Moncloa reducirá la penalización a más de 45.000 jubilados anticipados
La propuesta del Gobierno para aumentar la edad efectiva de jubilación con un nuevo esquema de coeficientes reductores de la pensión prevé hasta 96 supuestos en los que el trabajador podrá acceder a la jubilación, pero solo endurece las reducciones en la pensión en 8 casos, es decir, menos del 10%.
El pasado año 2020 se produjeron en España un total de 285.870 altas de jubilación en la Seguridad Social. De ellas, 109.581, es decir, un 38,3% se produjeron antes de los 65 años, la edad fijada por ley para el retiro en el pasado ejercicio. Y de estas últimas, 54.000 altas de jubilación anticipada se produjeron de forma voluntaria, es decir, un 49,2% de todas las altas prematuras en el sistema de jubilaciones de la Seguridad Social.
Ahora bien, según la reforma de pensiones que está abordando el Gobierno con los agentes sociales en estos momentos, el alineamiento de la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la edad legal (66 años en 2021) descansa en una reforma de las penalizaciones por la salida anticipada del mercado laboral y de los incentivos para mantenerse en el puesto de trabajo por encima de la edad establecida por ley para el retiro. Y según la propuesta de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa de diálogo social y a la que ha tenido acceso elEconomista, el 90% de los trabajadores que quieran ir a la jubilación anticipada de forma voluntaria verán reducida su penalización con la propuesta del Gobierno, unos 45.000 empleados tomando la cifra de 2020.
Concretamente, el pliego de coeficientes propuesto por el Gobierno ya recoge una flexibilización al aumentar el número de supuestos en los que el trabajador abandona el mercado laboral antes de cumplir los 66 años dentro de un periodo de dos años –en España la ley permite la jubilación anticipada 24 meses antes de alcanzar la edad legal que se establezca en cada momento–. De modo, que si actualmente los coeficientes se aplican por trimestres (por lo que son 8 los supuestos de reducción con diferentes coeficientes, y a la baja a medida que se aproxima a la edad legal) ahora serán 24 los supuestos, por lo que se flexibiliza la elección del empleado en función de la penalización que esté dispuesto a asumir. Además se establecen cuatro criterios según los años cotizados –menos de 38 años y 6 meses; más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses; más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses; y más de 44 años y 6 meses cotizados–, por lo que las posibilidades de retiro voluntario ascienden a 96 (diez veces más que ahora) y solo en 8 casos el coeficiente propuesto por el Gobierno endurece el ahora establecido.
¿Cuándo se agrava la penalización?
Es más, si bien es cierto que la medida busca ganar ese año a la edad efectiva de jubilación, solo en los primeros meses de la anticipación se agravan las penalizaciones. En este sentido, aunque fuentes oficiales apuntan que no se ha mapeado las pensiones que abandonan en esos meses primeros, cabe recordar que uno de los argumentos de esta parte de la reforma descansa en que son las rentas altas las verdaderas beneficiadas de este esquema de desincentivos.
El principio argumental es claro: las penalizaciones en las pagas de jubilación se aplican sobre la base reguladora del eventual beneficiario de la pensión. Si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión es del 2% en las rentas altas que adelantan dos años su retiro -serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales-. Mientras que en las rentas medias la penalización media asciende al 6,5%, según estimaciones de la Seguridad Social. En el caso de una base media con 36 años cotizados la penalización por una abandono del mercado laboral a los 63 años en lugar de a los 65 años, el porcentaje de reducción sobre la pensión asciende al 8%. En ambos casos, se considera como base media de cotización 19.200 euros anuales.
Cabe recordar que actualmente el sistema de penalizaciones en la jubilación anticipada voluntaria por trimestre se sitúa para un período de cotización menor de 38 años es del 2% de coeficiente de reducción; entre 38 y 6 meses y 41 años es del 1,875%; para un período de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses si sitúa en el 1,7%; y para un período de cotización a partir de los 44 años y 6 meses sería del 1,625% de coeficiente reductor que se aplicaría sobre la base reguladora. Por ello, otro de los puntos de la reforma de las jubilaciones anticipadas voluntarias es precisamente la aplicación de estos coeficientes reductores no sobre la base reguladora como ocurre en este momento sino directamente sobre la pensión, descontando el porcentaje a reducir sobre la cuantía final. De modo que el descuento a aplicar no se vería atenuado en la base reguladora sino que se aplicaría a la paga.
La razón económica
Según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal. En el agregado, el impacto para el Sistema, Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.
Según los datos publicados por la Seguridad Social, cada año se jubilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (media de los últimos cinco años sin contar 2020). Teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en nuestro país en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el porcentaje de retención medio es del 36,25%, se deduce que las aportaciones medias de cada uno de esos jubilados de manera anticipada asciende a 8.700 euros. Teniendo en cuenta que este trabajador sale de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.
Cabe recordar en este punto que las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación.