El ‘plan Escrivá’ para los ‘boomers’ cosechará déficits de 86.000 millones

El peso demográfico de los ‘boomers’ irá ligado al despliegue de los instrumentos de ahorro a lo largo de este siglo. Con la reforma del actual titular de Seguridad Social, a partir de 2060 el ahorro proyectado generado por el mecanismo de equidad será igual a cero

La aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional aprobado en la primera parte de la reforma de pensiones será insuficiente para sufragar el exceso de gasto previsto por la jubilación de la cohorte del baby boom. Es más, durante ese periodo de tensionamiento financiero, la Seguridad Social cosechará unos déficit acumulados de hasta 86.000 millones de euros, ya que el mecanismo no logrará cerrar la brecha entre los ingresos del Sistema y los gastos entre los años 2040 y 2067

Esta es la principal conclusión que se desprende del estudio Efectos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional sobre el Sistema de Seguridad Social publicado por el Instituto Santalucía en el que se analiza el coste comparado de la derogación del factor de sostenibilidad aprobado en 2013 y su sustitución por el mecanismo para el momento de su aplicación con el retiro laboral de los baby boomers.

De este modo, el estudio concluye que la aprobación del mecanismo de equidad, con la consiguiente derogación del factor de sostenibilidad, va a ejercer una mayor tensión sobre la sostenibilidad del sistema, ya que a partir de 2057 se generará un menor ahorro acumulado que con el factor de sostenibilidad, que seguirá creciendo, hasta que en el último año de análisis, 2067, llegue a representar un déficit acumulado de 7,75 puntos de PIB de ese año, es decir, unos 86.000 millones de euros.

“Desde el punto de vista de la diferencia entre sus ahorros acumulados, se observa que durante los primeros años el saldo es positivo y creciente, hasta alcanzar un máximo de 3,60 puntos de PIB en 2040. A partir de este momento, este saldo positivo empieza a disminuir rápidamente, de tal manera que en 2057 el ahorro acumulado con el mecanismo de equidad ya sería inferior al del factor de sostenibilidad (-0,22% del PIB de 2057) y en 2060 ya llegaría a -1,06 puntos porcentuales de PIB”, apuntan el informe.

A partir de 2060, como consecuencia de que hemos supuesto que el ahorro anual generado por el mecanismo de equidad será igual a cero, la diferencia de ahorro acumulado empieza a hacerse más negativa, de tal manera que en el último año del que disponemos de datos del factor de sostenibilidad, 2067, la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por el mecanismo de equidad habría generado un déficit acumulado de 7,75 puntos de PIB.

Ingresos exiguos

Esta teoría, más allá, se sustenta en la idea de que los ingresos obtenidos a través del mecanismo de equidad nunca serán suficientes para sufragar los gastos previstos para 2050. Así, una subida de 0,6 puntos del tipo de cotización, siguiendo la estructura actual de distribución entre empresa y trabajador, que se aplicará durante 10 años, entre 2023 y 2032, y que no irá destinada a pagar pensiones, como ocurre en los sistemas de reparto cuando hay déficit, sino a aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con datos de 2020, equivaldría a unos 2.225 millones de euros, que supone un 0,198% del PIB de ese año.

En resumen, los autores del estudio apuntan que el mecanismo es poco transparente y que va a empeorar la sostenibilidad financiera y la equidad actuarial del sistema de pensiones. “Además, va a suponer un recorte de la pensión, cuyo principal problema es que es difícil de cuantificar individualmente, debido a la falta de concreción del recorte del gasto que supondrá la aplicación del componente. Esto último hace que sea difícil anticipar las medidas que podrían tomar los futuros jubilados para mejorar la cuantía de su pensión”, advierten.

¿Y si no salen las cuentas? Plan B

El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno pretende articular para afrontar el incremento del desembolso en pensiones motivado por la jubilación de la cohorte de población del baby boom podría ser insuficiente para afrontar la década más dura de tensionamiento financiero de la Seguridad Social. Así lo asume el propio Ejecutivo que, además del incremento generalizado de las bases de cotización en 0,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2032 (cifra que se ha elevado al 0,6% en la última propuesta presentada), ya prevé en su propuesta legislativa una segunda y tercera vía para embridar el gasto en prestaciones: un ajuste de hasta 5.000 millones de euros en pensiones y una nueva subida de cotizaciones por valor de otros 5.000 millones de euros.

Así se desprende del borrador presentado por el Ejecutivo a los agentes sociales con la propuesta y al que ha tenido acceso elEconomista, donde se asegura que si desborda el nivel de gasto y supera las previsiones que realizará la Comisión Europea en su informe Ageing Report de 2024, cuando las estimaciones ya descontarán los cambios normativos sujetos a la reforma de pensiones que se terminará de desplegar en 2023 -según el calendario que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, ya se podrá perfilar la necesidad de financiación concreta de cara al año 2050.

“A partir de 2032, y con una periodicidad trienal, se verificará si, de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report de la Comisión Europea o documento análogo, el nivel de gasto en 2050 supera la previsión para ese año del citado informe una vez descontado el efecto que habría tenido el derogado factor de sostenibilidad”, apunta Moncloa en su propuesta.

De este modo, el documento refleja que si el nivel de gasto supera el citado umbral se podrán adoptar medidas de contención que en suma equivaldría a 0,8 puntos porcentuales del PIB, entre aumento de ingresos y reducción del gasto en prestaciones. Es decir, esos 10.000 millones de euros anteriormente mencionados.

Como primer paso para atajar el desequilibrio financiero, la Seguridad Social prevé una disposición del Fondo de Reserva equivalente a 0,2 puntos del PIB, es decir, se añadirían unos 2.500 millones de euros al remanente presupuestario destinado a esta partida -de 150.000 millones de euros para 2022 solo en prestaciones contributivas-.

De superar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social ese 0,2%, o 2.500 millones, se abriría la doble vía para embridar el déficit.