La reforma del sistema público sí reconoce la necesidad, obligada, del ahorro complementario
La conciencia y la asimilación de que el ahorro complementario será fundamental, necesario y obtiene como consecuencia de la carrera profesional va haciendo poso, cada vez de forma más pronunciada, entre la sociedad civil. Un punto clave de este estadio de atención general a la previsión social complementaria es la reforma del sistema público de pensiones que está impulsando el Gobierno, y que previsiblemente, terminará de desplegarse en 2023.
La aprobación del fondo público de pensiones para dar un impulso al segundo pilar de ahorro para la jubilación, supone además de un punto crucial de la reforma su impacto de calado sobre el Sistema y el efecto que tiene en el medio plazo sobre las cuentas de la Seguridad Social, un mensaje claro y nítido desde las instituciones sobre la necesidad cada vez más imperiosa de atender a este deber individual de planificar la etapa posterior a la vida laboral. Y no solo llega este mensaje desde la administración pública española: la Comisión Europea vigila el despliegue de la reforma y demanda que el fondo público esté activo en la segunda mitad de 2022 como condición para efectuar las entregas de dinero correspondientes a los fondos de reconstrucción Next Generation de la UE.
Es más, valorando con perspectiva de futuro la propuesta del Gobierno para el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, se trata de una suerte de ahorro colectivo forzoso que deberá hacer la sociedad en su conjunto (la población ocupada) durante el periodo de 10 años con una subida de cotizaciones del 0,6%. Una medida que pretende ingresar en la hucha de las pensiones una cuantía cercana a los 40.000 millones de euros para mitigar los desembolsos que se realizarán en la década de 2040 a 2050, cuando mayor tensionamiento financiero soportará la Seguridad Social a razón de las jubilaciones de la cohorte del baby boom.
Es decir, es el propio Estado el que reconoce con esta medida de ahorro finalista para las pensiones la necesidad imperiosa del planificar el medio y largo plazo para poder soportar esos tensionamientos financieros que, eventualmente, pudieran llevar a situaciones de ajuste más traumáticas. De este modo, parece que esta nueva vuelta de hoja que plantea el Gobierno para el sistema público de pensiones, y que ha sido consensuada con los agentes sociales, sí pone en el centro de la reforma la necesidad de complementar con ahorro privado.
Ahora bien, desde la Administración aún deberán de realizar un esfuerzo en términos formativos y didácticos para lograr que el impulso al ahorro privado asiente en España como en el resto de países del entorno comunitario. Desde el sector asegurador y de gestión de planes de pensiones, aún demandan el envío de un informe individualizado con la previsión de pensión pública tras el retiro.