los costes que normalmente tiene, más los añadidos que conlleva una pandemia tan excepcional como la vivida, al tiempo que no se les permitía facturar por otro tipo de operaciones ni adecuar sus plantillas a la presión que sufriera cada centro. En definitiva, lo que consiguieron estas medidas es hacer el negocio nada atractivo.
En datos, los números auguran una transición por la nueva normalidad muy difícil para la sanidad privada. La Alianza de la Sanidad Privada Española reclama al conjunto del Estado 246 millones de euros por su contribución durante la pandemia. La cantidad recoge el pago por servicios asistenciales de derivaciones de la pública y por compensaciones por disposición de recursos asistencial. La cifra se cuantifica hoy, pero se viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español. La patronal también señala que la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, están a la orden del día. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.
La Fundación IDIS ha publicado el informe Sanidad Privada, Aportando Valor, que resume la actividad del sector privado durante la pandemia. El 42% de los hospitales generales privados ha atendido al 16% de los pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19 -casi 20.000 personas- y ha asumido el 14% de los ingresos en unidades de cuidados intensivos -más de 1.500- durante abril y mayo. Además, durante el pico de la pandemia, el sector reclamó que tenía 2.000 UCI sin utilizar mientras las unidades públicas estaban saturadas. El informe muestra también que el 33% de las inversiones que se hicieron durante la crisis fueron para la adquisición de equipamiento sanitario, el 28% a la compra de respiradores y el 12% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades. Además, en el capítulo de empleo, el sector ha hecho un esfuerzo y hoy la plantilla total es un 10% superior a la de 2018.