José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía: “Estamos abocados a que la edad de jubilación vaya ligada a la esperanza de vida, que seguirá aumentando”

El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, repasa con elEconomista Pensiones las claves del primer acuerdo sobre la reforma del Sistema después de una década.

¿Las medidas acordadas en el primer paquete de la reforma de pensiones coinciden con las demandas que llegan desde la UE?

Este paquete de medidas se encuentra recogido en el componente 30 del Plan de Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas. Las medidas incluidas están dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero las medidas aprobadas de momento van más en la línea de la suficiencia que de la sostenibilidad como la vinculación de las pensiones al IPC, y sí hay una que va en la línea de la sostenibilidad, pero a corto plazo: la de traspasar los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales. Las medidas no están pensadas a largo plazo y la comunidad económica estará a la expectativa. Más aún teniendo en cuenta que dos medidas enfocadas a la sostenibilidad se han derogado, como son el IRP y el factor de sostenibilidad.

¿Será la segunda parte de la reforma la que deba responder a la exigencia de equilibrio presupuestario?

Claro. En esa segunda pata de la reforma quedarían unas ocho medidas medidas que abordar y otras cuatro o cinco quedarían para su desarrollo en los próximos años. Para el foro de expertos del Instituto Santalucía la reforma no recoge el mayor problema y es que todas las pensiones entran con déficit en el Sistema. Esto también lo recoge la AIReF que en su último informe sobre deuda pública señala que hay dos factores de riesgo muy importantes: que suban los tipos de interés por un lado, y el aumento de tensiones demográficas, por otro lado. Quedan puntos peliagudos que negociar como el factor de sostenibilidad o la adecuación de las carreras laborales para el cálculo de la pensión. Pero aún así, estas medidas no resuelven los problemas estructurales a largo plazo. Hay dos visiones diferenciadas: el Gobierno dice que no hay que ser alarmista y que esta situación se resolverá en dos o tres años y que habrá un poco de problema con el baby boom; y están los académicos e instituciones que apuntan a un problema estructural que se debe resolver con medidas estructurales.

¿Usted cree que es viable con las perspectivas económicas y demográficas soportar una tasa de sustitución de casi el 80% en la pensión?

Contamos con una de las tasas de sustitución más altas de Europa. Sí es cierto que hay países de la UE que tienen un gasto en pensiones mayor que España, pero es verdad también que el baby boom fue anterior por lo que tienen un mayor volumen de población jubilada. Hacen falta medidas estructurales y estas deben ir en la línea de reducir la tasa de sustitución. Eso no quiere decir que se vaya a cobrar menos pensión, hay medidas adicionales a tener en cuenta como el aumento de la edad de jubilación. Pero hace falta reducir la tasa de sustitución para lograr equilibrar el déficit. Y habrá que buscar soluciones para que la pensión no baje. Pero las actuales medidas no van en la línea de rebajar esta tasa de sustitución como ligar la subida al IPC o elevar la edad real de jubilación que tampoco reduce la tasa de sustitución. Las medidas de la segunda parte de la reforma pueden reducir la tasa de sustitución de la pensión. Ahí nos vamos a encontrar con mensajes políticos a cerca de estas medidas que van a tener mucha oposición.

¿Hay alternativa a vincular las pensiones al IPC y que conserve el poder adquisitivo?

Aquí un consenso generalizado: el jubilado no puede perder poder adquisitivo porque no tiene margen de reacción. Hay otros modelos ligados a la productividad o los salarios. Esta medida es la que menos oposición ha tenido. La cuestión es que se dice que el IRP no valía pero sí servía. Porque hacía un cálculo sobre cuales iban a ser los ingresos y gastos del sistema, y si había déficit reducir el incremento de la prestación. El problema de la vinculación al IPC es que no se han buscado los ingresos adicionales necesarios para financiarla, pese a que sirve para garantizar el poder adquisitivo.

¿Es necesario el factor de equidad intergeneracional para contener el alza del gasto por la jubilación del ‘baby boom’?

El ministro Escrivá apunta a un problema específico, acotado, por la jubilación de los baby boomers, y que no deben ser los hijos de estos quienes carguen con esta problemática. El problema no es de esta cohorte de población, es genérico, porque cada vez vivimos más años. La tasa de reemplazo también se va a reducir y habrá menos personas trabajando por cada pensionista. Hay que resolver el problema global y el factor de equidad intergeneracional solo resuelve una parte del problema demográfico. Uno de los elementos clave para corregir esto es el incremento de la edad de jubilación, la otra vía es cobrar menos pensión. El ministro Escrivá tiene una piedra de toque en esa negociación antes del mes de noviembre. Va a ser un tema bastante peliagudo.

¿Cree entonces que habrá subida de la edad de jubilación en el medio plazo?

Sí, creo que estamos abocados a que la edad de jubilación vaya ligada a la esperanza de vida, porque va a seguir aumentando. Y esta es una de las medidas más potentes para logar el equilibrio y eliminar el déficit.

¿Necesita España entonces algún tipo de incentivo a la natalidad?

Sí, claramente necesitamos incrementar nuestra natalidad. En el medio plazo los baby boomers se van a jubilar pero el número de trabajadores se va a reducir. Y eso abre una tercera derivada: el aprovechamiento del talento senior. En los informes del Gobierno, como se recoge en el Plan 2050, sí que se reconoce la necesidad de ir en la línea de los países más avanzados en cuanto a políticas de natalidad y eso significa más gasto y más inversión.

¿Qué medidas sería posible llevar a cabo para aumentar la natalidad?

El aumento de la natalidad no solo va en línea del sostenimiento de las pensiones, que ayudará. Sino que va en línea de la mejora de la economía en general. Hay estudios sobre las cargas y problemas que le estamos dejando a los jóvenes (como la deuda pública) y con todos los problemas de inestabilidad laboral se está produciendo que haya una baja natalidad. Pero además hay un gap entre el número de hijos que se quiere tener y el que realmente se tiene que está aumentado cada vez más. Eso significa que no es que los jóvenes no quieran tener hijos, sino que no se dan las condiciones. Hay que mejorar el entorno labora y el del acceso a la vivienda.

¿Cómo valoran entonces las medidas para aumentar la edad real de jubilación?

Uno de los elementos más potentes para que haya equidad y mejore la sostenibilidad del sistema es que la edad de jubilación aumente. Hacer más difícil la jubilación anticipada va a ayudar a que se acerque la edad real a la edad legal. Pero las medidas que se han tomado no cuentan con grandes diferencias: se penaliza más en los primeros meses pero si se retrasa hay casos en los que incluso se reduce el coeficiente. Sobre todo va a afectar a las bases máximas por el cambio de aplicar la reducción directamente sobre la pensión y no sobre la base reguladora. El Gobierno calcula que el 33% de las jubilaciones anticipadas provienen de las pensiones máximas. Podríamos pensar en esta línea de fomentar el talento senior en un tipo de contrato para los jubilados que sea mucho más flexible y adaptable. En unos años nos va a faltar mano de obra y nos va a tocar pensar como recuperar ese talento senior para el mercado laboral. España es uno de los países de la OCDE con menor tasa de ocupados a partir de los 65 años. El talento senior no le va a quitar el trabajo a la gente joven.

¿Cree en este caso que la reforma laboral debe dar alguna respuesta para elevar la empleabilidad de los más mayores?

Sí. El concepto es que si quiero seguir trabajando, que no haga falta que sea full time que sea más flexible en cuanto a las cargas laborales. Eso nos va ayudar a la carga de pensiones, pero también en el medio plazo puede ayudar a mantener la estructura económica porque va a faltar mano de obra.

¿Son todos los gastos que se prevé traspasar al Presupuesto General realmente impropios de la Seguridad Social?

Ya se han pasado unas cantidades importantes en los Presupuestos de 2021 y se espera seguir el año que viene y acabar con el déficit en tres años. Parte sí que son gastos impropios, porque cuestiones como las políticas activas de empleo no deberían estar ahí, pero hay otros como los de la propia gestión y administración de las Seguridad Social que desde el Instituto no vemos que sean impropios. Lo que no tiene sentido en este caso es apropiarse de los ingresos impropios, como este año donde un 2% de las cotizaciones por desempleo se han contado como ingresos.

¿Puede ser el destope de cotizaciones una solución para los ingresos entonces?

Actualmente, la diferencia entre la base de cotización máxima y la pensión máxima es aproximadamente del 30%. Es decir, ya se está cotizando más de lo que se va a recibir. El ministro ha confirmado que se elevarán progresivamente las bases de cotización pero también ha señalado que se aumentará la pensión máxima. En ese caso, ganaremos ingresos en el corto plazo pero que compensarán con más gasto en el medio plazo: estaríamos adelantando un dinero que luego habrá que pagar. Si no fuera así, estaríamos ante una reforma silenciosa del Sistema porque elevas la contribución pero mantienes la pensión, por lo que te diriges hacia un modelo más asistencial.

¿Cómo valoráis la aprobación del fondo público de pensiones para el negocio del sector asegurador?

Todo lo que sea potencia el segundo y el tercer pilar de la jubilación es bueno. Creemos que para tener un sistema fuerte de pensiones necesitamos los tres pilares y ahora solo hay uno en España muy fuerte y otros dos infradesarrollados. Actualmente hay 2 millones de trabajadores con plan de pensiones con una ley de hace 34 años, por lo que se ha fracasado. Ahora quieren llegar a 13 millones de trabajadores. El principal problema viene por la vía económica. En el resto de países la menor carga de costes sobre el trabajo ha permitido introducir estos costes de ahorro para la jubilación. El problema en España es que las cotizaciones ya son muy altas y la tasa de sustitución de la pensión también. Desde el sector pedimos que las mismas condiciones que tenga este fondo público las tengamos el resto de compañías para poder competir. Al final, la competencia es sana en este sentido.

¿Cómo está afectando este año las medidas sobre incentivos fiscales aprobadas en el Presupuesto de este año?

Las aportaciones individuales están disminuyendo. Y tampoco están aumentando las aportaciones empresariales. Es importante fortalecer los tres pilares. En el Instituto pedimos un paraguas fiscal, no más ventajas para los planes individuales. Y todos los instrumentos que tengan una finalidad de ahorro a largo plazo, enfocado en la jubilación, que cuenten con las mismas ventajas a las que tiene la Seguridad Social o los planes de empleo. Limitar ahora el ahorro no tiene mucho sentido justo cuando más se ha generado por la pandemia.