Las jubilaciones anticipadas en España retroceden un 20% por el ‘efecto Escrivá’
El volumen de retiros prematuros del mercado laboral se reduce en un 8% solo en el último ejercicio con la propuesta de reforma de los incentivos y penalizaciones sobre el adelanto y el retraso del momento de la jubilación.
El efecto Escrivá ya se deja notar en el número de jubilaciones anticipadas notificadas en nuestro país en el último año. Concretamente, desde que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compareciese en febrero de 2020 en la Comisión del Pacto de Toledo para abordar los planes del Gobierno sobre la necesaria reforma del sistema público de pensiones, el número de jubilaciones anticipadas en nuestro país se ha visto reducido en 9.530 personas, pasando de los 121.479 retiros previos a la edad legal de jubilación a los 111.949 anotados al cierre del pasado 2020. Es decir, solo en el último año este modelo de jubilación fue elegido por un 8% menos de trabajadores. Más allá, si nos remontamos a 2018, cuando el Pacto de Toledo ya perfiló las recomendaciones para la reforma apuntando la necesidad de aproximar la edad legal a la edad real de jubilación, en torno a los 64,5 años, esta modalidad de retiro anticipado a caído en 30.165 personas, lo que supone un 20% menos.
Cabe recordar que las medidas impulsadas por el Gobierno y que se han incluido como parte de la primera pata de la reforma de pensiones se apoyan en el mandato de los partidos representados en el Pacto de Toledo, que en la duodécima recomendación que aborda la edad de jubilación sostiene que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida” y que “es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación”, es decir, incentivar la demora.
Es precisamente estos dos ámbitos sobre los que se ha trabajado en el acuerdo firmado al comienzo del verano con los agentes sociales: por un lado se endurecen los supuestos más extensos de jubilación anticipada y, por otro, se amplía el catálogo de incentivos del sistema público por demorar el retiro más allá de la edad legal de jubilación, en los 66 años para 2021.
Reforma del modelo
De este modo, bajo la constatación de que el actual esquema de desincentivos para la jubilación anticipada beneficiaba a las rentas altas, el Ejecutivo plantea un endurecimiento de los coeficientes reductores en los dos primeros meses, es decir, el mes 24 y 23 antes de la edad de jubilación. Aquí, la propuesta de penalizaciones que debería estar aprobada por el Congreso antes de finalizar el año agrava las reducciones hasta llegar a un 21% en función del número de años cotizados. Además, para hacer frente a esta desigualdad en el acceso a al retiro prematuro por motivos de renta, el Ejecutivo plantea que estos porcentajes no se descuenten sobre la base reguladora de la pensión, sino directamente sobre la cuantía resultante.
Este, precisamente, es el elemento fundamental que hacía el modelo regresivo pues en rentas por encima de la base máxima de cotización, estas reducciones aplicadas sobre la base reguladora hacía que en muchos casos la penalización aún dejase una base reguladora lo suficientemente elevada como para aún después de aplicar los coeficientes mantener el derecho a la pensión máxima, actualmente topada en los 2.707 euros mensuales. Según los datos de Seguridad Social, el anticipar dos años la jubilación afectaba de media en un 4% a las rentas altas, mientras que para un sueldo medio esta merma asciende al 12%.
Por el otro lado, estaría la mejora de los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación. Así, según ha explicado el Gobierno, se ofrecerán tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.
La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas. Con esta medida, además, se lograría retener en el mercado laboral a los perfiles con trabajos de menor penalidad y con mayor capacidad de aportación en términos de cotizaciones sociales.
El coste del jubilado anticipado
En este sentido, las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.
Ahora bien, más allá del impacto sobre el déficit, según los datos publicados por la Seguridad Social en su cuadro presupuestario de 2021, cada año se jubilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (media de los últimos cinco años sin contar 2020). Teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en nuestro país en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el porcentaje de retención medio es del 36,25%, se deduce que las aportaciones medias de cada uno de esos jubilados de manera anticipada asciende a 8.700 euros. Teniendo en cuenta que este trabajador sale de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.
Mayores prestaciones
Cabe recordar en este punto que el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. La explicación a esta medida, aseguran los expertos, está en que los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal de jubilación. Esta medida, más allá de estar recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se torna en crucial teniendo en cuenta la coyuntura del mercado laboral, afectado aún por trabajadores envueltos en Ertes parciales o totales.
Como advierten desde la consultora Mercer, el paso natural de los Ertes enquistados en el tiempo, es pasar al ERE, que incluye la fase de despidos. Sin embargo, desde la compañía que asesora en planes de ahorro para empresas y particulares aseguran que los planes de rentas o planes de prejubilación se plantean como una solución muy eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral que necesita la recuperación económica. De media, las empresas aplican estos planes de prejubilación a sus empleados entre los 57 y los 63 años, que perciben entre un 75% y un 80% de su salario neto.