Las rentas altas aportarán 5.600 millones más para pagar pensiones con el destope
Los ingresos de la Seguridad Social crecerían en un 3,9% cada año y no alcanzarían el extra de la recaudación hasta mitad de siglo, en 2050. José Luis Escrivá dibujó una senda de incremento hasta llegar a los 60.000 euros anuales de tope, lo que supone un alza del 22,8%.
Con las líneas fundamentales de la reforma del sistema público de pensiones ya sobre la mesa, parece evidente que buena parte de la mejora de los ingresos del Sistema durante las próximas décadas provendrá de las mayores aportaciones a la Seguridad Social que deberán realizar las rentas más altas. De hecho, solo la medida que se refiere al progresivo destope de las bases máximas supondrá, en el plazo marcado de 30 años, que estos cotizantes con bases de más de 49.000 euros anuales deberán de aportar cada año hasta 5.600 millones de euros más a las arcas para el pago de las futuras pensiones y prestaciones.
Como expone el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura, obviando los problemas que puede tener en el mercado laboral, destopar las bases de cotización tiene un efecto inmediato que se traduce en mayores cotizaciones. Concretamente, según datos de la encuesta de estructura salarial del INE y de la Seguridad Social, hubiera dado lugar en 2019 a un incremento de la recaudación de unos 5.600 millones de euros, lo que supone un 3,90% de las cotizaciones de ese año. Respecto a 2018 supuso un descenso de la recaudación de un 11,61%, debido a que la subida de la base de cotización máxima, de un 7,87%, estuvo muy por encima de la experimentada por el salario promedio, de un 1,61%.
En este contexto, el destope de la base de cotización máxima se podría traducir en una ligera mejora de la sostenibilidad del sistema solo en el caso de que no se destopara la pensión máxima. “Sin embargo, parece lógico que, antes o después, con un periodo transitorio más o menos amplio, sea inevitable que se produzca un destope de la pensión máxima o, al menos, una subida importante de esta”, expone Enrique Devesa, consultor del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson.
Mantener la contributividad
Uno de los puntos de fricción sobre el eventual proceso de aumento de las bases máximas de cotización es la correlación que debería haber con la pensión máxima, que debería ascender en un nivel proporcional para mantener el principio de contributividad del Sistema.
Según determina el análisis realizado por los expertos, una de las medidas que se ha considerado desde hace tiempo en el marco de las deliberaciones del Pacto de Toledo, aunque nunca se ha llevado a cabo, es el posible destope de la base de cotización máxima. En las últimas recomendaciones al respecto de la Comisión se hace referencia a que “la relación entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima debe guardar el necesario equilibrio entre aportaciones realizadas y prestaciones percibidas para garantizar la contributividad, pero sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema”. Asimismo, la Comisión considera que “la relación entre ambas variables debe establecerse legalmente de forma clara y estable, siendo objeto seguimiento”.
Hasta 11.000 euros de brecha
Apunta Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson en España que “como ocurre normalmente con las recomendaciones del Pacto de Toledo, no fijan un criterio cuantitativo en este punto. Se limitan a afirmar que se haga de forma clara y estable. Y esto no es un tema baladí porque, hasta ahora, la senda que han recorrido las variables de pensión máxima y de base máxima de cotización no parece haber seguido un criterio predecible ni razonable y se observa que la brecha entre ambas ha seguido una tendencia alcista, pasando del 1,10 en 2010 a 1,30 en 2020 y descendiendo ligeramente al 1,29 en 2021. En el intervalo de 2010 a 2021 se ha llegado a observar una base de cotización máxima unos 11.000 euros más elevada que la pensión máxima, lo que afecta al principio de proporcionalidad contributiva”.
Como expone el análisis, la existencia de una brecha tan amplia podría desincentivar realizar cotizaciones, ya que el diferencial entre ambas variables es una cuantía por la que se cotiza pero que no genera derecho a una pensión más elevada. “Naturalmente, esto hay que tomarlo con cierta precaución porque la pensión se obtiene al promediar las bases de cotización de los últimos 24 años (pasará a 25 años en 2022) actualizadas con el IPC. Esta tendencia a incrementar la brecha entre ambas variables es lo que se ha denominado “la reforma silenciosa”, porque aparentemente solo era un cambio en ambas cuantías que ni siquiera requería el consenso con agentes sociales”, expone Gregorio Gil de Rozas.