La segunda parte de la reforma de pensiones es la verdadera reforma que necesita España
El Gobierno cerró a finales de este mes de junio el acuerdo con los agentes sociales para aprobar la primera fase del sistema público de pensiones español. El pacto, incluye la revalorización de las pagas en función de la inflación, la reforma de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para demorar el retiro laboral, además de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para trasladar los denominados gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado y la derogación del pacto de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en 2013, pero aparcado hasta 2023. Hasta ahí, parece un avance notable sobre la cartilla de medidas que ha comprometido el Ejecutivo español con Bruselas en materia de jubilaciones como condición para la recepción de los fondos europeos para la reconstrucción.
Sin embargo, entrando a valorar el impacto que tienen los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, se desprende un resultado alejado de las recomendaciones y demandas realizadas en este ámbito desde la Comisión Europea. En sus últimas indicaciones sustanciadas en forma de recomendaciones específicas para España se abandonaba la idea de menguar la tasa de sustitución de la pensión pública, que ronda el 80% en nuestro país y acercarla a niveles más similares a los de los socios de la UE, para simplemente instar al Gobierno a llevar a cabo una reforma que hiciera plenamente sostenible el sistema público, que tras la pasada crisis financiera venía registrando déficits anuales de entorno al 1,5% del PIB. Y sobre esta premisa de reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social no parece que la primera pata de la reforma sellada este pasado mes implique una senda de gasto a la baja. Todo lo contrario, ya que el Gobierno asume que en esta primera remesa de actuaciones no se dará solución al desequilibrio presupuestario del Sistema.
De hecho, desde el Ejecutivo asumen que el gasto por vincular la revalorización al IPC elevará el gasto en 2,5 puntos porcentuales de PIB en el medio plazo. Y que esta alza, solo sería compensada en cierta medida y también en el medio plazo por el aumento de la edad efectiva de jubilación, donde se podría amortiguar la mitad del incremento de los gastos previstos por la indexación.
Por ello, la verdadera reforma de las pensiones, en términos de moderación en el aumento de la factura anual, llegará en 2022 con la asunción de medidas que sí pueden implicar fluctuaciones en la cuantía inicial de las futuras pagas de jubilación como es el aumento del periodo de cotización para el cálculo de la pensión que actualmente toma los últimos 25 años. O la primera toma de contacto que llegará este mismo otoño con la negociación de nuevo factor de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad del PP, pero que también tendrá en cuenta para la pensión la ganancia de esperanza de vida.