Acuerdo para la primera parte de la reforma de pensiones

Luz verde para la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones en España. El Gobierno y los agentes sociales sellaron en la última semana de junio el pacto para la primera remesa de medidas que se votarán próximamente en el Congreso de los Diputados y que entrarán en vigor a comienzos del próximo año. Entre ellas, destacan la vinculación de las prestaciones con el IPC, las medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la legal, además de la separación de fuentes de financiación, si bien la clave para el consensó está en el compromiso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de derogar antes de que finalice el presente año el conocido como factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en 2013.

De este modo, el Gobierno cede a una de las exigencias de los sindicatos en la mesa de diálogo social que había obstaculizado el acuerdo en las últimas semanas para eliminar este elemento que se encontraba en suspenso hasta 2013, y que preveía recortes de hasta un 20% en función del momento de la jubilación y la esperanza de vida del beneficiario en ese momento. Eso sí, el Ejecutivo fija el próximo 15 de noviembre como fecha límite para consensuar con los agentes sociales cuál será el sustituto de este índice, el llamado factor de equidad intergeneracional. Más allá, fuentes de Moncloa señalan que pese a acordarse este elemento que introduce la variable demográfica al pago de las pensiones, el factor no entraría en vigor hasta el próximo 2027.

Cabe recordar que esta era la línea roja que habían puesto sobre la mesa los sindicatos para apoyar este primer paquete de medidas que, más allá, junto con la eliminación del IRP y la vinculación de la revalorización de las prestaciones con el IPC, supone la derogación de facto de la reforma del Sistema aprobada por el PP en 2013.

Más allá, la estrechez de los plazos vuelve a presionar ya el diálogo para derogar el factor de sostenibilidad antes de su comienzo. El Gobierno plantea incluir en esta misma ley la inclusión del nuevo factor de equidad intergeneracional. De este modo, el diálogo con los agentes sociales deberá agilizarse en los próximos meses, toda vez que la intención del Ejecutivo es incluir ese nuevo elemento como una enmienda adicional al proyecto de ley que englobará el primer paquete de medidas. Para ello, la mesa tripartita deberá tener cerrado esta nueva medida de la reforma en escasos meses hábiles, para que se cumpla con el plazo de introducirla como cambio normativo en la ley de Seguridad Social antes de final de año.

Entre medias, según apuntan fuentes oficiales a elEconomista se espera que el texto con las medidas ya concretadas se eleve al Consejo de Ministros del próximo martes -antes, a finales de esta misma semana está previsto la visibilización del acuerdo tripartito con un acto institucional- para iniciar en septiembre el trámite parlamentario del proyecto de ley.

Revalorización con el IPC

El acuerdo, que se aprobará como anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. Con esta medida, la famosa compensación que venía realizando el Gobierno a comienzos de año en función de la desviación de la subida por la diferencia ente el IPC anual y la previsión de incios de año, conocida como paguilla, no volverá a ser necesaria.

Fuentes de financiación

El acuerdo subraya el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros) y cuyo proceso se culminará en 2023.

Jubilación anticipada

La reforma hará que los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión. En la jubilación anticipada voluntaria se aumentan los coeficientes de los meses 24 y 23 de anticipo. A cambio se mejoran los de los meses 22 en adelante. De modo que si retrasas la jubilación dos meses, te jubilas con una pensión más alta que la que hubieses tenido con las reglas anteriores. La reforma de pensiones prohíbe establecer cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la misma.

La reforma contempla cambios en los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria, de forma que para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes), y para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

Por su parte, el coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes. También podrán acceder aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

Jubilación demorada

Ofrece hasta tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% que se suma a la cuantía mensual de la prestación o una cantidad a tanto alzado (pago único) que oscilará entre 4.786 euros y 12.060 euros. O una combinación de ambas opciones para los trabajadores que quieran dividir el incentivo.