‘Deberes y obligaciones’ a seis meses para el primer examen de Bruselas
Aseis meses para que el Gobierno afronte el primer examen en Bruselas para estudiar los avances en las reformas comprometidas como contrapartida para la llegada de los fondos para la reconstrucción, y claves para la recuperación económica, son varios los frentes en un horizonte tan cercano que exige, quizá, una celeridad poco recomendada para abordas cambios estructurales del calado como el que supone la reforma del sistema público de pensiones o la reforma laboral, recientemente sustanciada en el diálogo social
Si bien el Ejecutivo ha puesto el acelerador en las negociaciones, la segunda parte de la reforma de pensiones parece encontrar obstáculos más complejos de sortear que en las medidas planteadas la primera fase aprobada en diciembre. También la reforma laboral afronta una fase definitiva en el trámite parlamentario que podría modificar el texto previamente acordado con las posibles consecuencias de ruptura del pacto con patronal y sindicatos.
Precisamente, el éxito de esa segunda fase de negociaciones para la reforma de pensiones dependerá de la aproximación que logre el Gobierno con la patronal en el terreno de la senda de destope de las bases máximas de cotización, que podría llegar a los 60.000 euros en un periodo de 30 años según tanteó el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá -una medida que iría acompañada de un proporcional incremento de la cuantía de la pensión máxima de jubilación tal y como el Ejecutivo ha trasladado a Bruselas en los componentes correspondientes-. Y también el Ejecutivo deberá esforzar el apoyo de los sindicatos para el apoyo en la ampliación de los años cotizados para el cálculo de la cuantía de las prestaciones, que ya han advertido no firmarán.
Por otro lado, la Seguridad Social también deberá acelerar junto con el Ministerio de Economía los preparativos para la activación definitiva del fondo público de pensiones. Con el reglamento ya negro sobre blanco, el Ejecutivo deberá en las próximas semanas iniciar los trámites de las subastas a concurso para la adjudicación de las compañías gestoras y depositarias que administrarán los ahorros de los trabajadores en el nuevo instrumento de previsión social complementaria. Punto que también será revisado en el examen de junio que activaría la llegada de los 6.000 millones de euros correspondientes a los fondos Next Generation que llegarían a España procedentes de Bruselas.
Por último, con una fuerte oposición por parte del colectivo de autónomos, el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá tendrá que sustanciar en estos meses un sistema de cotización por ingresos reales para el colectivo de trabajadores por cuenta ajena, que supondría un eventual incremento de prestaciones futuras a cambio de una basculación de las cotización sobre el rendimiento neto.