Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía: “La información del Gobierno sobre las pensiones es insuficiente y poco transparente”

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, analiza al detalle el primer paquete de medidas de la reforma de pensiones y el impacto financiero sobre el Sistema.

La primera parte de la reforma de las pensiones, ¿está alineada con las demandas de las instituciones internacionales para el sistema público?

El problema del sistema público de pensiones español es de suficiencia y de sostenibilidad. Las medidas hasta ahora impulsadas van por la vía de incrementar ingresos: con el mecanismo de equidad intergeneracional, el endurecimiento de algunas situaciones de jubilación anticipada y con la separación de fuentes de financiación. Pero por otro lado tenemos la vinculación de las pensiones al IPC que va a suponer un aumento de gasto importante, además de la derogación del factor de sostenibilidad. Son medidas que buscan objetivos enfrentados. Tendrán que complementarse con el segundo paquete de medidas. Pero creo que van a ser medidas insuficientes para resolver el problema del sistema de pensiones.

¿Se dirige el sistema a una reducción de la tasa de sustitución?

Estamos ante un sistema de pensiones muy generoso. La tasa de sustitución está en torno al 83% frente al 56% en el resto de países de la OCDE, lo que comporta un problema de sostenibilidad. La esperanza de vida está en aumento, va a haber más pensionistas y van a vivir más tiempo. Además, los salarios están bajando, lo que son malas noticias para la sostenibilidad futura de las pensiones. Debería de incidirse en conseguir que las fuentes de financiación de las futuras jubilaciones no provengan solo del sistema público, sino que se complementen con el segundo y tercer pilar de ahorro. Aunque creemos que no habrá medidas suficientes para impulsar este complemento. La pensión pública sobre el último salario debería reducirse a niveles de la media de países OCDE. Mientra que el segundo y tercer pilar de ahorro deberían aportar entorno a un 30% y un 20% de la pensión, respectivamente.

¿Cómo ve esa indexación de pensiones al IPC? ¿Se podría usar otro indicador?

Si se incrementa el gasto respunta solo habría dos soluciones para equilibrar el sistema: o se reduce el gasto o se incrementan las aportaciones, o se retrasa la edad de jubilación. El aumento de pensiones con el IPC, con una inflación preocupante, la aportación de gasto al sistema va a ser importante y va a suponer un lastre en el futuro. Como alternativa, de momento el Gobierno ya ha establecido como listón la media del conjunto del año y no el dato de noviembre como se venía haciendo. Otra posibilidad sería vincular la subida al alza de los salarios, que trataría de adecuar las pensiones al coste de la vida con un mecanismo menos agresivo.

¿Son realmente impropios los gastos de la Seguridad Social? ¿Qué impacto tiene su traslado a Presupuestos?

Nadie puede estar en contra de la extracción de gastos impropios de la Seguridad Social, que salga todo aquello que no vaya a pensiones contributivas, que es para lo que se recauda. Parece una medida razonable sacar el gasto en prestaciones no contributivas, gastos en políticas activas de empleo (como reducción de cotizaciones) y los gastos de infraestructura. El separar las fuentes sacando gastos que no tienen causa en la recaudación de cotizaciones es razonable.

¿Cree que el mecanismo de equidad intergeneracional es acertado?

El mecanismo se traduce en una subida de cotizaciones del 0,6% y se trata de una medida manifiestamente insuficiente. Resuelve un problema de corto plazo pero no va a permitir atender el incremento del gasto por la jubilación de la generación del baby boom. Es una decisión cortoplcista. Solo el incremento del gasto por la revalorización con el IPC va a ser mayor que lo recaudado con el mecanismo de equidad.

¿Impactará negativamente en el empleo?

Cualquier incremento de los costes laborales va en perjuicio del empleo. Ya la subida del 0,6% es un elemento negativo para la creación de empleo. Un incremento mayor acarrearía efectos aún más negativos.

¿Corre riesgo de quedarse vacío el fondo público de pensiones en España?

Las intenciones del Gobierno son buenas. Con un matiz, se está trasladando el incentivo del ahorro individual, que se está castigando, al ahorro colectivo para potenciar los planes de empleo. Esto no es bueno, lo ideal es que se potencien los planes de empleo manteniendo los individuales, que son muy importantes para completar la pensión en el momento de la jubilación. Pero el impulso de la previsión complementaria no se hace solo potenciando los planes de empleo, hay que generar una cultura de ahorro en los ciudadanos, que les haga ver la bondad del ahorro previsional. No vamos a conseguir que la previsión complementaria se expanda por defecto mientras que no se creen incentivos suficientes, cultura de ahorro y transparencia en la información de las pensiones públicas para mejorar la planificación financiera.

De cara a la segunda parte de la reforma, ¿cree que será posible consensuarla?

El segundo paquete de medidas de la segunda parte de la reforma va a estar también muy relacionado con cómo se lleve a cabo la reforma laboral. En la mesa de negociación de la reforma de pensiones van a estar sobre la mesa muy importantes, cuestiones de estado para las que creo que sería necesario buscar el mayor consenso político entre los agentes sociales y el mayor espectro político del parlamento.

¿Se va a conseguir?

Creo que sería absolutamente necesario que se consiguiera el consenso porque un tema coyuntural y de estado debe tener visión de futuro, de estabilidad en el medio plazo por lo menos. Está en la mesa del diálogo social y es importante que se trate. Además de los fondos de pensiones que hemos hablado, están todas las variables que han surgido con la reforma laboral. Es conveniente, esperamos que haya consenso, pero son demasiados temas importantes como para aventurar que haya consenso en todos. Creo que sí se conseguirán resolver algunos de ellos con el consenso del diálogo social, pero no lo veo tan fácil en el parlamento. Esperemos que las buenas intenciones de unos y de otros consigan que lleguen a acuerdos importantes.

Hay medidas críticas, como la ampliación del periodo de cálculo a 35 años a la que se oponen los sindicatos; otra es el destope de la base máxima, por el que los empresarios no quieren pasar.

Ha venido alguna noticia de Bruselas en el sentido de que se va a exigir la ampliación del periodo de cálculo para completar toda la vida del trabajador. A partir de ahí, veremos a ver si hay margen de maniobra para que puedan elegir los años de cotización más alta dentro de toda la vida laboral y ya veremos cuáles son los mecanismos que puede haber. Las exigencias de Bruselas y el compromiso del Gobierno era ampliar las bases de cálculo. Hubo un ‘conflicto’ hace unos meses y se llevó a Bruselas que el ministro Escrivá consideraba que en el compromiso no iba esta exigencia de ampliar el periodo de cálculo, pero por lo que he podido leer yo el compromiso está en ampliar el periodo de cálculo, al menos, por encima de los 25 años.

¿Ve un proceso lógico el destope de cotizaciones?

El destope de cotizaciones tendría que llevar, como consecuencia natural, el destope máximo de la pensión. Evidentemente, si se destoparan las bases de cotización para arriba, esto llevaría consigo que se destoparan también las pensiones máximas: es una consecuencia natural.

¿El sector público debe informar más al ciudadano sobre planificación financiera?

El sector público no es que debiera, es que hubo una norma de informar activamente sobre las pensiones, una comunicación en la que se les informara de la pensión que iban a percibir. Sería un instrumento muy importante para fomentar el ahorro: conocer que llegados a los 65-68 años uno va a percibir una pensión que quizá no es suficiente para cubrir sus necesidades mínimas. Esto fomentará el ahorro e incentivará a hacer ciertos sacrificios para tomar medidas de ahorro provisional. Finalmente, se decidió no dar esa información pese a que había una norma que así lo establecía. Lo que sí que se ha establecido es la posibilidad de acudir a la página web de la Seguridad Social, donde de alguna manera puede uno calcular cuál va a ser su futura pensión. Me parece insuficiente y poco transparente.

¿El fondo público de pensiones es competencia para el sector privado?

No es competencia en la medida de que, lo que el Estado va a promover, son fondos cuyo dinero se va a llevar a través de planes de pensiones de gestión privada. De alguna manera, en la medida que se incremente el ahorro del segundo pilar a través de los fondos públicos, esa gestión saldrá a concurso y ahí podrá acudir el sector privado. En principio no es competencia, aunque sí que es cierto que, aunque en el anteproyecto de ley no se establecen cuáles serán las comisiones máximas que podrán cobrar por la gestión, sí se menciona que la comisión de gestión debería estar en el 0,30%. Lo que hay que ver es si esa tasa de coste permite llevar a cabo una gestión activa lo suficientemente eficiente como para conseguir que el ahorro obtenga una rentabilidad suficiente.

¿Cuál es el perfil del ahorrador sénior?

Hay que diferenciar entre quienes ya están jubilados y quienes aún siguen activos en la última etapa generando los mayores ahorros. Quien está ya jubilado no es un ahorrador en sí; va a organizar su vida en función del nivel de ingresos con el que cuente y del ahorro que haya podido gestionar. Hasta la edad de jubilación, quien supera los 50 o 55 años concibe con mayor nitidez en ese momento cuáles van a ser las necesidades que van a tener en un futuro bastante próximo. Posiblemente sea el momento de la vida del trabajador en que dedica más esfuerzo de ahorro; aunque tradicionalmente se había llegado a este con mayores ingresos, con la crisis financiera y la pandemia no creo que se produzca esa situación de confort que había antes.

¿Alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación es positivo para las cuentas de la Seguridad Social?

Alargar la vida laboral desde el punto de vista de la Seguridad Social tratando de evitar las prejubilaciones es bueno tanto para el Sistema, que ingresa más por cotizaciones, como para los trabajadores, que contarán con una mejor pensión. Retrasar la edad de jubilación es uno de los instrumentos necesarios para resolver la crisis de sostenibilidad del sistema de pensiones. Para el sistema es bueno retrasar la edad de jubilación y absolutamente necesario.

¿Qué le diría a los jóvenes ante la actual reforma del Sistema?

El gran reto de la sociedad actual es ser capaz de crear en la gente joven el sentido de la responsabilidad de que llega un momento de la vida en el que se produce un cambio muy significativo, el paso a la jubilación. Hay que tener un ahorro previsional que contribuya a complementar los ingresos de la jubilación. A los jóvenes hay que decirles que la jubilación llega y son necesarios unos ahorros complementarios a la pensión; máxime a los que están empezando.