Escrivá cede ante el sector privado y lima las condiciones del fondo público

El anteproyecto retira una exigencia que incluía una “limitación de los costes de gestión de los planes de pensiones de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados”, presentado previamente en diciembre ante la audiencia pública.

El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado las exigencias que quería imponer en materia de comisiones a las gestoras que se postulen para tramitar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los fondos de empleo simplificados de nuevo cuño, tras las fuertes críticas que recibió de la industria de gestores de activos a través de la CEOE, encargada de negociar en la mesa.

Así, en el borrador del Anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, actualmente sometido a negociación, se cae de la Exposición de Motivos la anterior exigencia de una “limitación de los costes de gestión de los planes de pensiones de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados” que aparecía en el texto presentado a audiencia pública a mediados de diciembre.

En su lugar, los nuevos borradores presentados a los negociadores el 1 de febrero y el anterior del 17 de enero, hablan de “limitación de los costes de gestión de los planes de pensiones de empleo”, retirando la referencia al 0,3%, y que “los planes de pensiones de empleo deben proporcionar a los partícipes el máximo valor de la gestión a los costes más eficientes posibles, dentro de los máximos normativamente establecidos para ello. Esta gestión debe poner su foco también en la transparencia de la información a los partícipes”, según ambos textos a los que ha tenido acceso elEconomista.

Argumento de peso

Sin embargo, el ministerio que dirige José Luis Escrivá no renuncia a fijar algún tipo de límite a las comisiones de las gestoras que establecerá en un posterior desarrollo reglamentario. Cabe recordar que uno de los principales argumentos defendidos por el Gobierno como atractivo de los nuevos fondos de empleo es la reducción de los costes de gestión.

Por eso, en el articulado, concretamente en el 62, establece que “las entidades gestoras percibirán como retribución total por el desarrollo de sus funciones una comisión de gestión dentro del límite fijado en las normas de funcionamiento de los fondos de pensiones y que no excederá del máximo que se fije reglamentariamente”. No obstante, en este artículo también se detecta una redacción algo más suave respecto al borrador sometido a audiencia pública.

En ese texto se incluían dos matizaciones que igualmente han desaparecido. Se suprime la coletilla establecida de manera explícita en referencia a la comisión de gestión e igualmente se cae de la redacción la exigencia de que “el límite que corresponda resultará aplicable diariamente, tanto a cada plan de pensiones integrado, como al fondo de pensiones en su conjunto, e, individualmente, a cada partícipe y beneficiario”. Algo que no solo aparecía en lo referente al coste de las entidades encargadas de la gestión de los fondos, también a la remuneración de las entidades depositarias.

El ministerio de Seguridad Social siempre ha justificado la rebaja de las comisiones en el alto volumen de activos que podrán negociar las gestoras que finalmente se hagan con los distintos fondos que prevé poner en marcha el Ejecutivo. Algo que no se comparte desde la industria.

En la memoria de acompañamiento al texto de audiencia pública que se remitió al Consejo Económico y Social (CES) para su preceptivo dictamen, se incide en el volumen de los activos para justificar menores comisiones que en el sector privado.

En dicha memoria, se argumenta que “el aumento del volumen de patrimonio bajo gestión es un acicate al aumento de nuevas entidades gestoras entrantes. De otra parte, una mayor dimensión conllevará la existencia de economías de escala que se trasladarán parcialmente al ahorrador final en términos de menores comisiones y más rentabilidad”.

Según los datos que maneja la Seguridad Social, en el caso de los fondos de pensiones de empleo, la competencia actual ya ha impulsado a la baja las comisiones en los planes de empleo grandes y medianos. Sin embargo, matiza que esta presión a la baja ha sido menor en los planes pequeños, especialmente de las pymes que suelen mantener unas comisiones “entre el 0,5% y el 0,9%”. Para reducir los costes de los sectores con planes más pequeños, que quiere incentivar la Seguridad Social con esta norma, la memoria dice que “la nueva ley justamente persigue mediante la simplificación y la estandarización obtener economías de escala que permitan a los trabajadores de las pymes gozar de comisiones tan bajas como las de los planes más grandes”.

Y, junto con los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, Escrivá tiene la mente puesta en los autónomos que, ante la dificultad de agruparse en planes de empresa acuden a los individuales, “con comisiones de entidad gestora y depositaria más elevadas. En este caso, el ministro confía en que si se apuntan a los futuros fondos de pensiones de promoción pública podrán disfrutar de “comisiones un 60-80% más reducidas de las actuales”, en referencia a los planes individuales.

Prioridad a gestoras sin ánimo de lucro

Especialmente dolorida se sintió la industria de la gestión de patrimonios con el intento del ministerio de Seguridad Social de dar prioridad a las gestoras “sin ánimo de lucro”, sobre las comerciales. En el borrador del pasado 17 de enero, se incluyó el siguiente párrafo en el proceso de selección de las entidades: “En la valoración de las distintas ofertas deberá otorgarse una puntuación superior a las entidades gestoras que tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro”. Fuentes del sector expresaron a elEconomista su malestar por el intento que la CEOE transmitió en la mesa de negociación. La pretensión de Escrivá desapareció del siguiente borrador que se entregó dos semanas más tarde a los negociadores.

Aprobación sin respaldo

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció ya que uno de los puntos estrella de la reforma de pensiones deberá ser aprobada sin el apoyo explícito de los agentes sociales, con quienes aún mantiene reuniones de última hora para tratar de aglutinar un mínimo consenso sobre el fondo público de pensiones. “Nunca aspirábamos a una firma y una ratificación con los agentes sociales” del diseño de la medida, apuntaba el propio ministro.

Tal y como avanzó elEconomista en informaciones recientes, pese a los esfuerzos del Ministerio capitaneado por Escrivá para aunar consensos de los agentes sociales sobre la medida, introduciendo concesiones al sector privado como la posibilidad de desgravar parte de las aportaciones del empresario a favor del trabajador en la base de cotización del mismo, o modificando los estatutos de gobernanza dejando más espacio de decisión a los empresarios y sindicatos en los organismos de control, además de la eliminación de las comisiones máximas de gestión, al menos desde la parte de los empresarios ya han expresado el rechazo de pleno a la medida.

Todo se produce con el telón de fondo de un examen por parte de Bruselas que llegará en junio, para pasar revista a los hitos que nuestro país deberá cumplir en los próximos meses para poder acceder al tramo de 6.000 millones de euros de los fondos Next Generation para la reconstrucción.