La subida de cotizaciones complica el pacto en pensiones con empresarios

El Gobierno afronta la parte más compleja de la reforma del sistema público de pensiones con la presión de Bruselas que azuza el calendario de las negociaciones para la validar las entregas de los fondos para la reconstrucción, y con el rechazo de patronal y sindicatos ante algunos de los planteamientos previos sobre la senda de destope de las bases máximas de cotización y la ampliación de años para el cálculo de la pensión.

Por un lado, fuentes cercanas al proceso de negociaciones confirman a elEconomista Pensiones que las conversaciones sobre la senda de destope de las bases máximas de cotización ya están iniciadas en las mesa de diálogo con patronal y sindicatos. Estas fuentes aseguran que será “complicado que cuenten con los empresarios” en el acuerdo para este punto, ya que esta medida se sumaría a otros incrementos ya impulsados por el Gobierno.

Caber recordar, que el Gobierno logró la convalidación en el Congreso de los Diputados de la primera pata de la reforma de pensiones con un añadido de última hora: el mecanismo de equidad intergeneracional. Un elemento de la reforma que nace sin el apoyo de la CEOE, que se cayó de la firma de este punto, ya que recoge un incremento cotización del 0,6% generalizado con independencia de la base -del que el empleador cargará con un 0,5% y el empleado con un 0,1%- como fuente de ingresos para el fondo de reserva de la Seguridad Social con una duración prevista de 10 años.

Además, a esto se suma el incremento de las bases de cotización máximas que se realiza de forma procedimentaria con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de 1,7% en 2022. Y que deflacta los efectos del IPC, que según las estimaciones de los organismos internacionales también espera que se estabilice sobre el 2% en este ejercicio, lo que añadiría más presión a eventuales incrementos para 2023. Solo el mecanismo de equidad y la actualización con el IPC elevaría el alza para las rentas superiores a 49.000 euros de cara al próximo año.

Y ya la patronal, apuntan estas fuentes, no estaría por la labor de añadir otro porcentaje a la subida en concepto de destope de las bases máximas. Si bien, esta última subida sí tendrá su reflejo en las pensiones máximas. Que subiría de forma proporcional, según ha comunicado el Gobierno en el componente 30 remitido a Bruselas con los detalles de la reforma de pensiones “para no dañar la contributividad” del Sistema. Se abre así la puerta a que la pensión máxima de jubilación llegue al entorno de los 3.300 euros mensuales a partir de 2050. Una cifra que se alcanzará una vez culminado el proceso de destope de la base máxima de cotización, que según un planteamiento preambular del propio ministro podría llegar hasta los 60.000 euros dentro de 25 años. De ser esta la senda finalmente ejecutada, la subida de la base máxima y de la pensión máxima de jubilación sería del 22,8% más. El ministro situó recientemente en torno a un 0,9% anual en los próximos 25 años como una posibilidad de cara a las negociaciones y aseguró que el alza de la prestaciones máximas a las que podría acceder el beneficiario “será equivalente”.

Merma del 8% de media en asalariados

El otro punto que complica el acuerdo entre el Gobierno y, en este caso, los sindicatos de cara a al segunda pata de la reforma de pensiones que deberá estar sustanciada antes de diciembre de este año es la ampliación del periodo de años cotizados para el cálculo de las bases máximas de cotización. En este caso, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha aseverado en diversas ocasiones que “nunca” firmará una medida que suponga una merma de las cuantía de las pensiones de jubilación. Según los cálculos elaborados por los expertos del grupo de investigación, Pensiones y Protección Social -formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia- una ampliación a 35 años cotizados supondría de media una reducción en las nuevas pensiones iniciales del 8,9% para los trabajadores del régimen general -asalariados- y del 10% para un autónomo. Este punto, recuerda el Gobierno, podría ser mitigado si también se incluye un supuesto en que el trabajador pudiera escoger los mejores años para sortear las peores fases de la vida laboral en términos de base de cotización.

Ya a principios de 2021, cuando se fijaron los compromisos del Gobierno con Bruselas, esta medida levantó polvareda en el propio seno del Ejecutivo ya que en una primera propuesta que después fue enterrada por el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá, hablaba de elevar este periodo de 25 años a los últimos 35 años cotizados.

No en vano, el gabinete capitaneado por José Luis Escrivá, ha aclarado sobre este punto que para mitigar el impacto negativo que pueda tener sobre los nuevos pensionistas el aumento del periodo de cálculo, el Gobierno llevará paralelamente a término tanto la cobertura de las denominadas lagunas de cotización, como valorar la opción de que los recién jubilados elijan esos 35 mejores años de entre toda su vida laboral.

La lupa de Bruselas

Concretamente, estos dos puntos, los más espinosos de la reforma del sistema por su reflejo directo en las finanzas de trabajadores y futuros pensionistas, pasarán el examen a finales de este año. Y serán la llave para la llegada del tramo de financiación correspondiente al primer semestre de 2023, con una cuantía prevista de 10.000 millones de euros. Si contabilizamos los hitos que revisará Bruselas a mediados de este año para activar la entrega de 6.000 millones -en los que se demanda la activación del fondo público y la aprobación del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos- la reforma de pensiones será responsable de la llega de 16.000 millones, en suma, procedentes de los fondos para la reconstrucción Next Generation de la Unión Europea.