La reforma del disenso

La de las pensiones es una cuestión de capital importancia y necesario consenso. Y no es de ahora, sino de hace bastante tiempo. Y no solo en España, sino en toda Europa, entre otras geografías.

Por ello, inspirándose especialmente en los trabajos de las autoridades suecas que acabarían conduciendo a la radical reforma del sistema de Seguridad Social de ese país hace más de 20 años, se aprobó por el pleno del Congreso de los Diputados español en abril de 1995 el denominado Pacto de Toledo, con el apoyo de todos los partidos políticos, para el análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse. Y dio lugar a la creación de la Comisión así denominada, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios.

A los problemas de aumento de la longevidad y descenso de la natalidad que auspiciaron su creación, se ha sumado no solo un agravamiento de tales problemas, como el inminente inicio de la jubilación de las nutridas cohortes de la generación del baby boom español, nacidas entre 1958 y 1977, sino también otros factores, circunstanciales o no, tales como la tardía incorporación al mercado laboral de los más jóvenes, la persistente contención de los salarios, las elevadas tasas de paro y, en cierta medida, la crisis sanitaria y sus consecuencias para nuestra economía.

Pese a las sucesivas reformas parciales habidas, como las de 2011 y 2013, el problema se ha ido agravando más y más en la última década, con la entrada del sistema en un déficit creciente a partir de 2011, sufragado por sucesivos préstamos del Estado cada vez mayores, y con el práctico agotamiento del fondo de reserva popularmente conocido como la hucha de las pensiones.

Por todo ello, pese al inicial fiasco de 2019, la comisión parlamentaria alcanzó finalmente un acuerdo en 2020 sobre recomendaciones para una nueva reforma del sistema, ratificado por el pleno, que posteriormente ha dado lugar al Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas que, según lo anunciado, constituye una primera fase de la reforma. Este se encuentra actualmente en tramitación en las Cortes con vistas a su entrada en vigor en menos de dos meses, con accidentadas negociaciones previas del Gobierno con patronales y sindicatos (previas y paralelas, pues faltaba la cuestión pendiente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, con el que se quiere sustituir al aplazado y nonato Factor de Sostenibilidad) y siempre bajo la atenta y exigente mirada de la Comisión Europea.

Por otro lado, pese al relativo calado de las medidas contempladas en el referido proyecto frente a las adoptadas hace ya tiempo en otros países como Suecia y el Reino Unido, el proyecto ha generado una severa contestación popular, de la que el último jalón es el manifiesto por el blindaje constitucional de las pensiones frente a cualesquiera recortes firmado por numerosas y relevantes personalidades del mundo de la cultura, publicado a tres páginas en periódicos de gran tirada, con convocatoria de manifestación incluida.

Por su parte, los principales medios de comunicación vienen echando leña al fuego con un aluvión de reportajes, noticias y artículos de opinión firmados por expertos de toda laya que no solo presentan notables divergencias en el diagnóstico de la situación en cuanto a datos y en cuanto a proyecciones, sino que también propugnan todo tipo de alternativas contradictorias.

Por no mencionar el posicionamiento de las asociaciones de operadores del mercado de la previsión social, tales como la de las gestoras de fondos de pensiones, la de las aseguradoras y la de las mutualidades.

Con tanto movimiento, resulta imposible hacerse una idea de la magnitud real del problema y de cuáles puedan ser las mejores medidas a arbitrar.

Lo que sí sabemos, a tenor de las manifestaciones de unos y otros, es que el acuerdo con los agentes sociales es precario e inconcluso.

Lo que sí sabemos es que, abstracción hecha de la cuestión de su mayor o menor idoneidad y calado, la reforma sobre la mesa no parece que pueda y vaya a llevarse a cabo con las mayorías amplias o unanimidad entre las fuerzas políticas que la cuestión requiere, por desentendimiento entre unos y otros, lo que plantea además su posible cuestionamiento en posteriores legislaturas con nuevas mayorías parlamentarias, como se hace ahora con la del PP de 2013.

Lo que sí sabemos es que, pese a todo, pretende sacarse adelante por el Gobierno en el Parlamento en un tiempo récord, sin el necesario o incluso imprescindible nivel de sosiego, deliberación y debate (de hecho, el proyecto de ley contiene graves ambigüedades y contradicciones).

Lo que sí sabemos es que, quienes dicen hablar en nombre de la calle, sueñan con un quimérico blindaje constitucional de las pensiones, como si su plasmación sobre el papel fuera a sortear y conjurar por sí solo, sean cuales sean los recursos disponibles que se puedan allegar, la problemática económica real debajo latente.

Y sabemos del alarmismo de la prensa, las discrepancias de los expertos, las quejas de los operadores en el mercado de previsión social...

Definitivamente, en cuestión tan importante puede decirse que estamos ante la reforma del disenso en lugar de, como debiera, la del consenso. ¡Y no nos olvidemos del tijeretazo indiscriminado que fue impuesto por Europa a Grecia por no hacer los deberes!