J. Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA: “En el año de más ahorro de la historia de España, los trabajadores no podrán ahorrar para la jubilación”

El economista J. Ignacio Conde-Ruiz atiende a elEconomista Pensiones en plena vorágine por la aprobación de la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones para valorar las medidas.

Sobre el apoyo de Bruselas al plan de reformas de España. ¿Podemos considerar ese apoyo como un refrendo a las medidas que está proponiendo el ministro Escrivá?

El programa enviado a Bruselas no especifica las reformas. Lo que ocurre con este documento es que no da los detalles, y en principio la música suena bien. Esa música es compatible con reformas muy potentes o con reformas cosméticas. Por ejemplo, sí dices que vas a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que también lo dice el Pacto de Toledo; que vas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación; vas a sustituir el factor de sostenibilidad por otro mejor que de carácter intergeneracional; un nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos. Estas ideas generales, si se diseñan bien pueden ser efectivas, pero no dan detalles para poder valorarlas.

¿Cree que se llegará al acuerdo en todos los puntos de la reforma?

En principio, el principal problema que le veo al acuerdo es que se va a negociar una cosa que estamos todos de acuerdo, y se aprobó en el Parlamento con el Pacto de Toledo, y es que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. Las pensiones tienen que ser una especie de renta vitalicia. Alcanzar un acuerdo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en la mesa de diálogo social es fácil. Todos estamos de acuerdo. Pero cuando haces eso el déficit estructural del sistema va a aumentar entre tres y cinco puntos de PIB cada año hasta 2050, según los distintos estudios. Es decir, el acuerdo va a garantizar la suficiencia, pero, haciendo más difícil la sostenibilidad. Lo difícil, es conseguir un acuerdo con medidas compensatorias para hacer compatible la suficiencia (o actualización con el IPC) y la sostenibilidad. Pero claro, estas medidas serían impopulares, por lo que se han pospuesto para una segunda fase de la negociación. Pero, en esta segunda fase ¿qué vas a ofrecer? Yo hubiera hecho un paquete más equilibrado desde el primer momento.

¿Ve positiva la propuesta de incentivar el retraso del retiro laboral?

Sustituir el 2% o 4% adicional si demoras tu jubilación por un premio de 12.000 o 15.000 euros puede ser bueno para el sistema. La Teoría del comportamiento nos dice que los individuos no se guían únicamente por la racionalidad a la hora de tomar sus decisiones. Por tanto, puede ser que prefieran este premio donde te dan todo el dinero junto a la situación donde te dan un 2%-4% más de pensión hasta que te mueres, aunque sea peor para ti. Por otra parte, la medida de penalización de jubilación anticipada intuyo que será únicamente para las voluntarias, por tanto, no tendrá un gran impacto. Pero hay un elemento ahí, que de ser cierto molesta mucho, y es que pretenden penalizar más a aquellos contribuyentes que han cotizado ya mucho al sistema, en concreto a aquellos que han cotizado por encima de la pensión máxima. Es injusto, porque con el sistema actual penalizabas, pero, como había contribuido por encima de la pensión máxima aún con la penalización quedaba cerca de la pensión máxima. Lo que estás haciendo es perjudicar a personas que han cotizado por mucho tiempo y por grandes cantidades y que, bien porque les va mal en el trabajo al final de la etapa laboral, o bien por salud, se quieren jubilar antes. Por otra parte, he entendido que quieren quitar el factor de sostenibilidad y llamarlo de otra forma, por ejemplo, factor intergeneracional. Pero, cuando negocies este factor intergeneracional, será impopular. Cuando negocies cómo vas a hacer para que el gasto no se dispare o para que la edad efectiva de jubilación aumente, ya será impopular, y ahí no tendrás nada positivo que ofrecer.

¿No habría otros mecanismos más eficientes para calcular el mantenimiento del poder adquisitivo?

Cuando se introdujo la reforma de 2013, en la que asesoré a Fátima Báñez en el comité de expertos, propusimos establecer por ley que había que respetar una restricción presupuestaria intertemporal de 11 periodos, de tal forma que, si el ingreso no era suficiente para financiar el gasto, las pensiones no se podrían revalorizar. Nuestra propuesta, permitía aumentar las pensiones con el IPC siempre y cuando dotaran al sistema con ingresos suficientes. Esto nos parecía lo razonable para garantizar la sostenibilidad. La reforma de 2013 estableció que cuando el ingreso no fuera suficiente, las pensiones subieran únicamente un 0,25%. Esos años había deflación, entonces aquel 0,25% era revalorización; no obstante, ya decíamos que tan pronto llegara la inflación los jubilados iban a salir a la calle y la presión sería muy grande. Se debió aprovechar ese momento para introducir las medidas de contención de gasto para poder mantener el poder adquisitivo, sin poner en riesgo la sostenibilidad. Lamentablemente no se hizo nada, y seguimos donde estábamos.

Volvamos a la actualización de las pensiones, ¿cómo debería hacerse?

¿Qué haría yo, sin conocer los planes del Gobierno? Imaginemos que la inflación esperada es un 2%; si al final es un 1%, al siguiente año, se debería tener en cuenta que ha ganado poder adquisitivo por el 1%. No se trata de que pierdan poder adquisitivo, pero tal como están las finanzas públicas tampoco de que se gane. Pero los políticos esto no lo hacen, consolidan ese aumento extra. No sé si al final están valorando una media similar. Ojalá sea así. La pregunta es, cuando te quedes corto, ¿te van a compensar? Y, si te quedas largo, ¿te van a quitar?

Sobre la jubilación anticipada, la propuesta de Escrivá modifica y endurece mucho el coeficiente los primeros meses, 22, 23, y 24, y a partir de ahí se flexibiliza bastante

En el mundo académico estamos defendiendo que lo natural en un sistema de reparto de prestación definida como el nuestro seria reformarse hacia un sistema de cuentas nocionales como hizo Suecia o Italia. Este sistema de reparto sería igual que el que tenemos en España, pero mucho más justo y más eficiente y más transparente para facilitar la toma de decisiones. Ahora es todo muy opaco e injusto, pues al final las cotizaciones que se realizan al principio de la etapa laboral apenas si tienen impacto en la pensión, y en cambio la ultimas tienen mucho impacto. Esto podría tener sentido si todos los trabajadores van de menos a más en su proyección profesional, pero no es así hay mucha variabilidad, y, por lo tanto, es muy injusto. En un sistema de cuentas nocionales, sería contributivo y de reparto, pero se apunta lo que efectivamente se cotiza. Todas las cotizaciones cuentan por igual. Tiene importantes ventajas. Primero, el trabajador tiene conciencia de lo que cotiza y lo que recibe, no como ahora que algunos piensan que las cotizaciones son un impuesto cuando en realidad es un salario en diferido. Permite una jubilación flexible y transparente. Y facilita la posibilidad de compatibilizar pensión y salario. Y, por último, también es compatible con una pensión mínima.

¿Cómo ve las medidas ya aplicadas sobre el ahorro privado?

Cuando nos vamos al ahorro privado complementario, y en concreto con las deducciones fiscales para los fondos de pensiones o productos similares nos encontramos que, en 2021, probablemente el año de mayor ahorro de la historia, resulta que sólo te dejan deducir 2.000 euros, cuando hasta ahora eran 8000 euros. Cuando se introdujo este cambio se anunció que se introduciría un nuevo marco para impulsar los fondos de empleo -u ocupacionales- y un fondo público de pensiones probablemente para que puedan ahorrar autónomos, pymes o trabajadores del sector público. Pero, sorprendentemente en el componente 30 del plan enviado a Bruselas dice que estas las medidas compensatorias se van a desarrollar en 2022. Es decir, el año de máximo ahorro histórico de la historia de España, los trabajadores no van a poder ahorrar para la jubilación pues ni se ha desarrollado la nueva legislación de los planes de empleo ni el fondo público.

En este caso, el tema del fondo público de pensiones ¿crees que se queda limitado con el tejido público de España?

Si se hace bien, no tiene por qué. Para las empresas que tienen fondos ocupacionales tienes que establecer una nueva legislación. Muchas empresas ya lo tienen, y otras más lo van a tener. Para las empresas pequeñas es complicado hacer un plan ocupacional, pero me imagino que podrá decidir que sus trabajadores vayan al fondo público.

¿Habrá en el futuro una pensión menos generosa por cuestiones demográficas y financieras de la Seguridad Social?

Como decía, al final no se puede garantizar la suficiencia si no tienes garantizada la sostenibilidad. Es una cuestión puramente de aritmética demográfica. No puedes escapar, tienes que adaptar el sistema de pensiones a la realidad demográfica. Es aritmética pura, de cara al futuro o trabajamos más o las pensiones son menores. La reforma se acabará haciendo con total seguridad, todos los países la han hecho. Lo que nos estamos jugando ahora es si lo hacemos ahora de forma más justa para los trabajadores o lo hacemos más tarde de forma más injusta. El déficit estructural significa que las generaciones de ahora no estamos pagando lo que nos gastamos. Y no es problema técnico, es un problema político que necesita un gran pacto nacional por las pensiones. Se acerca el momento de que los políticos miren a los ciudadanos a la cara, nos digan la verdad y se pongan manos a la obra.

¿No te parece también que aparte de políticas de reforma hace falta un incentivo a través de medidas indirectas de natalidad?

Ese es también otro problema. España no solo tiene la tasa de fecundidad más baja de los países industrializados, sino también la mayor diferencia entre el número de hijos que dicen las mujeres que les gustaría tener y el que efectivamente acaban teniendo. Esto es una señal clara de que existen barreras importantes a la hora de que los jóvenes se emancipen, y decidan tener hijos. Entre las barreras para mejorar la natalidad están en primer lugar acabar con la precariedad laboral, mejorar el acceso a la vivienda, políticas de apoyo a la familia. En el futuro va a haber cada vez más ancianos y cada vez menos jóvenes, y el problema es que se ha roto totalmente la justicia intergeneracional.

En 2018, en unas declaraciones recogidas por ‘elEconomista’, usted dijo que “los problemas para mantener el sistema de pensiones” se darían “en 20 o 30 años”. ¿Sigue pensando igual o ha cambiado su postura durante este tiempo?

Yo ya escribí en 2007 que los problemas llegarían en 2023-2025, y ha llegado antes porque por medio estuvo la crisis financiera, de la que no recuperamos el PIB hasta 2017. Y sobre ese problema se ha acumulado el problema por la pandemia y se ha desajustado mucho el déficit. Por eso ahora quieren pasar parte del déficit a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, que una parte de las pensiones se van a pagar con los ingresos generales. Esto es equivalente a que una parte de las pensiones se paguen con otros impuestos. Quizá, en algunos casos este justificado, pero lo que no tiene sentido es que se desprendan de gastos que son propios del sistema o que apropien de ingresos impropios. A pesar de que el sistema ya tiene un déficit por encima del 1,5% del PIB, problema de sostenibilidad lo vamos a tener cuando se jubilen los baby boomers, en torno a 2025 ó 2026 y hasta 2055 ó 2060.