El Gobierno se da seis meses para activar el fondo público de pensiones
La medida será crucial para recibir los 6.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción ‘Next Generation’. Se trata del segundo tramo semestral de financiación y también estará condicionado a la aprobación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos.
El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley del fondo público de pensiones con el que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores de nuestro país y quintuplicar el volumen de patrimonio depositado a modo de ahorro para la jubilación de empleados. El Gobierno completa con esta medida el marco de actuación para fomentar la previsión social complementaria en España, a la cola de la UE en términos de ahorro financiero para la jubilación, tras la reducción de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes individuales de pensiones de 2.000 euros a 1.500 euros anuales, y elevar la ventaja fiscal para los planes colectivos de empleo hasta los 8.500 euros anuales.
Los planes colectivos de pensiones solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra va del 25 al 90%. “El objetivo de la norma es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes”, apunta el Gobierno en la exposición de la ley que regirá el funcionamiento del fondo.
El titular de la Seguridad Social señalaba en rueda de prensa que este anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021. Este fomento de los planes colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro.
Escrivá asegura que España vive una “situación anómala desde hace dos décadas” en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como apuntaba el ministro. Además, los planes colectivos “estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación”. “Va orientado a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos”, añade.
Esta medida, más allá, se contempla como fundamental en el seno del Ejecutivo y también en el grupo de trabajo para la materia de la Comisión Europea, ya que supondrá una revolución del ahorro privado en nuestro país. Más aún, si el Gobierno logra el objetivo de recortar hasta en un 66% el coste de las comisiones de gestión con las que cargan los ahorradores y que erosiona en el largo plazo el rendimiento y productividad del dinero depositado en los planes. Según el calendario, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del fondo en una segunda lectura definitiva del texto el próximo mes de enero, y sería votado en el Congreso de los Diputados en ese mismo mes y activado en junio del próximo año, cuando quedaría aprobado definitivamente.
“Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque se está desarrollado en otros países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para cambiar eso es a través de los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio en comisiones del 0,3% y un plan individual está en torno al 1,5%. Calculemos lo que es durante toda una vida pagar más de un punto más al año de rentabilidad durante 30 años, es decir, cambia completamente el atractivo del fondo”, apuntaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el elemento de reducción de costes como principal atractivo del instrumento de promoción pública.
Cabe recordar en este punto, que junto con la aprobación del sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, la activación de este fondo público antes de la segunda mitad del próximo año será fundamental para recibir en junio de 2022 los 6.000 millones de euros correspondientes al segundo tramo semestral de ayudas europeas procedentes del fondo de reconstrucción Next Generation.
No en vano, el nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual asestado en el Presupuesto General de 2022 llega en un momento en el que estos productos de ahorro finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos datos publicado por Inverco -es decir, el dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la nueva bajada en la cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022-.