La reforma de pensiones vuelve al terreno político, un terreno que deberá ‘sortear’
La reforma de pensiones continúa su curso. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros antes del parón de agosto del primer paquete de medidas que compondrá la reforma del sistema -una vez consensuado en una ardua negociación en la mesa de diálogo social-, los documentos con los acuerdos adoptados en el plano técnico basados en el mandato de los partidos políticos en la comisión del Pacto de Toledo ya se encuentran en el Congreso. Sin embargo, esta nueva fase para terminar de lanzar la primera pata de la reforma no será tan sencilla como pudiera parecer.
En primera instancia, el proyecto de ley impulsado en el Congreso con los puntos clave de la reforma de pensiones no debería de encontrar oposición en la Cámara Baja: cabe recordar que el acuerdo de recomendaciones del Pacto de Toledo fue apoyado por todas las fuerzas políticas, con la abstención de Vox. Y como estas medidas se incluyen en los aspectos a tratar por parte de los partidos, la aprobación ahora no debería encontrar obstáculo.
Sin embargo, el exitoso acuerdo de octubre de 2020 en el Pacto de Toledo se ha visto enfangado ya por varias polémicas surgidas a raíz de dos medidas que pueden afectar directamente a la cuantía de las prestaciones de jubilación que otorga la Seguridad Social: la eventual elevación a 35 años cotizados el periodo de cálculo para la pensión desde los 25 años actuales y la introducción de un factor de equidad intergeneracional que mitigue el fuerte repunte de gasto previsto para los años de jubilación de la generación del baby boom. Así como la reforma anunciada del Reta, que también traería consecuencias en la futura pensión de los autónomos, que pasarían a cotizar en función de sus ingresos reales, basculando así las futuras pagas -se incrementará para quienes cotizan por debajo de rendimientos netos y deberá aportar más, y se verá mermada para quienes producto de esta nueva fórmula vean reducida su cuota mensual a la Seguridad Social-.
Así, los partidos políticos de la oposición ya han mostrado reticencias tanto al nuevo sistema que propone el Gobierno para autónomos que deberá ser incluido, al menos su armazón, en el proyecto de ley que se cursará en estos meses en el Congreso, así como la aprobación de un factor de equidad intergeneracional. En este caso, también la patronal y los sindicatos salieron en tromba para censurar esta opción de introducir algún elemento para equilibrar el presupuesto en los años de mayor tensión financiera y que el ministro José Luis Escrivá salió a corregir rápidamente tras asegurar que supondría o una merma de la pensión o un alargamiento de los años de trabajo. Así, el Gobierno deberá volver al terreno político para sustanciar estos flecos pendientes. La fecha límite impuesta por el Ejecutivo es el 15 de noviembre y si no deberá legislar para no comprometer la llegada de dinero de los fondos europeos para la reconstrucción.