Las jubilaciones anticipadas copan el 26% del gasto anual en pensiones
Estas altas prematuras de jubilados en el Sistema cuestan más de 37.000 millones de euros al año y los expertos adivierten: la ‘reforma Escrivá’ podría generar un nuevo agujero en las cuentas de la Seguridad Social y elevar el coste final de estas prestaciones.
Las jubilaciones anticipadas ya suponen un 26% del gasto total anual en pensiones. La Seguridad Social destina para el pago de estas pensiones un total de 37.162 millones de euros, lo que significa que más de uno de cada cuatro euros que destina el Estado al colectivo corresponde a pensionistas que abandonaron el mercado laboral de forma prematura, es decir, antes de la edad legal de jubilación. Para este año, el Presupuesto de la Seguridad Social recoge un desembolso histórico en pensiones contributivas, que ascenderán en el conjunto del año a los 142.931 millones de euros y que rebasa en 7.000 millones el gasto del pasado 2021.
Precisamente, el avance de los costes para el sistema generado por los retiros prematuros ha sido objeto de la primera pata de la reforma de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre, cuando se introdujeron modificaciones en las condiciones de las jubilaciones anticipadas para tratar de alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación. Para ello, se llevó a cabo una reforma de los coeficientes reductores para el retiro anticipado voluntario, agravando los casos en los que el futuro jubilado anticipa el abandono del mercado laboral en los máximos permitidos: entre 24 y 23 meses antes de la edad legal marcada en cada momento. De hecho, esta misma reforma reduce la penalización o el coeficiente reductor en el 90% de los supuestos en los cuales el trabajador puede anticipar la jubilación.
En este sentido, el Gobierno justifica la medida, no solo por el hecho que difiere de la edad legal -según el Banco de España el 40% de los españoles se retira antes de tiempo con una edad media de 64,5 años- si no por la regresividad del modelo. Cabe recordar que según el periodo transitorio de despliegue de la reforma aprobada por el PSOE en 2011, la edad legal de jubilación se sitúa en 2022 en los 66 años y dos meses -alcanzará los 67 años en 2027 cuando se finalice el despliegue de la reforma-.
Además, tal y como recoge el Instituto BBVA de Pensiones, para este año un trabajador podrá jubilarse anticipadamente, hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria en caso de jubilación anticipada voluntaria -es decir, a partir de los 63 años o 64 años y 2 meses, dependiendo de los años de cotización que acredites-, y hasta 48 meses antes en caso de jubilación anticipada involuntaria o forzosa -es decir, a partir de 61 años o 62 años y dos meses, según los años cotizados-.
Otro elemento que modifica la reforma aprobada a finales de 2021 es que los nuevos coeficientes reductores, mensuales en vez de trimestrales, se aplicarán sobre el importe de pensión teórica -calculada en función el número de años que hayas cotizado y de tus bases de cotización-, y no sobre la base reguladora como se hacía hasta ahora. Esta medida te afectará más si venías cotizando por bases superiores a la pensión máxima y, por lo tanto, la pensión teórica calculada antes de aplicar los coeficientes por jubilación anticipada fuera superior a la pensión máxima. No obstante, en este caso los coeficientes se aplicarán de manera gradual en un plazo de 10 años, a contar desde 1 de enero de 2024 -estos coeficientes que se aplicarán dentro de dos años podrán suponer reducciones de la paga de hasta el 21%-.
La ‘reforma Escrivá’ y el gasto
En este punto, cabe analizar el impacto presupuestario a futuro de las medidas adoptadas por el Gobierno en el plano de las jubilaciones anticipadas en nuestro país. “Tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones. Al margen de las medidas concretas que estimulen un aumento de la edad efectiva de jubilación, un aumento motu propio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial”, señalan en un informe sobre la medida los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura. Sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes.