Lanzar la piedra y esconder la mano: sin mimbres para impulsar la previsión complementaria

Parece, a medida que se van conociendo más detalles sobre el plan que enarbola el Gobierno para impulsar el ahorro complementario, que buena parte de la mejora la renta disponible en la jubilación dependerá de la planificación individual. Al menos, las bases que recoge la ley del nuevo fondo público de ahorro impulsado por el Ejecutivo no parecen abonar el terreno para este necesario impulso que reconocen los partidos políticos en las recomendaciones del Pacto de Toledo y el propio Gobierno en sus compromisos adoptados con Bruselas para poder recibir financiación de los fondos de reconstrucción.

Así, pese a los esfuerzos del Ejecutivo para recoger las sugerencias del sector privado de cara a la potenciación del fondo como instrumento para el impulso en España de la previsión social complementaria, los incentivos incluidos podrían quedarse escasos. Ni esa desgravación en la base de cotización ni la retirada de los límites impuestos para las comisión sobre el depósito y la gestión de los ahorros parecen satisfacer las pretensiones del sector, que mira con escepticismo un instrumento que difícilmente mejoraría las condiciones con las que ya cuenta el sistema colectivo de previsión complementaria en nuestro país.

Es más, ante la ausencia de los incentivos fiscales más potentes, el fondo público de pensiones parece más una llamada de emergencia general de cara a la necesidad social de enarbolar estructuras de ahorro individual de cara a la jubilación, que un verdadera bazuca que sirva para impulsar la previsión social complementaria. Más aún si entre las concesiones de última hora, el Gobierno permite que estos planes de pensiones de empleo de nuevo cuño, los simplificados, se podrán insertar de entrada en fondos del sector privado directamente. Por lo que de base, se permitirá la decisión por parte de los órganos gestores si acudir con esta plan de ahorro de sus trabajadores al fondo de promoción pública o a alguno ya abierto en el sector privado.

Aunque no solo queda tocado el potencial del fondo público por las modificaciones en su funcionamiento, sino que las cesiones del Ejecutivo también mermarán su futura capacidad sobre el control de las inversiones. Concretamente, el Gobierno dejará en manos de la mayoría en el Comité Especial las decisiones sobre las inversiones. Una medida que aplana la posibilidad de que este dinero depositado por trabajadores fuera a para a la compra de deuda del Estado, como ocurre ya con el capital del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

De este modo, muchos analistas ya afirman que las últimas concesiones del Gobierno hacen que el fondo público nazca prácticamente sin capacidad real de obligar o impulsar efectivamente este complemento de ahorro para la jubilación, pese a ser una de las demandas de Bruselas para la concesión de los fondos.