El Gobierno lanzará el concurso para gestionar el fondo público en 2022

El Gobierno avanza con paso firme en los aspectos concretos que regirán el funcionamiento del futuro fondo público de pensiones anunciado ya por el Gobierno para este año -aunque su activación se demorará hasta mediados de 2022-. A finales del presente ejercicio el Ejecutivo deberá haber puesto al menos las bases legales de instrumento financiero de ahorro negro sobre blanco. Sin embargo, no se espera que hasta mediados del próximo ejercicio eche a andar este producto de ahorro ya que los primeros meses de 2022 servirán para cerrar los últimos flecos de esta parte de la reforma de pensiones destinada a impulsar los planes de pensiones de empleo entre la población ocupada, trabajadores autónomos y funcionarios. Uno de estos flecos, no menor, es el concurso público que lanzará el Gobierno en los primeros meses del próximo año para conceder por un lado la gestión de los ahorros, y también el depósito de los mismos, por otro lado.

Este es sin duda uno de los elementos centrales que deberá abordar el Gobierno junto al sector privado para aprobar este fondo de pensiones. Cabe recordar que el Ejecutivo asume esta iniciativa ante el constatado fracaso del uso de los planes de previsión complementaria en nuestro país, y especialmente en los correspondientes al segundo pilar de ahorro para la jubilación: los planes de empleo. Y es que solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados. Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), en 2020, unos dos millones de personas tenían un plan de pensiones de este tipo, con un patrimonio de casi 35.000 millones de euros, frente a los más de siete millones de personas con planes de pensiones individuales.

El Ejecutivo no ha dado hasta el momento más detalles sobre este proceso de adjudicación ni los términos y condiciones en los que se desarrollará, si bien es cierto que un equipo de técnicos del Ministerio de Seguridad Social y del Ministerio de Economía ya trabajan conjuntamente con la Dirección General de Seguros para aquilatar los puntos clave de la gobernanza del nuevo instrumento financiero para ahorradores.

“El compromiso en la ley general de Presupuestos es que tendremos la ley preparada este año, por tanto, lo que esté disponible para el año que viene. Pero el compromiso se ha mandado al Parlamento”, apuntaba recientemente el ministro encargado de impulsar la medida, José Luis Escrivá, señalando que el plazo autoimpuesto marca como objetivo concluir la redacción de la ley antes de que finalice el presente año, y activar el sistema de ahorro ya en la segunda mitad de 2022.

Varios fondos de pensiones

Por su parte, sobre otro de los puntos que será preciso ajustar con el sector privado al tiempo de las concesiones de gestión y de depósito, las entidades financieras han propuesto al Gobierno la posibilidad de poder crear tantos planes de pensiones de promoción pública como firmas estén interesadas en hacerlo, al tener un mejor conocimiento del funcionamiento de las pymes y los autónomos, que constituyen una base importante de su cartera de clientes, porque ya tienen contratados otros productos financieros. Estos planes, además, estarían disponibles en una plataforma digital abierta para que los eventuales usuarios pudieran compararlos y contratarlos más fácilmente y tener control del desempeño de los ahorros.

Esta es una de las propuestas que el sector ha realizado para desarrollar el sistema de los planes de empleo en España, a raíz de la intención del Ejecutivo de crear un superfondo público de pensiones, que debería estar definido antes de que termine el año. Este superfondo público venía recogido en una disposición transitoria de los presupuestos generales del Estado y se establecía un período de 12 meses para la presentación de un proyecto de ley que lo regulara, permitiendo al Estado la capacidad legal para actuar de promotor, y que definiera su articulación. Pero en el sector ya se da por descontado, a las puertas del verano, que va a ser imposible cumplir estos plazos porque todavía no se han presentado las grandes líneas maestras de la reforma para impulsar el sistema de previsión social, como son los beneficios fiscales para las empresas.

Una de las principales preocupaciones radica en el hecho de que todavía no se sabe cómo será el procedimiento para seleccionar a las firmas gestoras y depositarias, más allá de que será un “concurso competitivo abierto”, como se anunció el año pasado. Entre las gestoras preocupa que la gestión termine siendo un oligopolio.

“Lo complicado no es la gestión de los planes de pensiones, sino su administración, para lo que se requiere una experiencia que no todas las firmas de inversión tienen”, asegura una fuente del sector. “No se trata solamente de aplicar una estrategia de inversión, sino de llevar el día a día administrativo de este vehículo y distribuirlo adecuadamente entre sus potenciales clientes, como son las pymes”, advierten sobre este punto de la medida.

“Llevamos un retraso considerable y lo más probable es que no lleguemos a tiempo ni siquiera al primer semestre del próximo año, porque todavía hay poca visibilidad sobre el tema fiscal, y hay una incógnita sobre quién creará la plataforma digital, aunque hay expectativas de que lo hagan las propias gestoras, o sobre cuáles serán las comisiones que se aplicarán para que sea rentable. Sin tener claras las reglas del juego va a ser muy difícil”, señala otra fuente.

Anticipando parte del trabajo, desde la asociación Inverco han contado con el asesoramiento de una de las grandes consultoras para diseñar la plataforma y poder optar a los fondos europeos Next Generation, por la vía de la digitalización del sector y la sostenibilidad, según confirman varias fuentes. Pero incluso para la implementación de esta plataforma, se requiere de cambios en la normativa de distribución de planes de pensiones. La institución considera que haber reducido los límites a las deducciones fiscales en los planes individuales ha sido un error, sin haber tenido antes desarrollado el modelo del segundo pilar.

A lo cola en ventajas fiscales

Más allá, la medida propuesta por el Gobierno trata de dar solución a uno de los problemas que refleja nuestro país en términos de ahorro previsional. España se sitúa a la cola de los países de la OCDE en términos de ahorro privado, un factor que entraña diversos riesgos en el plano macroeconómico, pero más aún en el ámbito de la protección de clases pasivas, y buena parte de esta situación se debe a la ineficacia de los diferentes ejecutivos en materia fiscal. El ahorro tributario sobre unas aportaciones medias del 10% de la renta a planes de pensiones durante un periodo estándar de vida laboral se queda en un 16% en nuestro país, un volumen de exención que es el sexto más bajo de entre el grupo de los países más desarrollados. De hecho, este volumen de exenciones por bonificaciones tributarias es superior en la mayoría de las potencias del entorno comunitario, situándose en Alemania en un 21%, y también por debajo de otros países como Reino Unido (24%), Portugal (25%), Francia (28%), Italia (29%) u Holanda (48%).

También se halla nuestro país lejos de ejemplos paradigmáticos en tratamiento fiscal favorable al ahorro privado, como Estados Unidos, donde este volumen de exenciones se sitúa en el 41% o Irlanda, donde llega al 51%, mientras que en Israel, en la cabeza del ranking, el ahorro en impuestos es del 53%. Uno de los motivos de esta coyuntura es la escasez de cultura financiera de la cual adolece la sociedad española. Como explica el presidente de REAF, Jesús Sanmartín, “España tiene un problema porque la gente ahorra en bienes inmuebles”. Así, la gente suele tener una primera vivienda y “los que pueden ahorrar más acceden a una segunda vivienda”, pero no se plantean de entrada invertir en vehículos financieros.