Urge una política de natalidad para garantizar las pensiones..., ¡y todo el Estado de Bienestar!
Garantizar el bienestar de los más mayores es un reto social sin precedentes para las sociedades desarrolladas. Más allá de los esfuerzos financieros y presupuestarios que deben abordar los países para pagar las pensiones y asegurar la actualización de las mismas para sostener el poder adquisitivo de quienes abandonan el mercado laboral, están los esfuerzos que pasan por articular una estructura de cuidados asistenciales que también palie los efectos del envejecimiento y la dependencia en las edades más avanzadas.
La sola evolución de la demografía pone de frente esta problema económico sin escudriñar el origen: pensiones que se tendrán que pagar durante más tiempo por el aumento de la esperanza de vida y que, además, serán de mayor cuantía al estar asociadas a carreras de cotización más estables y mejor remuneradas. Sobre todo en el caso de la próxima cohorte de población en acceder a la jubilación: los conocidos como baby boomers. Sin embargo, si se observan todas las aristas que comporta el fenómeno se advierte un problema de mayor envergadura y de más difícil solución: el reemplazo poblacional.
Para sostener las pensiones en España, pero también todo el andamiaje con el que cuenta nuestro Estado de Bienestar, es necesario mantener las bases de contribuyentes, y ampliarlas si cabe, con el objetivo de poder ensanchar en la misma medida ciertos aspectos de la política social. Este es el punto en el que la natalidad se revela como uno de los puntos más débiles de la mayoría de las sociedades desarrolladas. De este modo, más allá de los cambios de estructura social que apuntalan esta caída de nacimientos, parece evidente que las cifras, insostenibles, precisan de una actuación de las administraciones para dar solución a este fenómeno. Que por un lado amenaza la capacidad recaudadora de los Estados, ante el menor volumen de nacimientos todos los estudios descuentan una caída de la población ocupada en las próximas décadas (fuente principal de los ingresos tributarios del Gobierno) y, por lo tanto, pone en entredicho la capacidad de estos Gobiernos para hacer frente a los costes asociados al envejecimiento.
En este sentido, la política de natalidad se advierte como el único elemento incentivador para tener hijos en una sociedad que cada vez traba más la conciliación familiar. Por ello, algunas de las opciones que se barajan desde los foros de expertos en la materia es un esquema de incentivos fiscales, de modo que, por ejemplo, aplique desgravaciones en el IPRF o las cotizaciones sociales a los trabajadores en función del número de hijos que tengan. Del mismo modo, la inmigración debe jugar un papel crucial para el relevo generacional. Si bien en este punto los expertos recuerdan que aquellos inmigrantes que lleguen y contribuyan a las arcas del Estado, también generarán derechos de pensión y de servicios sociales por lo que no es la única vía explorable para el reto demográfico.