La heterogeneidad de los autónomos, un hándicap para la reforma

A pesar de que nuestros políticos suelen negar que nuestro sistema de pensiones tenga problemas, lo cierto es que sí los tiene. Nos vienen avisando desde Bruselas de que es necesaria una reforma para la sostenibilidad presente y futura de nuestro sistema de protección social, uno de los más generosos de Europa si se analiza desde el punto de vista de la tasa de sustitución, la diferencia entre el salario en activo y la pensión cobrada por la jubilación. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está pergeñando una serie de reformas para conseguir la anhelada sostenibilidad presente. Ya se van conociendo las líneas generales de los planes del ministro, especialmente para el Régimen General de la Seguridad Social, que brinda cobertura a los trabajadores dependientes al alcanzar su jubilación. Son unas actuaciones que se consensúan con el Pacto de Toledo para su estudio y aprobación y con los agentes sociales, para posteriormente llevarlas a la Comisión Europea en orden a que dé su visto bueno. De esta forma, comenzarán a llegar los fondos de la Unión Europea para relanzar nuestra economía.

Como en toda reforma, hay polémica sobre las medidas que el Gobierno va anunciando y que están en estudio. Sin embargo, donde parece que hay mayor dificultad es en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, los autónomos. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, EPA, del cuarto trimestre del ejercicio anterior, la población activa se cifraba en algo más de 39,6 millones de personas, siendo la tasa de paro del 16,54%. En la misma encuesta, el INE cifra el número de autónomos en una cifra ligeramente superior a los 3 millones de trabajadores. Como puede apreciarse, el volumen de autónomos no es nada desdeñable ni marginal, supone casi un 8% de la población activa y un 16% de la población ocupada.

Los autónomos cotizan a la Seguridad Social a través de un régimen especial, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Bajo este régimen se incorporaron en 2008 los trabajadores agrarios por cuenta propia. En la actualidad, la ratio de contribuyentes al Reta frente a los pensionistas de este régimen se sitúa alrededor de 1,6 contribuyentes por pensionista. A todas luces, así lo dice la anterior ratio, este régimen presenta una debilidad aún mayor que el general.

Las medidas que se vienen anunciando centran la reforma sobre dos pilares. El primero, ampliar previsiblemente a 35 años el periodo para calcular la base reguladora, es decir, prácticamente toda la vida laboral. Hay que tener presente que esta modificación va a dañar mucho al colectivo, puesto que al inicio de su actividad lo normal es que coticen por la base mínima. No es un capricho ni una racanería por su parte: al principio todo son dificultades, gastos, baja facturación; por tanto, y frente a lo que se dice, los autónomos se ven obligados a cotizar por la mínima. Por otra parte, la opción por la base mínima ha tenido que ser elegida por muchos miembros del colectivo a causa de las dos crisis consecutivas que han sufrido sus negocios, la del estallido de la burbuja del crédito y la derivada de la actual pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, ante la caída de la facturación e incluso la paralización de su actividad en algunos sectores. El de los autónomos es un colectivo muy heterogéneo, donde además la precariedad y la inseguridad es mayor que en otros. Un ejemplo de la heterogeneidad, aludida anteriormente, es que hay autónomos con trabajadores y sin ellos. En muchas ocasiones, cuando se habla de autónomos en general se obvia la diferente casuística de sus problemáticas.

Además, la vida laboral de un autónomo es mucho más larga que la de los asalariados, y cualquier política activa para incentivar que el autónomo siga trabajando debería contemplarse muy detenidamente en los planes de reforma del Reta, especialmente si tienen trabajadores a su cargo y/o su negocio goza de un determinado grado de viabilidad o rentabilidad. Se ha llegado a un punto donde al autónomo que quiere cobrar su pensión íntegramente y continuar con el desempeño de su trabajo se le exige contratar al menos un trabajador. Está claro que sí el autónomo no tiene ya contratada a una persona es por no necesitarla o no ser viable su contratación. Está fue una reforma realizada en el 2018 y que va en contra de los derechos de los autónomos y el principio de viabilidad de los negocios, concepto este último que tanto se maneja en la pandemia.

El otro pilar de la reforma parece centrarse en la intención de que la base imponible de cotización esté en paralelo con los ingresos reales percibidos por los autónomos. Nuevo elemento de indefinición, ya que para una parte de los autónomos sus ingresos son altamente irregulares en el tiempo. Hay trabajadores por cuenta propia que viven de los ingresos de tres o seis meses, el resto les da para pagar a la Seguridad Social y malvivir: ¿se está teniendo en cuenta esta situación? La mayor parte de autónomos no son profesionales liberales de altos ingresos, sino pequeños negocios con bajos rendimientos que permiten ir sacando su vida y la de su familia con mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas horas de trabajo. ¿Dónde están las vacaciones de los autónomos, los días libres, los puentes?

Por otra parte, la mayor parte de autónomos consigue elevar su facturación, de la que dependen sus ingresos reales, a partir de una cierta edad. Eso, en un entorno de ingresos tremendamente irregulares y muy inciertos. ¿Qué ocurriría si esta norma se lleva a cabo con un autónomo que se ha visto vapuleado por la pandemia en su explotación?

Así pues, es de sentido común que el Reta, como todo el sistema de pensiones, se modifique, pero teniendo en cuenta la diversidad, heterogeneidad y brechas de desigualdad entre estos trabajadores.