La salud financiera del sistema de pensiones mejora un 80% en tres años

A pesar de las dificultades financieras que ha atravesado la Seguridad Social durante el pasado año y medio de pandemia, siendo el principal organismo público a cargo del despliegue del denominado escudo social para soportar la crisis, las medidas aplicadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones parecen estar mejorando a marchas forzadas la salud financiera de la administración encargada del sistema público de pensiones en nuestro país. Concretamente, en términos de salud financiera, la mejora desde el 2018 es del 80%, que es la rebaja de las necesidades de financiación previstas para la Seguridad Social en 2022, en comparación con al momento de la llegada del Gobierno socialista.

Esta es al menos la conclusión que se extrae de los cálculos elaborados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social compuesto por un nutrido grupo de catedráticos universitarios que realizan el ejercicio de estimar, con la fórmula del famoso Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado por el PP –que situaba el tope de revalorización en el 0,25% en caso de déficit en el Sistema hasta alcanzar el equilibrio presupuestario– peros sin topes, es decir, cómo debería comportarse el gasto en prestaciones para sostener el presupuesto sin incurrir en déficit en la diferencia entre ingresos y gastos.

De este modo, si adoptamos el IRP como el baremo para medir esta salud financiera de la Seguridad Social, se observa como en 2018, el equilibrio del sistema demandaba rebajas del gasto en prestaciones del 2,58%, mientras que la estimación se sitúa en 0,5% para 2022. Es decir, esta necesidad de reducción de gasto para alcanzar el equilibrio presupuestario se ha rebajado en 80 puntos porcentuales en los últimos tres años. Es más, según los cálculos del Grupo de Investigación, para 2024 este IRP estimado sería cero, de modo que para el equilibrio del Sistema no sería necesario rebajar el gasto pues los ingresos recibidos, principalmente por la vía de las cotizaciones sociales, sería suficiente para la cobertura de los gastos.

“Tras la liquidación presupuestaria provisional de 2020, el IRP estimado para 2021 continuó mejorando y se situó en -1,36%, impulsado por la aportación de ingresos adicionales vía transferencias extraordinarias del Estado, 14.002 millones (RDL 19/2020) y 6.000 millones (RDL 34/2020)”, señalan los autores del estudio. En 2021 estas transferencias ya serán ordinarias porque están incluidas en el presupuesto de la Seguridad Social como “Transferencias para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020”, por importe de 13.929 millones de euros. “Pero es muy posible que no sean suficientes y tengan que complementarse con transferencias adicionales”, señala el documento al cual ha tenido acceso elEconomista Pensiones.

Destope del IRP

De este modo, el valor del IRP sin topes, es decir, sin tener en cuenta los límites máximo y mínimo que figuran en la Ley 23/2013, se situaría en -0,37%; mejor al calculado con topes, ya que en este último caso estamos suponiendo que en 2022 y en los años sucesivos el IRP será del 0,25%, mientras que en el caso que analizamos ahora el IRP de 2022 y siguientes sería inferior al 0,25%; concretamente de -0,08% en 2023, 0% en 2024, etc.

Cabe recordar, eso sí, que se trata de un ejercicio teórico ya que el impacto de esta medida, sobre la revalorización de las pagas, ya ha sido eliminado el reciente acuerdo entre Gobierno y agentes sociales para la primera parte de la reforma de pensiones, que incluye la derogación del IRP y la vinculación de las pensiones a la inflación para su actualización anual. Aún así, el IRP adelantado para el año 2022 se sitúa en el -0,51%, bastante mejor que el de 2021 que fue del -1,36%. “Esto indica una mejor situación financiera del sistema de pensiones español debido a las transferencias extraordinarias del Estado, primero para compensar los efectos económicos asociados a la Covid, y en 2021 como mandato del Pacto de Toledo”. Concretamente, esta necesidad de financiación o de reducción de gasto será en 2022 tres veces menor que este año.

Claves de la mejora

Entre medias de esta importante mejora del indicador de salud financiera se advierten al menos dos hitos: el primero es el impacto de la pandemia que será sorteado con cierta brevedad por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, que si bien acumula gastos en ayudas, exenciones y prestaciones por la pandemia de más de 60.000 millones de euros en el último año y medio, también recibirá financiación extraordinaria procedente de los Presupuestos Generales del Estado para su cobertura, por un lado; y la implantación anticipada de alguna de las medidas acordadas en la reforma de pensiones que serán aprobadas en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados, pero que ya se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2021 y también en cierta medida en las Cuentas de 2020 con la ampliación de los préstamos del Estado a la Seguridad Social como financiación extra.

Concretamente, el principal movimiento para lograr esta fuerte rebaja de las necesidades de financiación o desequilibrios del sistema de pensiones reside en la medida de separación de fuentes de financiación iniciada por el Ejecutivo hace ya un año y que se culminará en 2023 con la separación de la totalidad de los denominados como gastos impropios de la Seguridad Social, que en su conjunto ascienden a una factura anual de 23.000 millones de euros, y que a partir de ese momento ya no computarán como gastos del Sistema sino que se cargarán al déficit del Presupuesto global. Así, el Gobierno hará una transferencia de 18.000 millones a la Seguridad Social en 2022 para afrontar los gastos impropios tal y como aprobó el Consejo de Ministros –se incorpora una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 18.396 millones de euros para 2022–, cifra que es un 32,1% superior a la transferencia “equilibradora” realizada en el Presupuesto de este año y que ascendía a 13.929 millones por estos pagos ahora asumidos por el Estado.