Ómicron eleva un 82% el coste de las bajas laborales

El impacto de la variante Ómicron, que ya se encuentra en una fase de reducción de su incidencia sobre la población, tensionó las cuentas de la Seguridad Social al final del pasado año y comienzos de 2022, dando lugar a que el coste de las bajas laborales provocadas por el virus se haya incrementado en un 82%, hasta los 1.600 millones de euros. En 2020, las ausencias de trabajadores por Covid costaron 871 millones de euros a las arcas del Estado.

En este sentido, si bien los peores meses de la pandemia, en términos sanitarios, se produjo en la primera mitad de 2020, la llegada de las nuevas variantes durante 2021 han hecho más mella si cabe en las capacidades financieras de la Seguridad Social para sufragar las bajas. Un hecho, que además ha contado con la vuelta a las oficinas tras el verano del pasado año de forma masiva, lo cual ha abonado ese incremento de bajas laborales, y de su coste por ende.

De hecho, las cuentas facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogen una ampliación del Presupuesto para estas bajas laborales por Covid realizado por la presión que las nuevas variantes han hecho sobre las empresas y sobre los servicios de atención primaria, que han vuelto a colapsar con el impacto de Omicron. Así, llama la atención cómo el Ejecutivo suministró un colchón inicial de 51 millones de euros para atender estas bajas laborales en los Presupuestos Generales. Después, se han ido realizando ampliaciones de esta partida a lo largo del ejercicio de hasta 1.539 millones.

Cabe recordar en este punto como, justo antes de que volviese a repuntar con fuerza el número de contagios a finales del pasado año, ya el Ejecutivo observó la necesidad de reforzar los servicios de inspecciones médicas para controlar la proliferación de ausencias laborales con causa de Covid o por contacto estrecho con algún contagiado. Entonces, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, confirmó que de cara al próximo año, y con el objetivo de frenar el crecimiento injustificado de esta factura, el Gobierno prepara un rearme de las Administraciones para atender con mayor precisión las evaluaciones de las bajas laborales.

De entrada, la Seguridad Social destinará 315 millones de euros a reforzar el análisis y el control de la incapacidad temporal en el marco de los convenios de colaboración que tiene suscritos con las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -se distribuirá entre las comunidades autónomas y el Ingesa en proporción al número de asegurados con derecho a la prestación en el Sistema-.

Según el Ministerio, entre los objetivos de los convenios suscritos con las diferentes regiones se plantea el empleo de herramientas predictivas en los reconocimientos médicos a realizar por los servicios públicos de salud y el refuerzo de medios materiales, informáticos y humanos, incluida la incentivación de estos últimos.

“En definitiva, se trata de propiciar un óptimo funcionamiento de la dinámica de la prestación y garantizar la finalidad protectora de la misma, conjuntamente con el control necesario para evitar posibles fraudes”, subraya el departamento que dirige Escrivá.

Según las cifras oficiales, desde el comienzo de la pandemia, algo más de dos millones de trabajadores han causado baja laboral desde el inicio de la pandemia, lo que ha llegado a triplicar los niveles de absentismo registrados antes de la crisis sanitaria -respecto al cierre de 2019-. En este punto, de cara a 2022, la previsión el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un punto porcentual del PIB, un 8,3% más que en el pasado 2020.

Más de 4.000 millones a autónomos

En este esfuerzo protector sin precedentes por parte de la Seguridad Social para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia, un capítulo aparte han sido las prestaciones extendidas para el colectivo de trabajadores por cuenta propia. En este plano, el Ejecutivo ha concedido prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, un total de 4.336,8 millones de euros, a causa de los cierres y restricciones aplicadas durante la pandemia para sortear el virus. Según advierten desde ATA, esta circunstancia no evita que siete de cada diez autónomos no llegarán a recuperarse hasta “bien entrado” el año 2023, entre otras cosas por el coste de la luz, -que actualmente es un 400% más cara- y llenar el depósito de carburante supone a un autónomo en torno al 35% más que el año pasado.

Precisamente por esta coyuntura de recuperación económica incompleta, el Gobierno abrió una nueva vía de financiación para el colectivo de trabajadores por cuenta propia, al menos aquellos más afectados, asociados a sectores turísticos como el transporte o la hostelería. Así, desde mayo de 2021 se abrió un fondo de ayudas directas para autónomos de hasta 7.000 millones de euros que serían puestos a disposición de las comunidades autónomas para su administración. De los cuales, las asociaciones aseguran que un 40% del dinero se ha quedado en las arcas públicas debido a los requisitos estrictos impuestos para poder beneficiarse de estas prestaciones. “Prácticamente el 40% de los fondos del plan de rescate no han sido consumidos por las comunidades autónomas. Estas ayudas han sido un auténtico fiasco, hasta tal punto que se ha premiado a quienes no han pagado sus facturas frente a quienes han vaciado sus bolsillos y los de su familia para pagar a la cadena de proveedores”, apunta el presidente de UPTA, Eduardo Abad.