Jubilaciones tempranas, jubilaciones caras
Nuestro objetivo es asegurar la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad del sistema público de pensiones, con cambios que responden estrictamente a las recomendaciones hechas por el Pacto de Toledo. Los pensionistas no van a perder poder adquisitivo. Niego que vaya a haber ningún recorte de las pensiones”.
Fueron los dos mensajes que lanzó el ministro de Seguridad Social en su última comparecencia en el Senado. La idea, según explicó, es que las pensiones vuelvan a ganar poder adquisitivo. En una primera fase, tras el verano, se ligarán al IPC y también se aprobará la penalización de las prejubilaciones.
Escrivá dará prioridad en la reforma al endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. Hasta el punto de que la elevación de sus penalizaciones, sobre la cuantía de la pensión, empezará a tramitarse en septiembre u octubre. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: cerca de 132.000 personas salen de la población activa cada año por la vía de la jubilación anticipada. Este número, unido al propio de las prejubilaciones, es lo suficientemente cuantioso para provocar consecuencias de calado en la Seguridad Social.
Además nos alejamos de un objetivo clave: alargar la edad oficial de retiro que se encuentra fijada, desde enero, en los 66 años. ¿Qué ocurre en la realidad? El momento efectivo en el que los españoles dejan de trabajar se sitúa en los 64,4 años. Hay que sumar otro elemento a tener en cuenta en caso de las jubilaciones anticipadas: la merma de ingresos que supone para la Seguridad Social. En concreto, son casi 1.200 millones lo que el Estado pierde, cada año, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores que se retiran prematuramente no pagarán.
Es un coste nada desdeñable para un sistema sometido, desde hace ya largos años, a la presión por el rápido envejecimiento de la población. Pero la situación amenaza con volverse insostenible en un escenario de crisis como el actual, en el que el batacazo económico ha golpeado fuerte al mercado laboral disparando el desempleo, aumentando la cuantía de dinero que el Estado destina a prestaciones sociales y frenando las afiliaciones a la Seguridad Social.
Es urgente, no podemos demorar más una reforma ambiciosa y profunda del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, como dice el ministro Escrivá. Adía de hoy, con parches poco hacemos, quizás alargar el problema y agrandarlo. ¿Qué me consuela? Que quizás Europa nos dé un empujón: es más que probable que la UE exija abordar el problema cuando antes si queremos recibir el maná de los Fondos de Reconstrucción Europeos.