Las exenciones de IRPF al ahorro ya cuestan casi 2.000 millones al Estado
En 2020, el coste en términos de ingresos para las arcas públicas creció un 16% respecto a la merma de recaudación habitual debido al incremento del volumen de ahorro y las mayores aportaciones, sumado a que fue el úlitmo año con exenciones limitadas en los 8.000 euros
El mayor volumen de ahorros generados por la irrupción de la pandemia el pasado año y el hecho de que 2020 haya sido el último ejercicio en el que los ahorradores con planes de pensiones privados pudieron desgravar en la declaración de IRPF aportaciones hasta los 8.000 euros anuales –ya este año se reduce este límite en un 75% hasta los 2.000 euros– provocó un fuerte repunte en el coste asumido por el Estado para este beneficio fiscal. Concretamente, el pasado año, el Estado dejó de ingresar casi 2.000 millones de euros debido a esta exención, lo que supone un 16% más que en los años anteriores, donde el Presupuesto General recoge que el coste previsto para esta partida ha rondado en los 1.643 millones de euros –datos concretos de 2016 para el Spend Review de AIReF sobre este incentivo fiscal–.
Entre algunas de conclusiones que arroja el dato del incremento del coste de exenciones de IRPF está que los ahorradores con planes de pensiones privados sí que han podido seguir ahorrando durante la crisis, e incluso ha aumentado su patrimonio depositado en estos instrumentos financieros. Según datos de Inverco para el cierre del pasado ejercicio, el número de personas con plan de pensiones individual se situó en 7.527.819, lo que supone un ligero incremento respecto a los 7.519.285 registrados al final de 2019, un 0,11% más concretamente. Es decir, a pesar del impacto de la crisis los titulares de estos planes de ahorro han continuado sus aportaciones periódicas. Así, estas mismas cifras arrojan un aumento del patrimonio gestionado durante el pasado del 2,71% pasando de los 79.850 millones de euros en cartera a contar a cierre del pasado ejercicio con depósitos por valor de 82.014 millones.
Hasta este punto parece lógico que el mayor volumen de ahorro acumulado en un año en el que el consumo se ha visto limitado haya provocado tanto el incremento de aportaciones como el coste de las exenciones a estas mismas en la declaración anual del IRPF, que según estimaciones de los técnicos de Hacienda consultados por elEconomista Pensiones, en base a la metodología de cálculo de AIReF en su estudio, cifran esa merma de ingresos en los 1.911 millones de euros.
Sin embargo, señalan los técnicos de Hacienda a cerca de este fenómeno, que con la actual configuración del esquema de incentivos fiscales al ahorro, el que está vigente este año tras la aprobación y entrada en vigor de los Presupuestos Generales de 2021 este coste en forma de IRPF no ingresado se verá reducido como consecuencia de la rebaja del límite exento de aportaciones hasta los 2.000 euros, lo que podría limitar el volumen de depósitos para este año. Si bien, según las últimas cifras de Inverco, el patrimonio de planes de pensiones individuales aumentó en junio en 1.038 millones de euros, situándose en 86.241 millones de euros, un 12,7% más en términos interanuales.
En este punto, más allá, la reducción que se pueda dar en este coste del incentivo fiscal en el corto plazo por la vía del sistema individual, se debería terminar compensando en el medio plazo por la exención prevista para las aportaciones de los trabajadores a los planes colectivos de empresa. Cabe recordar que el Ejecutivo lo que está planteando como parte de la reforma de pensiones y apoyado en la recomendación dieciséis del Pacto de Toledo es un desplazamiento de los incentivos actuales al ahorro individual hacia el ahorro colectivo, el de los planes de empresa, y no una eliminación de los mismos. Por ello, en el medio plazo, un mayor uso de los instrumentos de ahorro por parte de los trabajadores haría que el coste de esta exención se volviera a incrementar.
Precisamente, este es uno de los puntos que sí contempla el Ejecutivo con el despliegue del denominado como fondo público de pensiones, que será de gestión privada. En su proyección, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que el Gobierno se ha marcado como objetivo que la mitad de los trabajadores, es decir, unos 9,5 millones de afiliados, tenga un plan de pensiones de empresa. En la actualidad, según Escrivá, solo llega a uno de cada seis ocupados, frente a la cobertura del 50% registrada en economías del entorno como Francia, Alemania o Bélgica. Concretamente, el Ejecutivo plantea la medida como una potente vía de ahorro principalmente entre los funcionarios, los autónomos y ciertos sectores de pymes y medianas empresas.