Pensiones: hay que ajustar el gasto

Vienen curvas, vaya que si vienen. La reforma de las pensiones que debe aprobar Bruselas promete crearle más de un dolor de cabeza al ministro José Luis Escrivá. De momento lleva días calentando el ambiente, generando ruido y diciendo digo donde dije diego.

Ahora estamos a vueltas con la subida de las cotizaciones sociales y con aumentar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión. Escrivá se va a ganar a pulso el enfado de la calle, el cabreo de los sindicatos y ¿conseguirá la solvencia y sostenibilidad del sistema de pensiones? Al menos, lo que sí hará es ganar puntos para que Bruselas apruebe la reforma y libere más dinero procedente de los Fondos de Reconstrucción Europeos.

Europa urge desde hace tiempo a que se pongan ya en marcha medidas como evolucionar paulatinamente hacia el cómputo de toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión de los nuevos jubilados. Aunque se trata de un paso que inevitablemente supondrá una reducción de los subsidios, es un paso también hacia un sistema más justo para todos. Los estudios más recientes de los expertos prevén que el paso de los 25 años que ahora se tienen en cuenta a los 35 años supondrá una rebaja del 8,6% en las pensiones de los asalariados y de un 10% en lo que respecta a los autónomos. ¡Qué rejonazo!

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , José Luis Escrivá, estudia además el subir las cotizaciones sociales. Primero dijo que la subida sería de un 0,5%, luego habló de un 0,6% que se repartiría entre el empresario -un 0,4%- y el trabajador -un 0,2%- pero aún está en el aire. ¡Ojo que siempre dijo que sería una medida temporal y no estructural! ¿Usted se lo cree? ¡Admito apuestas! Aún así, venda como nos lo venda Escrivá, que diga que lo paga uno o lo asume el otro: quien lo paga siempre es el trabajador ya que sale del grueso del salario bruto.

Claramente ambas -el subir las cotizaciones sociales y el tener en cuenta 35 años de nuestra vida laboral para calcular la pensión de jubilación- son medidas impopulares. Los sindicatos se oponen claramente, pero Bruselas apremia. El Gobierno tendrá que meter un acelerón en éstos temas y también en otro asunto clave: la creación del fondo público de pensiones para fomentar el ahorro complementario y la reforma de la cotización de los autónomos. Son exigencias necesarias para recibir el maná europeo, pero sobre todo para asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social.