José Luis escrivá Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: “Derogaremos el factor de sostenibilidad y aprobaremos el nuevo mecanismo antes de que acabe el año”

El Gobierno llevará la primera pata de la reforma de pensiones al Congreso después del verano tras una compleja negociación con empresarios y sindicatos en la mesa de diálogo social. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, atiende a elEconomista Pensiones para dar cuenta de las medidas que propone el Ejecutivo para cumplir el compromiso de reforma adoptado con Bruselas. Reconoce que su Gabinete ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes del final de legislatura.

¿Subirán con el IPC de 2021 en 2022 pese a que el desvío sobre la previsión podría ser de más de un punto (+2% sobre previsión inicial de 0,9% -subida de este año-)? ¿Se abonaría en ese caso la paguilla en febrero de 2022 por el desfase entre la subida de primeros de año y el IPC de 2021?

La revalorización con el IPC es algo que no sólo ha suscitado un consenso total en la mesa de diálogo social, sino que también lo hizo en el seno del Pacto de Toledo, que es nuestro marco de referencia. Sobre los datos actuales, recupero la respuesta que os dio entonces, que creo que sigue siendo válida. Tenemos que seguir muy de cerca los indicadores adelantados. La inflación observada nunca ha sido un buen elemento, y está muy influida ahora por el precio de las materias primas y la recuperación. La inflación subyacente es un indicador mucho más sólido, con señal mucho más clara, y en general la inflación subyacente no da ningún síntoma de repunte significativo.

Finalmente, ¿cuándo se derogará el factor de sostenibilidad de las pensiones?

No se trata únicamente de derogar el factor de sostenibilidad, sino de sustituirlo por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que estamos diseñando y que empezaremos a debatir con los agentes sociales en las próximas semanas. Los plazos del acuerdo con los agentes sociales son cortos y será muy pronto, antes de final de año, cuando tengamos listo el nuevo mecanismo que sustituya al factor de sostenibilidad de 2013, que nunca se ha llegado a aplicar.

¿El nuevo factor de equidad intergeneracional cómo aplicaría la corrección de gasto?

Entre el año 2025 y el año 2045-2050, los jubilados tienen que ser sostenidos por una generación que es más pequeña. Entonces, lo que yo creo que es lógico, es que seamos los baby boomers los que tengamos un gesto con la generación posterior. De lo que se trata es de no cargar en los jóvenes la solución a un problema no generado por ellos, sino de que se produzca una asunción equitativa.

¿La votación en el Congreso del primer paquete de la reforma llegará antes o después de verano?

Nuestra idea es enviar el proyecto de ley al Parlamento cuanto antes para que pueda ser debatido por el Congreso a la vuelta del verano. Nos hemos comprometido con la Comisión Europea en aprobar este primer bloque antes de fin de año y así lo haremos.

Europa acaba de dar un espaldarazo a las medidas propuestas por el Gobierno para la reforma de pensiones ¿Puede agilizar eso las negociaciones con los agentes sociales y su aprobación en el Congreso? ¿Cree que se está tratando de demonizar ciertas medidas pese a que están respaldadas por la comunidad internacional?

Nosotros siempre aspiramos a alcanzar consensos. Ya logramos uno muy importante el año pasado con el Ingreso Mínimo Vital, que no tuvo ningún voto en contra en el Pleno del Congreso y nos gustaría que esta reforma también tuviera el mayor consenso posible. El enviarla al Parlamento con el respaldo de los agentes sociales también es muy relevante y confiamos que este respaldo contribuya a generar el máximo consenso en el Parlamento, por supuesto.

¿Cómo impactará en el gasto la derogación de la reforma de 2013?

Estamos planteando una modernización completa del Sistema, con múltiples medidas. Algunas de ellas suponen un aumento del gasto, como la sustitución del IRP por un mecanismo estable que garantice el poder adquisitivo, y otras compensan estos incrementos de gastos, fundamentalmente todas las medidas encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación a la ordinaria. No obstante, queremos que este acercamiento de la edad efectiva a la edad ordinaria esté basado en incentivos, es decir, no requiere forzar a nadie a hacer nada. Hemos hecho encuestas y la gente que está a punto de jubilarse o está en torno a la edad de jubilación ignora que de acuerdo a la legislación actual tiene incentivos monetarios por demorarla. También hemos comprobado, en esas encuestas, que mucha más gente estaría interesada en demorar su jubilación si en lugar de que el premio sea un poquito más de pensión adicional durante toda la vida del pensionista, se les ofreciera esa ganancia en forma de un pago de una sola vez justo en el momento de jubilarse. Ese incentivo adicional en forma de un pago puede llegar hasta 12.000 euros por año demorado.

¿Qué ocurrirá con la jubilación forzosa por convenio?

Para que esto funcione tenemos, además, que derogar la disposición adicional décima del estatuto de los trabajadores. Esta es una disposición que tiene apenas dos años de vigencia, que no existe prácticamente en ningún país de nuestro entorno, y que establece que, en convenio colectivo, empresarios y trabajadores pueden forzar a una persona a jubilarse. Esto es lo que queremos derogar, porque diluiría nuestra estrategia de jubilación demorada, no ocurre en ningún país de nuestro entorno, y además, porque somos un país que tiene una de las tasas de actividad entre 55 y 70 años más bajas de Europa y desde luego estamos muy por debajo de la media europea. Probablemente establezcamos un periodo transitorio de aplicación para que los convenios que están vigentes en estos momentos no se vean afectados. Estamos poniendo un límite, tampoco lo vamos a hacer absoluto. Pero claramente será una edad significativa por encima de la edad ordinaria.

¿No temen una oleada de jubilaciones anticipadas agotando el 31 de diciembre?

No, porque la reforma no está diseñada para afectar comportamientos de ese tipo. Estas son reformas que están pensadas para estar vigentes durante 30 años, y a un horizonte de 30 años. En el diseño que hagamos nunca vamos a afectar los comportamientos de personas que estén a punto de jubilarse, las reformas de pensiones que están bien diseñadas establecen procesos de despliegue graduales en el tiempo. De forma que nadie debe de estar inquieto porque le vaya a afectar algo de forma sobrevenida cuando uno está a punto de tomar una decisión, o la vaya a tomar en un periodo de tiempo suficientemente próximo.

¿La reforma de pensiones es condición para los fondos europeos?

Yo no diría que es una condición per se, pero España se ha comprometido a que en el plan de recuperación y resiliencia haya incorporadas transformaciones y modernizaciones que den respuesta a lo que Europa nos lleva años pidiendo dentro de las recomendaciones específicas de país y que aseguren que los fondos tengan un mayor impacto. España tenía un vacío desde el momento en el que la reforma del 2013 dejó de aplicarse y había que explicar cómo íbamos a asegurar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones. Llevábamos años en que nos lo estaban pidiendo, y esto es parte de lo que España se compromete a hacer. Es importante que se apruebe para que España pueda cumplir los hitos del plan de recuperación, y concretamente en este caso, el primer paquete de pensiones, en el plan de recuperación está que tiene que aprobarse antes de final de año.

¿No hay en este Gobierno, o igual es general, una obsesión por cargar sobre las rentas altas? Se les va a penalizar por jubilarse antes, y además se les va a destopar las cotizaciones sociales...

No, yo no creo que haya que penalizar en ningún caso las rentas altas, lo que sí es verdad es que los sistemas fiscales de los países de nuestro entorno son más progresivos que el nuestro. En el ámbito de pensiones nos hemos encontrado algunos aspectos en los que el sistema era muy regresivo, es decir, no tiene explicación que las personas que tengan base máxima tengan una penalización del 4% y las personas que están en una pensión más baja tengan un 16%. No se trata de penalizar a nadie, sino de ser más equitativos. Y también hay que analizar quién se beneficia más de los bienes públicos. Sabemos que en el ámbito de pensiones la esperanza de vida está muy asociada al nivel de renta, entre otros factores. Hay diferencias de esperanza de vida por municipios en España de hasta 6 años y la correlación es altísima con la renta de cada municipio.

¿No sería lógico que la reforma tuviera una pata más transversal para la fiscalidad del ahorro?

Sí. Esa es otra parte en la que estamos trabajando intensamente. Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque está desarrollado en otros países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para eso es a través de los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio más bajo, las comisiones están en torno al 0,3%, mientras que en un plan individual está en torno al 1,06%. Calculemos lo que es durante toda una vida perder casi un punto al año de rentabilidad durante 40 años y significa alcanzar una pensión un 16% más elevada. Es decir, cambia completamente el atractivo del fondo. Lo que creamos nosotros adicionalmente es un mecanismo con estímulos fiscales potentes para que estos planes de empleo se generalicen.

Cuando se destopen las cotizaciones,

¿se destopará el ingreso, o la jubilación?

Cuando se eleve el tope de la cotización se haría lo mismo con el ingreso. La contributividad del sistema se mantendrá inalterada, de tal forma que quien ingrese, quien cotice más, y llegue hasta el nuevo tope tendrá también más pensión, claro. Será proporcional y se mantendrá la contributividad del sistema inalterada.

¿Qué previsión tiene de déficit de la Seguridad Social?

La Seguridad Social debería estar en equilibrio presupuestario para 2025. Debería estar en equilibrio presupuestario, porque ya este año los PGE establecen ya de forma permanente asumir 14.000 millones de gasto impropios de la Seguridad Social.

Pero en 2020 el déficit se cerró en torno a los 50.000 millones de euros...

Es algo transitorio, condicionado por la pandemia. Y además pagado por los Presupuestos. No se pagan con cotizaciones sociales. Por lo tanto, la previsión nuestra es que la Seguridad Social tenga cuentas equilibradas cuando salgamos de la pandemia de forma permanente.

¿Sacarán también las pensiones de viudedad a los Presupuestos?

La viudedad no hace falta tocarla. No está en discusión todavía. El Pacto de Toledo ha identificado gastos impropios por más de 20.000 millones sin tener en cuenta ni las pensiones de viudedad ni de orfandad.