El Estado destinará medio millón de euros al año para sufragar el fondo
El gasto en el erario público será de 524.475 euros debido a la contratación de nueve personas, seis para atender la Secretaría General de la Comisión Promotora y de Seguimiento, adscrita a dicho Ministerio, y otros tres inspectores para la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Los fondos públicos de pensiones de empleo que negocia el Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales y que se aprobarán en un próximo Consejo de Ministros tendrán un coste anual para el ministerio de José Luis Escriva de medio millón de euros anuales, en concreto 524.475 euros derivados de la contratación de nueve personas, seis para atender la Secretaría General de la Comisión Promotora y de Seguimiento, adscrita a dicho ministerio, y otros 3 inspectores para la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Así se recoge en la memoria económica del Anteproyecto de Ley remitida al Consejo Económico y Social (CES). De media, cada uno de los profesionales dedicados a los fondos de pensiones de empleo público tendrá un emolumento anual bruto de 58.275 euros. Además, habrá que añadir que no se recoge en la memoria, los costes sociales de cotización de dicho personal, equivalente al 30% del salario bruto, 17.482 por trabajador, es decir, otros 157.342 euros.
Planes simplificados adheridos
La pretensión del Gobierno de impulsar los planes de pensiones de empleo creando fondos públicos abiertos, a los que se adherirán los planes de pensiones de empleo simplificados, implica el establecimiento de una Comisión Promotora y de Seguimiento. El Gobierno establecerá un sistema de desgravación para las empresas en las cotizaciones de aquellos empleados que se hagan el plan de pensiones de empleo.
Dicha comisión estará conformada por nueve miembros, todos ellos funcionarios de carrera con rango de subdirector general, cinco del Ministerio de Seguridad Social y uno por cada uno de los Ministerios de Asuntos Económicos; el de Trabajo; Transición Ecológica; y Hacienda y Función Pública. El desempeño del cargo de todos ellos no será remunerado.
328.860 euros
Sin embargo, para asistirles y encargarse del día a día, contarán con una Secretaria General de la Comisión que, según los cálculos de la Seguridad Social, requerirá de tres personas por cada 10 fondos que se instituyan. La Memoria adelanta que el objetivo del Gobierno es poner en marcha una veintena de fondos públicos, por lo que se precisarán seis personas, cuyo coste total será de 328.860 euros anuales en salarios brutos.
El mayor de los puestos que se encargarán de los fondos será de nivel 30, supuestamente el del secretario general, que recibirá al año 75.695 euros brutos. Un segundo puesto, de nivel 28 medio, cobrará 66.605 euros y contarán con un nivel 26 las cuatro personas restantes, con 46.640 euros cada uno. En total, 328.860 euros.
No obstante, la memoria matiza en relación con la valoración de estos puestos, que los cuatro del nivel 26 “procederán de la actual relación de puestos de trabajo de las Entidades”, ya que existen vacantes. No así los dos cargos principales de la Secretaría General, que serán puestos de nueva creación ya que no hay disponibilidad de vacantes.
A cargo de los partícipes
Además de la Comisión Promotora y de Seguimiento, habrá una segunda, con miembros de la mesa de diálogo social: la Comisión de Control Especial, con 13 miembros designados por sindicatos (4), empresarios (4) y Ministerio de Seguridad Social (5), que no serán remunerados por los presupuestos públicos.
El coste de esta comisión se sufragará mediante las comisiones de los planes adheridos y los partícipes. Uno de los puntos más conflictivos de la negociación del Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales, especialmente la patronal, radica en las comisiones mínimas que Escrivá quiere imponer a las gestoras privadas que gestionen los planes de empleo simplificados y los fondos de pensiones de empleo abierto.