La despoblación ya asola el 50% de las provincias españolas

Casi la mitad de las provincias de España han sido víctimas de la despoblación y el desmantelamiento económico en los últimos 70 años. La transformación de la economía nacional, desde un sistema productivo dependiente de la agricultura a otro más intensivo en industria y, ahora, totalmente dependiente del sector servicios (ya no tenemos apenas industria o agricultura sobre PIB), ha hecho mella en el poderío económico y demográfico de muchas regiones. Las provincias con ventajas competitivas para los servicios (transporte, playa, buen clima, buena posición geográfica...) han ido ganando peso frente a las que se encontraban en una situación más compleja. Ahora, esta España despoblada que tiene un pasado en un común, parece presentar tres futuros diferentes: uno que crece, otro que se estanca y un último que camina hacía la cuasi desaparición.

Esta conclusión se desprende del trabajo La despoblación de la España interior, editado por Funcas y realizado por los economistas Eduardo Bandrés y Vanessa Azón. Estos expertos señalan señalan en su trabajo que 23 provincias han perdido alrededor de la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en España desde 1950. Todas ellas cumplen los dos criterios adoptados para ser incluidas en la que se ha denominado la España despoblada: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener un densidad por debajo de la media nacional.

Excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían la España despoblada son las nueve de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), las tres de Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), cuatro de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), las dos de Extremadura (Badajoz y Cáceres), dos gallegas (Lugo y Ourense), dos andaluzas (Córdoba y Jaén) y La Rioja.

La España del ‘cambio’ económico

Aunque población española se ha multiplicado por 2,5 desde 1900, al pasar de 18,6 millones de habitantes a superar los 47 millones, la distribución territorial de este crecimiento no ha sido homogénea. La mecanización de la agricultura (fuerte incremento de la productividad en el campo), la industrialización y la urbanización provocaron, a partir de los años 50, intensos movimientos migratorios desde las zonas rurales a las grandes ciudades, según se desprende del informe publicado por Funcas. “La pérdida de población se concentró entre los jóvenes y en general entre las personas en edad de trabajar, lo que acarreó un envejecimiento de la pirámide demográfica de los que permanecieron y, a la larga, un crecimiento vegetativo negativo”, explican los autores del documento.

Esta pérdida de población es la que a su vez ha provocado en mayor parte que estas provincias pierdan peso en la economía nacional, lo que no ha impedido que en términos de renta per cápita mantengan posiciones similares al pasado o incluso hayan reducido distancias con la media nacional (convergencia entre regiones). Aunque hace 70 años todas estas zonas tenía una demografía más favorable, el elevado preso de la agricultura desembocaba en una renta per cápita menor que las de otras zonas más intensivas en otros sectores, como mostraban desde Fedea en un trabajo publicado en 2020.

En el trabajo de Funcas también confirman esta convergencia per cápita como “una de las consecuencias más comunes de los procesos migratorios internos... El menor crecimiento económico observado en buena parte de las provincias de la España despoblada se amortigua en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) per cápita (que es un proxy del PIB) por la intensa pérdida poblacional, y lo contrario sucede en las provincias más dinámicas. En 1950 la ratio entre el VAB per cápita de las dos provincias que ocupaban la primera y la última posición en el ranking, Madrid y Cáceres, era 4,5; en 2017 esa misma ratio, en este caso entre Álava y Cádiz era 2,1”, según señalan estos expertos.

Por otro lado, las provincias que han padecido la despoblación con mayor intensidad son también las que tienen mayores tasas de envejecimiento, cerca de 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional (que es del 16%) en términos de población mayor de 65 años y menos población joven, entre 7 y 9 puntos por debajo del 21%, que es el promedio del país.

Con estos datos sobre la mesa y en conjunto, las 23 provincias tenían en el año 1950 el 34,1% de la población española (incluyendo aquí capitales y ciudades de más de 50.000 habitantes) y generaban el 26,7% del VAB y el 33,5% del empleo total; en la actualidad acogen el 18,1% de la población, producen el 16,1% del VAB y aportan el 17% del empleo. La mayor parte de su pérdida poblacional y económica tuvo lugar en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado y, de forma menor, en los 80. Desde 1991 se detecta una estabilización de la población con un leve aumento en la primera década de este siglo.

Tres velocidades en la España despoblada

Pese a compartir muchas características, la España despoblada presenta algunas diferencias que permiten dividir a estas provincias hasta en tres grupos por las diferencias demográficas y económicas dentro de ella: una España despoblada que decrece, una España despoblada que se estanca y una España despoblada que remonta. La España despoblada está tomando caminos diferentes, tres velocidades que tienen mucho que ver con las diferencias en sus tejidos productivos, pero también con la cercanía a grandes ciudades y a los grandes núcleos urbanos.

La España despoblada que decrece (primer grupo), es el núcleo duro de la despoblación. Lo forman Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel. Cuenta con los peores registros demográficos: ha perdido más población que los demás, tiene menos densidad de habitantes por km2, una población más envejecida y un efecto añadido: una muy fuerte destrucción de empleo. Estas provincias han seguido perdiendo población en el siglo XXI con dos excepciones, Salamanca y Segovia.

El segundo grupo, la España despoblada que se estanca, lo integran las provincias más pobladas, que, si bien sufrieron importantes procesos migratorios, no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de población joven: Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén. Su principal desventaja en comparación con los otros dos grupos son las variables económicas: escaso peso del sector industrial, bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de paro. Probablemente, el problema no sea tanto demográfico como de reactivación económica y de utilización más productiva de sus recursos.

El tercer grupo, formado por Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, es la España despoblada que remonta. Se sitúa en una posición intermedia en cuanto a indicadores demográficos, con escasa densidad de población y problemas de envejecimiento, pero presenta los mejores registros económicos: un PIB per cápita por encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y, aun habiendo perdido población, la presencia de importantes núcleos capitalinos les ha permitido una creación de empleo positiva.

Los autores explican que aunque las 23 provincias afectadas comparten muchas cosas en común, sobre todo durante el pasado, “la intensidad de la despoblación ha sido muy diferente en unos y otros territorios. Excluyendo las capitales, provincias como Soria, Teruel, Cuenca, Palencia y Zamora están por debajo de los 12,5 habitantes/km2 , que es la cifra que sirve como referencia a la Unión Europea para definir las zonas con ‘muy baja densidad de población’, al haber perdido todas ellas más de la mitad de su población”.

Por otro lado, se encuentran situaciones semejantes en Ávila, Burgos, Segovia, Cáceres, Salamanca, León y Huesca. En cambio, Guadalajara, La Rioja o Valladolid han recuperado en el siglo actual la práctica totalidad de la población perdida, y también se aprecian mejoras en Albacete, Ciudad Real y Zaragoza, de manera que su realidad demográfica es más favorable”.

“En este contexto, las políticas destinadas a aumentar la cohesión territorial deberían tener en cuenta la diferente naturaleza de los problemas de cada uno de los grupos, habida cuenta de sus distintas condiciones demográficas y económicas”, concluyen los autores del informe.