Las jubilaciones en Hacienda ponen en riesgo el control de fondos europeos

La avanzada edad de buena parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la escasa rotación y cobertura de plazas, especialmente complicada en el caso de los Inspectores, abre una espita sobre la capacidad a medio plazo de la Administración Central para controlar y vigilar las entregas y buen uso de los fondos europeos para la reconstrucción que irán llegando a España en los próximos años. Según los datos sobre la plantilla del Ministerio de Hacienda a los cuales ha tenido acceso elEconomista, la edad media de la fuerza laboral del organismo, tanto funcionarios como personal laboral, es de 54,2 años. Con esta situación, unido a la baja rotación de las plazas abre un horizonte de 10 años de tensionamiento de las cargas laborales, cuando comenzarán las jubilaciones en bloque del cuerpo funcionarial de Hacienda, en un momento crucial para la recuperación de la economía española tras la pandemia, que dependerá en buena medida de esa financiación procedente de la UE.

España ya ha recibido procedente de los fondos Next Generation un adelanto de 9.000 millones de euros y un primer pago semestral de 10.000 millones. Sin embargo, como advertía recientemente la patronal CEOE, la concesión de las ayudas tan solo ha entregado el 2% de los fondos ya asignados (hasta el pasado mes de agosto) y la obstrucción en el flujo de dinero amenaza con desperdiciar parte de ese montante que corresponde a España, de unos 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones son ayudas directas -el resto serían préstamos con un bajo interés-.

Con este arranque del despliegue de los fondos europeos, parece evidente que el Gobierno y los agentes implicados deberán agilizar estas concesiones, si bien el control de estas será crucial para seguir recibiendo futuras entregas. Es en este punto, donde el horizonte dibuja cargas de trabajo masivas para unos trabajadores que acumulan expedientes y que afrontan el reto en un momento vital, a las puertas de la jubilación, que podría provocar cuellos de botella en los procesos de documentación asociados a este evento histórico de recibir la mayor cuantía de financiación por parte de los socios comunitarios.

Según los datos elaborados por los técnicos de Hacienda de Gestha a los que ha tenido acceso este medio, excluyendo a los empleados públicos que han prolongado su actividad laboral hasta los 70 años, que agrupan al 88,4% de la plantilla total de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los cuerpos más envejecidos son el de auxiliares del Estado (promedio de 57 años), auxiliares informática (56,7 años) y administrativos del Estado (56,2 años). Mientras que la edad media de los inspectores de Hacienda y de los técnicos alcanza los 51,3 años y los 51 años, respectivamente.

Dudas sobre el control

En este sentido, las dudas sobre el control estricto y efectivo de este dinero ya se aprecia también en las demandas de Bruselas. Es sabido que la Comisión Europea no evaluará proyectos, porque su misión es vigilar que se cumplan los hitos y las reformas enviados a los organismos comunitarios, compromisos, algunos de los cuales, como en el caso de España, están aún por desarrollar, como es el caso de los Perte y las reformas de pensiones y laboral que, eso sí, comienzan a desplegar los efectos de los acuerdos alcanzados desde el pasado 1 de enero. Aquí, la Comisión aún mantiene sus reclamaciones a España sobre el reequilibrio financiero de la Seguridad Social, cuyo primer paquete de medidas incluidas en la reforma de pensiones, advierten expertos y organismo internacionales como OCDE, FMI, y nacionales como el Banco de España, quienes prevén que las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo pueden abrir la brecha entre ingresos y gastos hasta los 50.000 millones de euros anuales en 2050, cuando se alcance el pico de tensionamiento financiero por las jubilaciones masivas de la generación del baby boom en próximos años.

Así, desde el momento en el que se ejecutan los fondos, la Comisión pone en funcionamiento una mecánica de controles, que son los que permitirán que el dinero llegue o no a los Estados miembros. Cabe recordar que esta partida para España, la de las subvenciones de 72.000 millones -nuestro país no ha solicitado aun ningún tipo de préstamo, como sí ha hecho la vecina Portugal con 2.700 millones- se ha de ejecutar de aquí a finales de 2023.

El primer examen del cumplimiento de las ayudas tendrá lugar cada dos meses -de carácter bianual, habrá seis controles de este tipo al año-. El siguiente control, más imperativo, vendrá al sexto mes desde la ejecución de los proyectos (dos controles al año). En este caso, si en el plazo de los seis meses, el órgano de control detecta que el desarrollo de los proyectos no corresponde con los hitos y reformas que marca Bruselas, se puede producir por parte de la institución europea un reducción porcentual de la asignación.Más severo será el control que llegue a los 18 meses, momento en el que la Comisión puede toparse con proyectos que se distancian de los objetivos señalados, y entonces, puede requerir la recuperación del dinero entregado hasta la fecha. Fuera de estos controles específicos, existe también el control del semestre europeo.

Control interno

En este punto, entran en juego los controles internos preventivos que servirían para agilizar las futuras evaluaciones sobre la eficacia y efectividad de las entregas de ayudas ya por parte de los Gobiernos a los diferentes sectores de actividad. Aquí, la oposición al Ejecutivo representada por el PP ha instado en numerosas ocasiones al presidente Pedro Sánchez, que se articule un organismo independiente ex profeso para esta vigilancia. De este modo, parece que el buen hacer de las empresas y organismos que reciban parte de estos fondos de reconstrucción Next Generation será en el caso Español vigilado por los organismos ya previstos para las tareas ordinarias de fiscalización como son la Inspección de Hacienda y el resto de personal de la Agencia Tributaria (AEAT). Cabe destacar en este punto como desde el Gobierno de Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, ya ha creado un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento con información detallada sobre ejecución real de fondos.