La equidad intergeneracional y la jubilación del ‘baby boom’: primera piedra de toque

Si la reforma del sistema público de pensiones se comparara -y no faltan motivos por la importancia para el devenir económico de España en las próximas décadas- con una final deportiva, por ejemplo de fútbol, se podría decir que el acuerdo sobre el primer paquete de medidas que modificarán la actual ley de Seguridad Social apenas se corresponden con esa primera media hora de juego: respeto, tanteo y análisis del rival. Trasladado al plano de la negociación, estas medidas son solo el principio de lo verdaderamente sustancial de la reforma que el Gobierno ha comprometido con Bruselas, y que se negociará en la segunda fase de la reforma durante el próximo año.

Pero como ocurre en toda final de alto nivel, llega el punto en que el partido se abre, con los equipos en busca de la victoria sin concesiones. Pues bien, sin ser la recta final del partido ni de la negociación, el Gobierno y los agentes sociales se acercan a un primer envite que marcará, con casi toda probabilidad, las posturas de empresarios y sindicatos para las futuras conversaciones sobre los aspectos más espinosos de la reforma: los que puede implicar variaciones en las cuantías de las prestaciones y que se han postergado para el próximo 2022. Se trata de la negociación a la que se han emplazado los miembros de la mesa de diálogo para las próximas semanas de cara a la negociación del nuevo factor de equidad intergeneracional.

Concretamente, se trata de la primera piedra de toque de la reforma: ver cómo se afronta y se financia el aumento del gasto en pensiones previsto con las jubilaciones de la generación del baby boom. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha deslizado en declaraciones por donde van los tiros de la medida. Y es que la postura del Ejecutivo es que el tensionamiento del las finanzas del Sistema motivadas por este éxodo laboral, a lo que se suma que será la cohorte con más esperanza de vida de la democracia, en las próximas décadas no sea soportado enteramente por la actual generación de trabajadores, que es más pequeña y que cuenta con menores remuneraciones, lo que complicaría la cobertura en un sistema de reparto. Así, sugirió Escrivá antes de la matizaciones pertinentes tras la escandalera mediática, que estos trabajadores deberán elegir entre una mínima reducción de la cuantía o trabajar más tiempo de modo que el coste se reparta y también sea soportado por los boomers.

Sin embargo, la contestación ha sido unánime por parte de empresarios y sindicatos. Por lo que parece que el campo de juego de este punto de la primera pata de la reforma, que se pretende incluir como una enmienda a la ley, será el más hostil hasta el momento explorado. Y pondrá a prueba la fortaleza del diálogo social en el momento en que se negocien elementos que pueden suponer con su entrada en vigor mermas de la pensión inicial a futuro.