La pandemia sirve de cortina de humo para apuntillar a la sanidad privada

Uno de los objetivos que traía bajo el brazo el Gobierno cuando se conformó allá por la otra vida era la reforma de la Ley 15/97, que habilitaba el desarrollo de la sanidad privada. Una ley a la que el PSOE nunca había mirado con deseo, pero tampoco con ira, pero que Podemos la situó como su caballo de batalla sanitario y le arrancó el compromiso a los socialistas. Cuando la coalición actual era una lucha por un electorado compartido, Sánchez puso a Carmen Montón en Sanidad con el objetivo de capitalizar la lucha contra la sanidad privada. Pero el plagio llevó a la dimisión y ahora, con Illa, que es de los que ni es amigo ni enemigo de nada por definición, el campo vuelve a estar en manos de Iglesias, que además vigila el despacho de Illa desde las alturas del mismo edificio.

Reformar la Ley 15/97 iba a ser difícil en una legislatura normal. Lo reconocían los propios ideólogos morados, conscientes de que no le arrancarían un sí a Esquerra Republicana, que se viste de izquierda en Madrid, pero que en Barcelona amplía el apoyo hacia la sanidad privada con el decreto Aragonés. Ya lo intentaron en la anterior legislatura PSOE y Podemos, en los inicios del noviazgo, pero se encontraron con la falta de apoyo de los partidos catalanes.

Pero llegó la pandemia y con ella una oportunidad que nadie se esperaba. Durante estos meses, la sanidad privada ha puesto -de forma obligada, aunque puedan compartirlo- a disposición de las administraciones públicas su capacidad y conocimiento. Han tenido que abrir todos los centros para atender al Covid, a pesar de que la presión asistencial ha sido muy dispar. En Madrid era más que necesario, pero igual en Galicia o Aragón no lo era tanto. Además, no pudieron acogerse a los ERTE, pero sí suspender toda actividad que no fuera Covid. Resultado: el negocio de la sanidad privada ha perdido atractivo, como decían en Podemos, además de mucha facturación.

Las cifras que se estiman de pérdidas son de 246 millones, una barbaridad para que solo hayan pasado tres meses. Y ante la amenaza de una segunda ola, la derogación de la 15/97 se produciría por la vía de los hechos consumados. Salvador Illa no tiene la intención de ayudar al sector. Lo único que ha asumido es el pago por los servicios utilizados. Pero no habrá ayudas de ningún tipo salvo sorpresa mayúscula. La pregunta que se debe hacer el Gobierno es si con una inversión en Sanidad pírrica -ni siquiera se alcanza el 6% respecto al PIB- o incluso con un punto más, puede prescindir de alrededor del 40% de camas, por poner un ejemplo. Esperemos que la estrategia de un país responda más a datos concretos que a ideas abstractas. Y después, que se obre en consecuencia.