El Pacto de Toledo pide cuentas a Escrivá por la reforma

El Pacto de Toledo pedirá al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que comparezca en la Comisión parlamentaria para dar cuenta de los avances de su Gabinete en materia de reforma de pensiones, que actualmente se encuentra en negociación con los agentes sociales en la mesa de diálogo social.

Tal y como ha podido saber elEconomista los partidos están ultimando la petición de comparecencia del ministro una vez celebradas las elecciones catalanas el pasado 14 de febrero. La intención de los partidos políticos es que el ministro haga llegar a las formaciones las líneas sobre las que está trabajando actualmente, tras alcanzarse en octubre del pasado año un acuerdo histórico en el seno del Pacto de Toledo después de nueve años.

Más allá, esta rendición de cuentas aparece en un momento crucial, cuando las medidas que el marco general del Pacto de Toledo se están llevando a la concreción con los agentes sociales, como la fórmula para la revalorización de las pensiones, el endurecimiento de los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada o el nuevo complemento de maternidad para la pensión aprobado la pasada semana. Además, la rendición de cuentas de Escrivá que se espera para la segunda mitad de este mes coincide también con la intervención de Bruselas en escena, que ya ha recibido las líneas generales de las medidas que pretende implantar el Ejecutivo en esta reforma.

De hecho, este punto ha sido fuente de conflicto en las últimas semanas después de que se filtrase como el Ministerio de Seguridad Social había remitido a Bruselas un documento en el que proponía elevar de 25 años a 35 años cotizados el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión que implicaba recortes medios en la primera paga del 6,3%. Un extremo que desmintió el ministro en la comparecencia extraordinaria de hace dos semanas en la Comisión de Seguridad Social a petición expresa de la oposición para explicar dicha polémica. En este punto, cabe señalar que fuentes de la negociación en curso en el diálogo social han confirmado a elEconomista que esta medida, la de elevar el periodo de cálculo en diez años no se ha puesto encima de la mesa por parte del Gobierno.

Sin embargo, al margen de las dudas que pueda despejar el ministro en la comparecencia que están armando los partidos para después del 14-F, la labor fiscalizadora de la Comisión aparece recogida como una de las recomendaciones para la reforma.

“En materia de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Pacto de Toledo la Comisión es consciente de que las proyecciones a largo plazo tienen un elevado margen de incertidumbre, por lo que resulta indispensable una colaboración fluida y continuada con diferentes instituciones públicas, como es el caso de las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre otras” apunta el texto así como la “asistencia a la Comisión del Pacto de Toledo cuando ésta lo precise para el desempeño de sus tareas de seguimiento, evaluación y reforma, dadas las connotaciones inequívocamente financieras que dichas tareas tienen”. Además, resulta necesario “intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Dada la continuidad inherente a las tareas de seguimiento, se valora positivamente que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tenga naturaleza de comisión permanente”.

Tampoco debe olvidarse que -sin perjuicio del protagonismo que ha correspondido al Congreso de los Diputados tanto en su redacción inicial, como en sus sucesivas reformas- el Pacto de Toledo es, también, un pacto de contenido eminentemente laboral en el que, por lógica, deben participar los interlocutores sociales. “De hecho, así ha ocurrido siempre durante sus más de 25 años de vida”, apunta el texto considerando indispensable que, tras su aprobación por la cámara, la Presidencia del Congreso de los Diputados traslade formalmente estas recomendaciones a las organizaciones sindicales y empresariales que actúan como interlocutores sociales.

Cabe recordar que este es el punto preciso en el que se encuentra la reforma de pensiones con las reuniones periódicas entre el Gobierno y los agentes sociales, y donde ya se ha alcanzado un acuerdo para reformar el complemento de maternidad de las pensiones de 400 euros por hijo, mientras que el acuerdo para vincular la revalorización de las pensiones con el IPC está a punto de cerrarse, con una nueva fórmula que garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, pero que no conllevará incrementos de este poder de compra ya que compensará los años de inflación negativa con los años de desvío al alza en el IPC.

“Por último, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello”, apuntan los partidos recordando que la Comisión sigue considerando que la importancia social y económica y la complejidad jurídica de la Seguridad Social aconsejan que ésta siga siendo objeto de un tratamiento presupuestario propio, mediante una sección diferenciada en la ley de presupuestos generales del Estado, así como que se siga acomodando su tramitación presupuestaria a esa diferenciación, mediante un debate parlamentario específico de dicha sección.