Escrivá elevará incentivos fiscales a planes de empresa a partir de 2022

Con la negociación de los próximos Presupuestos Generales de 2022 ya sobre la mesa del Gobierno de coalición, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Economía parece que abordarán decididamente una nueva revisión del esquema de incentivos fiscales a los ahorros privados actualmente vigente en nuestro país. Concretamente, según confirman fuentes oficiales a elEconomista Pensiones el Ejecutivo planteará en los Presupuestos Generales de 2022 un nuevo alza de incentivos fiscales a los planes de pensiones colectivos de empleo y continuará así con el desplazamiento de las desgravaciones existentes para las aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual. Aunque no se conocen los detalles y sobre qué elementos de la fiscalidad se retocarán, estas fuentes apuntan a un posible alza del límite de aportaciones a planes de pensiones de empresa, actualmente situado en 10.000 euros anuales.

Sin embargo, parece claro que el Ejecutivo, con el objetivo de abonar un marco fiscal atractivo para el lanzamiento del fondo público de pensiones en la segunda mitad del próximo 2022, revisará y mejorará la fiscalidad de estos planes colectivos, si bien estas fuentes no confirman que a la medida le acompañe un nuevo rejonazo a la desgravación correspondiente a los planes del sistema individual, tal y como ya ocurrió con la aprobación de las Cuentas vigentes en el presente ejercicio.

Concretamente, de cara a este año, el Gobierno llevó a cabo el recorte de los incentivos fiscales a las aportaciones a planes privados de pensiones de un 75%, pasando de un máximo exento de 8.000 euros al año a 2.000 euros anuales, mientras que se aumentó la desgravación para planes de empresa hasta los 10.000 euros anuales, un 20% más. Todo ello, como parte de una estrategia para impulsar la industria de estos últimos instrumentos de previsión complementaria para la jubilación en el seno de las compañías y que serviría para elevar el nivel de ahorro privado para sumar a la pensión pública en el momento de la jubilación.

“Es necesario reformular estos incentivos”, recalcaba la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, durante la presentación de Spending Review 2019/2020 sobre beneficios fiscales de las Administraciones. “El beneficio supone una pérdida de recaudación de 1.643 millones de euros y de los que se benefician 2,5 millones de declarantes, lo que supone un 13% del total”, apunta el informe asegurando que se trata de un beneficio fiscal “regresivo” ya que se concentra en la parte alta de la distribución de renta de la Agencia Tributaria. Así, el beneficio se concentra en las rentas altas debido a su mayor tenencia de activos financieros y su mayor capacidad de ahorro a largo plazo. El 37% de los beneficiarios está en el último decil de renta y acumulan el 67% del coste recaudatorio, con 1.101 millones de euros.

Sobre este aspecto, el Gobierno deberá negociar en el seno de la coalición la intensidad con la que se abordan los cambios en la fiscalidad en el próximo Presupuesto. Cabe recordar, no en vano, que los titulares de las carteras del ramo cuentan con el respaldo de los partidos en la comisión del Pacto de Toledo para abordar esta medida de reducir los incentivos de los planes individuales para llevarlos a las aportaciones a planes colectivos.

Así con todo, la estrechez de los plazos para comenzar la negociación presupuestaria hace que las bases fundamentales de lo que será el próximo esquema de incentivos esté ya avanzado en el seno de los ministerios implicados. Y más allá, se trata de un punto que no debería generar disensiones en la búsqueda de los acuerdos para sacar adelante las Cuentas del próximo año, toda vez que también los partidos que sustentan la coalición votaron a favor de esta línea de actuación en las recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente en la decimosexta, donde se reclama el impulso de sistemas de ahorro complementario en el ámbito de empresa.