Cómo la desigualdad de género en el empleo desarbola el sistema de protección social

La desigualdad de género en el empleo está en el centro de los desequilibrios que sufre constantemente el castillo de naipes que estructura el sistema de protección social en nuestro país. Un supuesto de base irracional e inaceptable, la diferencia salarial en los puestos de trabajo de similar responsabilidad, los techos de cristal en las áreas directivas y de mando, se convierte además en la espada de Damocles para una Seguridad Social necesitada de ingresos y de ensanchar la base de cotizaciones y cotizantes para poder desplegar todas las ayudas, prestaciones, pensiones y subvenciones que conforman el colchón de protección y seguridad de los ciudadanos.

Según los economistas, las mujeres ocupadas cotizan cada año a la Seguridad Social 2.138 euros menos de media. Esta coyuntura es relevante en un momento en que precisamente la Seguridad Social adolece de falta de ingresos al tiempo que se encuentra en el momento de mayor despliegue de protección causado por la pandemia atendiendo además de las prestaciones ordinarias, un elevado coste en ayudas urgentes para sostener la renta y mantener los empleos castigados por el Covid. En este sentido, toda aportación es necesaria y los Estados desarrollados o en vías de desarrollo no podrán prescindir de la mitad de la población para lograr los objetivos de crecimiento en el medio plazo.

Clave para poder contar con estas aportaciones de la mujer es el avance en la conciliación familiar. Cabe recordar que en el 98% de los casos son ellas las que ven interrumpida de alguna manera su carrera laboral al tener hijos. Por lo que una conciliación que permitan equiparar estas cargas entre la pareja es uno de puntos cruciales para recuperar el la reducción de buena parte de las desigualdades que se generan el mercado laboral de nuestro país. Y a la postre, recortar las brechas en las cuantías de las prestaciones sociales que perciben tanto ellos como ellas, especialmente llegada la jubilación, donde las diferencias oscilan entre el 37% que se registra en el régimen de autónomos hasta el 51% que presenta el régimen general.

Todo ello redunda en la necesidad de completar cuanto antes el empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo entre las clases más vulnerables, con el fin de dotar a todas las personas de control sobre sus finanzas, necesaria para lograr la independencia personal y poder tener capacidad de decisión. Además, según los estudios este es un aspecto fundamental para generar un entorno de emprendimiento y desarrollo económico. Las mujeres dejan de ganar más de 43.000 millones al año por la brecha salarial, lo que multiplicado por 35 años de vida laboral supera los 1,5 billones de euros, el equivalente al PIB y eliminar las desigualdades de género del mercado laboral aportaría 230.847 millones de euros a la economía española y generaría 3,2 millones de empleos.