La CEOE se plantea denunciar el nuevo fondo público ante la CNMC

La CEOE llevará el fondo público ante los tribunales si finalmente se aprueba en los términos en los que se encuentra en el último borrador que el Ejecutivo ha entregado a los agentes sociales para realizar las últimas apreciaciones, antes de que el texto vea luz verde en Consejo de Ministros. Según fuentes cercanas a la negociación de este punto de la reforma de pensiones, la patronal considera que el instrumento de previsión social complementaria supone una “nacionalización” de este sector económico y “va contra la competencia” y la iniciativa privada, por lo que se plantea denunciar el fondo público de pensiones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano competente en esta materia.

El principal motivo que exponen desde la CEOE para fijar su posición e incoar actuaciones legales contra el Gobierno por la aprobación del fondo público es que se trata de una labor, la de aprovisionar ahorros para la jubilación, que ya tiene arrogada la Seguridad Social a través del pago de pensiones en base a las cotizaciones realizadas por los trabajadores. “Es una cuestión de ir a la CNMC, es un ataque directo a la competencia”, apuntan las fuentes sobre los pasos previstos a dar si el Ejecutivo sustancia finalmente esta ley en las próximas semanas.

De este modo, considera la patronal que la operación supone trasladar al sector público una actividad privada tanto del sector financiero como asegurador “con una especie de fondo estatal privado, pero gestionado por lo público” que vaciaría todos los fondos privados, cuando este extremo ya se está produciendo por la vía fiscal con el recorte de incentivos a los planes privados. Ya para 2022, la desgravación máxima en estos productos de ahorro se sitúa en 1.500 euros al año. En 2021, con la primera reducción de incentivos desde los 8.000 euros hasta los 2.000 euros, los planes de pensiones privados cerraron el año con más volumen de prestaciones que entradas brutas de dinero, lo que deja un saldo neto negativo. Así, los planes de pensiones privados captaron 2.539 millones de euros, insuficientes para compensar los flujos de prestaciones por valor de 2.631 millones.

Cabe recordar, que allá por el mes de diciembre, cuando vio la luz el reglamento aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros con el armazón legal del nuevo vehículo de ahorro, el Ejecutivo se dio un plazo de dos meses para que los agentes sociales realizaran apreciaciones a dicho documento, que se trasladó a audiencia pública, para refrendarlo en un nuevo Consejo de Ministros que debería de haber dado luz verde al texto en el recién vencido mes de enero. Todo ello, para llevar a cabo en los meses subsiguientes la preparativa de concursos públicos para adjudicar las compañías gestoras y depositarias de los fondos.