Jubilación anticipada: así eliminará el Gobierno 18.000 millones de gasto en pensiones
La reforma que prepara el Gobierno para el sistema de jubilaciones en España resultará siendo doblemente beneficioso para la Administración, que podría matar dos pájaros de un tiro en lo que a la reforma del sistema público se refiere. Parece evidente que el Ejecutivo no ha sabido explicar esta medida con la concreción y la proyección que puede tener el medio plazo. En primer lugar, las medidas propuestas suponen un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas en un solo término: se aplicarán los coeficientes reductores de la pensión directamente sobre la cuantía de la paga a percibir y no sobre la base reguladora como hasta ahora. Lo que eliminaría el factor regresivo de que la penalización final sea mayor a menores niveles de renta.
Pero a partir de aquí, la historia cambia y, principalmente, beneficiará a estos trabajadores con rentas medias que quieren salir anticipadamente del mercado laboral, al menos en términos de posibilidades y opciones para llevar el movimiento a cabo: más flexibilidad que hasta ahora. Concretamente, el Gobierno abre un abanico de hasta 96 posibilidades en función de los meses de anticipación del retiro y de los años cotizados por el trabajador, con sus distintos coeficientes reductores. Y un abanico en el que tan solo se endurece la salida laboral en los primeros meses de la anticipación y se reduce en el 92% de casos restantes.
Entonces, ¿cómo se beneficia el sistema de la medida? Lo que pudiera parecer una rebaja de coeficientes y una invitación al abandono del mercado esconde una jugada maestra, no de carácter político y normativo, sino conductual y de conocimiento de los impulsos humanos en torno a las decisiones económicas. La de la jubilación es una de esas decisiones. Y para aquellas personas que se encuentran en situación de planificar el retiro anticipado con perspectiva de hacerlo 24 meses antes, y que se ven más penalizados en los primeros meses, pueden tener la tentación de sortear esos coeficientes más altos y esperar un poco en el puesto de trabajo. Una espera que en el entorno laboral que si se prolonga durante medio año para evitar esta penalización, puede incentivar una estancia algo mayor teniendo en cuenta que para ese ejercicio, durante esos meses, ya se habrán generado derechos de vacaciones y de remuneraciones en función del puesto. Por lo que ese agravamiento solo de los primeros meses podría ser suficiente para que el trabajador alargue hasta el año y la anticipación pase de 24 a 12 meses.
Aquí, pese a la flexibilización del modelo, el Gobierno estaría cerca de ganar ese año de gap entre la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la legal (66 años). Según los cálculos del ministerio, de elevarse la edad real de jubilación en dos años -la edad legal será de 67 años en 2027- implicará un ahorro por la vía de los ingresos de 1,5 puntos del PIB, es decir, unos 18.000 millones de euros.