Le llaman ‘solidaridad’

En las últimas semanas se habla mucho de la inminente reforma, una más, del Sistema Público de Pensiones. Al parecer, si finalmente se lleva a término, supondrá una vuelta de tuerca adicional para poder parchear nuevamente un modelo que requiere de cambios verdaderamente estructurales que nadie en las últimas décadas se ha atrevido a acometer, seguramente por el altísimo coste electoral que tendrían. El de las pensiones es casi un problema endémico en este país, y es que hablamos de un modelo construido piramidalmente, que adolece de los problemas clásicos en este tipo de estructuras, como cualquier modelo de caja de por sí condenado al fracaso. O dicho de un modo mucho más llano: cuando son más las gallinas que salen que las que entran... Y en el campo de las pensiones públicas en España los retos se denominan longevidad, envejecimiento poblacional, revalorización de las prestaciones e ineficiencia de la administración pública.

Sin entrar al detalle de cada uno de estos elementos, que para ello hay en estas mismas páginas expertos mucho más duchos, sí me gustaría hablar de un término que se viene utilizando en las últimas semanas y que creo va a dar mucho de lo que hablar. Me refiero a la denominada solidaridad intergeneracional. El punto interesante del debate en este momento está en la decisión o no de abolir el denominado factor de sostenibilidad, aprobado por el Gobierno Rajoy, pero dilatado conscientemente para que entrara en vigor años después, como, por otro lado, hizo el Gobierno actual. Este mecanismo venía supuestamente a atajar problemas de sostenibilidad del sistema, en la medida que ejercería de factor corrector en función de la esperanza de vida de cada momento. Corrección a la baja y, por tanto, minorando las prestaciones. De ahí que ni el Gobierno anterior ni el actual se hayan atrevido a ponerlo definitivamente en marcha, una decisión profundamente injusta con aquellos que hasta ahora han sostenido el sistema.

Ahora, el ministro del ramo, el señor Escrivá, ha declarado en varios medios, entre ellos en este mismo, que “sin ninguna duda se derogará, pero que aún trabaja en diseñar el nuevo mecanismo que ha denominado de solidaridad intergeneracional. El término suena bien, no puede negarse, pero tras él, poco encontramos de solidaridad. La solidaridad es un valor excelso, una demostración humana de grandeza y, sobre todo, una decisión voluntaria y personal. Lo que seguro nunca puede ser es una imposición. La obligatoriedad de hacer algo es lo más diametralmente opuesto a una acción solidaria. La verdadera solidaridad nace de unas condiciones previas y necesarias, entre ellas la Libertad. Por eso, a mi juicio se está prostituyendo el verdadero significado de la palabra solidaridad. Solidarios son algunos sistemas como el mutualismo, en los que libre y voluntariamente muchos se unen para mutualizar riesgos y asumir como propios los problemas de todos. Pero hablar de solidaridad o equidad intergeneracional supone, en realidad, una falsa solución que traslada el problema a una parte de la población, en este caso a la denominada generación de los baby boomers. Porque, en última instancia, no es otra cosa que cargarles con la losa que supone ajustar los desfases de un sistema que entre 2025 y 2050 tendrá que ser sostenido por una generación mucho menos numerosa.

Necesitamos una sociedad libre y mucho más fuerte. Esa tutela condescendiente con la que se articulan políticas solo es propia de regímenes en los que la persona no es considerada en toda su extensión humana. La Administración se está mostrando incapaz de solventar definitivamente un problema complejo pero abordable. Pero desde luego lo que no puede permitirse es que, desde esa incapacidad, se atente contra las decisiones privadas que sirven o contribuyen a mitigar este problema. Me refiero al ataque -por no decir a la puntilla- que han recibido los planes de pensiones individuales con la última reforma fiscal. Acabar con el exiguo beneficio con el que contaban supone restringir la libertad de quienes optaban por ellos como alternativa a un modelo que sigue haciendo aguas. Al final los planes de pensiones no dejan de ser el aporte de la iniciativa privada para paliar el problema y, con medidas como las adoptadas, se vuelve a querer dirigir a los ciudadanos, en este caso de los planes individuales a los de empleo. No digo que fomentar el segundo pilar sea un error, pero nunca a costa de limitar el tercero. Vuelve a ser un ejercicio restrictivo de la libertad individual. La Administración es una herramienta de la propia Sociedad a la que está obligada a escuchar, atender y servir, no un ente todopoderoso que rija sus destinos arbitrariamente y con notoria incapacidad y perjuicio de las personas. Por eso creo, ante los progresivos e injustificados recortes de la libertad del individuo y de la sociedad, hay que decir alto y claro ¡No somos rebaño!