El Estado afronta la subida de pensiones más cara en 10 años

La decisión de mantener la revalorización de las pensiones vinculada con el IPC imprimirá en los próximos meses un fuerte incremento de la factura mensual de pensiones por la subida que el Gobierno llevará a cabo en enero del próximo año. Según las estimaciones de los organismos oficiales, el IPC medio del conjunto de 2021 se situará entre el 1,6% y el 2%. Este será el incremento de las pagas que deberá llevar a cabo el Ejecutivo y supondrá la subida más cara de la última década, entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. Una cifra que se une al ya mastodóntico desembolso anual en esta partida, que en el presente ejercicio compromete más de 163.000 millones de euros del Presupuesto.

El Ejecutivo afrontará así las consecuencias del acuerdo adoptado por los partidos políticos en el Pacto de Toledo, en primer lugar, y por los agentes sociales en segunda instancia para que una de las medidas de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sea garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas vinculando por ley la revalorización anual con la inflación. Y derogar el maltrecho IRP aprobado por el PP en la reforma del Sistema de 2013, que aplicaba las subidas automáticas del 0,25% por el elevado déficit de la Seguridad Social hasta su corrección.

Y más allá, según el último borrador que han recibido patronal y sindicatos sobre este aspecto de la reforma, el Gobierno detalla que la revalorización se haría, una vez aprobado el primer paquete de medidas en la materia, teniendo en cuenta la media del IPC del año anterior. De modo que en enero de 2022, de sustanciarse esa votación en el Congreso de los Diputados que el ministro Escrivá quiere llevar para el mes de julio, la subida se haría con el IPC medio de este año 2021. Y es en este punto donde la volatilidad de la inflación en tiempos de crisis está provocando una oscilación en la cuantía del coste de esta subida.

Por un lado, el consenso de Funcas recoge en la última oleada del mes de mayo que el IPC medio de este año repuntará hasta situarse en el 1,6%. Sin embargo, la Fundación de Cajas de Ahorro, en su estimación individual ya eleva esta previsión hasta el 2%. Entre medias los analistas de la CEOE y de la Cámara de Comercio de España sitúan la escalada del IPC en el 1,8%. Así, se podría esperar que el coste de esta subida se sitúe entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros.

Cabe recordar que según los cálculos elaborados por Fedea, en un contexto económico de normalidad con crecimientos progresivos de la economía, la inflación media se encontraría en torno al 2%. Cada incremento en esta línea de la partida de las pensiones de jubilación eleva su coste anual en 2.500 millones de euros.

Volatilidad de precios

En este sentido, la subida que deberá llevar a cabo el Gobierno será una de las más caras de la última década, incluso a la espera del comportamiento de los precios en el conjunto del año -los expertos ya apuntan a una infraestimación de los valores de inflación prevista en el conjunto de la eurozona por el fuerte repunte de precios del petróleo en comparación con el comportamiento en 2020- podría ser la más cara de los últimos 15 años.

De llevarse a término la subida sobre la estimación de inflación menos halagüeña, la subida sería del 1,6%, igualando la efectuada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los años 2018 y 2019. De modo que sería una de las revalorizaciones más altas de los últimos 10 años. De hecho, habría que remontarse al periodo 2005-2009 para encontrar incrementos de la pensión de un nivel superior: el 2%. Aunque algunos organismos ya asumen que la inflación de este año al menos escalará hasta esa cota.

Por otro lado, está por ver el reflejo que pueda tener el inicio del próximo año y por las decisiones adoptadas sobre la revalorización, la desviación ya confirmada para la subida efectuada este año. Es decir, el Gobierno elevó para 2021 un 0,9% las pensiones con carácter general. Sin embargo, parece evidente que el comportamiento de los precios registrará un repunte notablemente superior, al menos de ese 1,6% mencionado anteriormente.

Cabe recordar en este punto, que la medida que pretende llevar a Pleno el Gobierno en julio para vincular por ley las pagas y el IPC sustituirá al denostado IRP de la reforma de 2013. Y que, por lo tanto, el Ejecutivo socialista lleva cuatro años suspendiendo este punto de la ley general de la Seguridad Social para poder llevar a cabo la subida con el avance de precios. Desde entonces, la aplicación de la subida se hace como recogía la reforma de pensiones del PSOE de 2011: se calcula el IPC previsto para el conjunto del año, se aplica ese porcentaje de subida en las pensiones, y a final de año se observa si la inflación ha quedado como se previó a comienzos del ejercicio. Si existe una desviación al alza, es decir, que el aumento de las pagas se queda por debajo del incremento de los precios de compra, se abona la conocida como paguilla en el mes de febrero del año siguiente. Que no es más que la compensación monetaria de esas décimas de desviación de la inflación sobre la previsión.