Los autónomos suman 15.000 millones en planes de pensiones
El nuevo cálculo de la base reguladora con 35 años cotizados se ‘comerá’ el 60% del alza de pensión del autónomo desde 2011 y supondrá reducciones de la paga inicial de hasta el 10%.
La modificación que propone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la creación de un macro plan de pensiones de promoción pública, permitirá que los autónomos puedan contratar un plan de pensiones vinculado al empleo obteniendo mayores ventajas. Según los datos que manejan las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, el colectivo acumula en estos instrumentos de previsión social unos 15.000 millones de euros. Eduardo Abad, presidente de UPTA, asegura que “en ningún caso, este nuevo plan debe mermar el sistema actual de pensiones. Y debe estar garantizado por el Estado y con un sistema de gobernanza que permita la máxima transparencia”.
El nuevo modelo presentado por el Gobierno fomenta la complementación de las pensiones y el control se desarrollará a través de un sistema de gobernanza en el que estarán presentes los agentes sociales y el Gobierno. Los nuevos planes de pensiones para autónomos también podrán promoverse por diversas partes implicadas -colegios profesionales u organizaciones de autónomos-, y además, su gestión será garantizada por los fondos de pensiones de promoción pública.
Otra de las principales ventajas para los trabajadores por cuenta propia será la posibilidad de cambiar, sin penalización alguna, a un plan individual de pensiones por el sistema vinculado al empleo. Por otro lado, los planes de pensiones de empleo reducirán a la tercera parte las comisiones que actualmente pagan los autónomos en sus planes individuales. Con ello los trabajadores por cuenta propia, obtendrán una pensión mayor del 15% o 20% que la que les proporcionan los planes individuales.
Golpe del 60%
Sin embargo, la reforma de pensiones incluirá en su segundo paquete de medidas, que negociará durante los próximos meses el Gobierno y los agentes sociales, un incremento de los años cotizados necesarios para el cálculo de la base reguladora de la pensión. De elevarse hasta 35 años cotizados este periodo, tal y como apuntó el Ejecutivo en sus primeras comunicaciones con Bruselas sobre el plan de reformas a abordar para poder recibir los fondos de la reconstrucción, –y pese a los aspectos que mitigarán el impacto a la baja en las futuras prestaciones por la medida por la cobertura de las lagunas de cotización– los nuevos jubilados autónomos perderían de golpe el 60% de la mejora de las prestaciones experimentada por el colectivo en los últimos 10 años.
Concretamente, los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, apuntan en sus cálculos que ampliar de 25 años a 35 años cotizados supondría en las pensiones de jubilación de los autónomos un recorte del 10%. Según los datos más actuales de la Seguridad Social, de media los pensionistas correspondientes a este colectivo perciben pagas mensuales de 776 euros, de modo que la reducción al alargar los años de cotización para el cálculo situaría las nuevas prestaciones en 699 euros, al reducirse en 77,6 euros.
Si observamos los registros históricos de la Seguridad Social, la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos en el año 2011 era de media de 644 euros. Es decir, en la última década, el colectivo de trabajadores por cuenta propia, históricamente afectado por pensiones de media un 40% menores que las del régimen general, ha visto cómo la cuantía media se ha elevado en 132 euros mensuales en el transcurso de la década.
Ahora bien, uno de los compromisos adoptados con Bruselas y que deberá estar sustanciado para recibir de la Unión Europea el segundo tramo de ayuda semestral en junio de 2022 por valor de 6.000 millones de euros, será este incremento del periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión.
Una vez entrada en vigor la medida y desplegada en su totalidad, estos trabajadores perderían más de la mitad de la mejora de la prestación experimentada en los últimos diez años, un 60% concretamente a razón de esos 77,6 euros de media de rebaja.
Cabe recordar en este punto, que el impacto varía en función de los diferentes aspectos determinantes de la vida laboral. Por un lado, el incremento de años cotizados para el cálculo de la pensión supone un refuerzo de la contributividad del Sistema, ya que asume a la hora de ajustar la prestación para la jubilación más años de aportaciones a la Seguridad Social. Y por otro lado, la reducción media prevista por los expertos no sería una tabla rasa: por ejemplo, para las carreras laborales afectadas por la crisis económica de 2008, y que posteriormente se han visto expulsadas por completo del mercado laboral o se han encuadrado en empleos peor remunerados, esta ampliación sería beneficiosa al recoger más años buenos de su carrera laboral.
El problema, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, es que se da la situación de que la inmensa mayoría de ellos comienza sus años de vida laboral cotizando por el mínimo a la Seguridad Social, y es justo en los años previos a la jubilación cuando incrementan sus bases para ampliar las contribuciones que le den derecho a una mayor paga en el momento del retiro definitivo del mercado laboral. Por ello, esta ampliación hasta los 35 años cogería más periodo de cotización por la base mínima, implicando un cálculo a la baja de paga respecto a si se hubiera hecho con los últimos 25 años cotizados.
Sobre este aspecto, Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que “hay temas que son indiscutibles” y explica que “la receta contra la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones no puede consistir en trabajar más años y un recorte de éstas. Tenemos que asegurar que las desviaciones presupuestarias del gasto se puedan sostener con un mayor incremento recaudatorio. En los próximos años nuestro sistema tendrá que hacer frente a un sobreesfuerzo en el pago de pensiones, por lo que se hace necesario poner en marcha un nuevo modelo que garantice las correcciones necesarias para su continuidad”. Y afirma que “la realidad es tozuda y lo cierto es que el ritmo de pérdida de poder adquisitivo en nuestro colectivo (de trabajadores autónomos) se agranda cada vez más”.